La justicia electoral en Perú y sus entredichos

Me refiero a los pronunciamientos o, mejor dicho, a las acusaciones que se vierten en contra del Estado peruano en materia electoral y temas afines. Hablamos de dos informes: uno emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (‘Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales’); y el otro dispuesto por la organización privada Human Rights Watch (‘Deterioro letal.

Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú’), en los que se ponen en entredicho la situación actual del Jurado Electoral de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), respecto a una serie de acciones, agites, gestiones, iniciativas y otro tipo de labores que se habrían puesto en práctica o ejecutado en nuestro país en contra de dos instituciones que son claves para el correcto desempeño de la actividad electoral de nuestra nación.

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Se acusa a congresistas de la república en el rubro correspondiente a los “Nuevos riesgos para la democracia”, que, como sabemos, son funcionarios elegidos por el voto popular para ejercen el derecho a la representatividad y la fiscalización en todo sentido, de haber gestado y presentado de manera formal un proyecto de ley que busca acortar por una sola vez el mandato de presidente del JNE y otro respecto al jefe de la ONPE.

Igual se sindica al Tribunal Constitucional (expediente N.° 00003-2022-CC/TC) haber emitido un fallo en el que se exhorta al Parlamento de la República para que se reforme el artículo 99 de la Constitución Política, con la finalidad de que las altas autoridades de nuestro sistema electoral puedan ser objeto de investigación, juzgamiento y sanciones bajo la figura de la acusación constitucional.

Debilitamiento al sistema

En ese mismo sentido, se señala en el informe de la comisión que proyectos ley de esta naturaleza, en la coyuntura actual, lo que suscitan es un debilitamiento al sistema de pesos y contrapesos que existe en nuestra nación, en tanto que lo que promueven no es otra cosa que profundizar la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones públicas (electorales), poniéndose en riesgo la credibilidad del sistema electoral en su conjunto.

Al respecto, a criterio de la Comisión, las reformas que debe adoptar el Congreso deberían procurar un genuino balance de poderes por medio de la adopción de criterios objetivos y transparentes, fundamentalmente rodeando de las garantías de legitimidad y credibilidad al sistema electoral y al Poder Judicial, para que estos puedan ejercer sus mandatos y funciones con total independencia y autonomía.

Para tales fines, se señala que en nuestro medio debe imperar las condiciones necesarias que permitan un debate amplio e incluyente, para lo cual se requiere que se supere la actual crisis política y social como parte de un corolario que es fundamental, señalando que la única manera de asegurar la legitimidad de toda reforma electoral es con la recuperación de la confianza ciudadana en el órgano legislativo (numerales 53, 55, 56, 57 y 58).

Por Luis Lamas Puccio

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