La pelea entre la fiscal Marita Barreto y la procuradora Julia Príncipe
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El siguiente informe aporta al balance de la gestión del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien el próximo 20 de julio dejará el cargo, asumiendo como nuevo titular del Ministerio Público el doctor Pedro Chávarry. Siendo compleja la tarea de pasar revista a las actividades de la Fiscalía, se aborda en esta entrega un ángulo de evaluación en el tema de lavado de activos, donde han tenido particular protagonismo los fiscales Rafael Vela y Marita Barreto.

Hay una historia poco documentada que no dejaría bien parados ni al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ni a los mencionados magistrados Vela y Barreto. Corría el 2014 y la entonces procuradora pública del Ministerio del Interior (Mininter), doctora Julia Príncipe, cuestionó seriamente a la fiscal de lavado de activos Marita Barreto.

El principal motivo fue que Marita Barreto perdió una serie de pruebas lacradas del caso Orellana. Pero la preocupación de Julia Príncipe fue mayor a inicios del 2015, al solicitar por escrito, el 4 de febrero de dicho año al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que excluya de esa investigación a la referida fiscal.

¿A qué se debió ese encontronazo de dos funcionarias del Estado? Ahí están en blanco y negro las palabras de Príncipe: “Han ocurrido muchas irregularidades bajo su conducción”.

¿Y qué había pasado? Que entre esas supuestas irregularidades estaba la pérdida de siete de las 93 muestras recogidas en el allanamiento a uno de los locales de la red Orellana, el 1 de julio de 2014, las que contenían −según el Mininter− delicada documentación del despacho privado de Rodolfo Orellana y de la oficina general de la revista “Juez Justo”, incluso dinero.

En esa documentación extraviada había evidencias que la Policía rotuló con la frase: “de interés para análisis”, y por eso el reclamo de la procuradora del Ministerio del Interior. Pero todo ese paquete sería una mínima parte de lo valioso que se perdió en las narices de la Fiscalía de Lavado de Activos, por lo que la doctora Príncipe no tuvo más alternativa que presentar un oficio al fiscal de la Nación a fin de que adoptara las medidas correctivas.

Sin embargo, según nuestras fuentes, tal parece que desde las más altas esferas de la Fiscalía hubo un blindaje a la doctora Marita Barreto.

ALERTA EN PROCURADURÍA

Si ese tipo de alertas no se hubiera dado por parte de la procuraduría pública del Mininter, no se hubiera conocido la magnitud de esa irregularidad y nadie se hubiera dado cuenta de un posible robo de evidencias después de un allanamiento en julio de 2014.

Señalan algunas versiones que la Fiscalía de Lavado de Activos hubiera deseado que nada de lo ocurrido se supiera; no obstante, en realidad gran parte de lo que se conoce se debió a la alerta de una fiscal adjunta y solo así, a raíz de esa advertencia, es que recién se conoció del extravío de evidencias y pruebas.

Y también de las dudosas diligencias para esclarecer ese hecho practicadas por el fiscal Marco Guzmán Baca, entonces “coordinador de la fiscalía de lavado de activos”, quien –según las fuentes− pese a no ser competente se prestó a una “investigación” que curiosamente concluiría señalando que nadie en la Fiscalía era culpable de la pérdida de sobres conteniendo pruebas del caso Orellana.

A la luz de la ética de los funcionarios públicos, se trataría de un caso de falta de diligencia por parte de la fiscal Marita Barreto con el agravante de que, además, habría contado con el respaldo de niveles más altos del Ministerio Público.

QUEJA ANTE CONTROL INTERNO

Retiraron el pedido de prisión preventiva contra 14 imputados

La posición firme de la procuradora Julia Príncipe en su controversia con la fiscal Marita Barreto Rivera, fue más allá, al sostener que debía quejarla, como en efecto lo hizo, ante la Oficina Desconcentrada de Control Interno, acotando que también dicha fiscal retiró el pedido de prisión preventiva contra 14 imputados del caso Orellana. ¿Por qué lo hizo?

Así, mediante oficio N° 1153-2015-IN/PLAPD, del 28 de enero de 2015, Julia Príncipe, seguramente decepcionada por el desempeño de la Fiscalía de Lavado de Activos, se dirigió al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, con las palabras que siguen.

“El presente tiene por objeto reiterar lo solicitado en el oficio de la referencia (N°853-2015-IN/PLAPD) a fin de que inmediatamente se disponga la EXCLUSIÓN de la fiscal Marita Barreto del Caso N° 24-2014”.

Y en el Oficio N° 1153-2015-IN/PLAPD sostuvo que “la citada magistrada [Marita Barreto] no debe seguir dirigiendo dicha investigación debido a las irregularidades que han ocurrido bajo su conducción, como las acontecidas en la cadena de custodia de las evidencias incautadas en el inmueble ubicado en la Av. Guardia Civil 835, en San Isidro, los días 01 y 02 de julio de 2014”.

Asimismo, en el mismo oficio se puede leer “que las irregularidades ocurridas en la investigación son mucho más graves” y que “podrían tener nefastas consecuencias para el éxito de la investigación preparatoria, lo cual será de exclusiva responsabilidad de la fiscal Marita Barreto como directora de la investigación, quien ha tratado de minimizar lo sucedido (…), no obstante de que conoce plenamente cuáles son sus funciones y responsabilidades como fiscal”.

OTRAS IRREGULARIDADES

Lo delicado es que para la procuraduría del Mininter, “a estas graves irregularidades se agrega que las acciones adoptadas inicialmente (por la Fiscalía de Lavado de Activos) para investigar estos hechos también fueron irregulares”.

¿Qué pasó realmente en la Fiscalía? Según información oficial, las irregularidades tienen que ver con el hecho de que “la investigación sumaria llevada a cabo por el entonces fiscal coordinador, Marco Guzmán Baca, se hizo sin que este tenga competencia”.

Y lo peor es que en una supuesta investigación se “absolvió” de toda responsabilidad al despacho de la citada fiscal Marita Barreto. La doctora Príncipe en su oficio señala que esto se hizo a pesar de comprobarse el extravío de evidencias y a pesar de que el propio Ministerio Público señaló “no haber encontrado los bienes incautados signados como muestras N° 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20”.

Este episodio, en la historia de la Fiscalía y la procuraduría pública, termina con un párrafo lapidario contenido en el Oficio N° 1153-2015-IN/PLAPD, en el que se lee: “Señor fiscal, lamentablemente, las irregularidades expuestas en el presente fortalecen nuestra legítima desconfianza respecto de la actuación de la referida fiscal [Marita Barreto]. Su intervención de ninguna manera nos garantiza una debida investigación, por el contrario está poniendo en riesgo el éxito de la misma. Por tanto, es necesario su inmediata exclusión”.

DEMORA Y OCULTAMIENTO

Desde la procuraduría de lavado de activos del Mininter también se aseveró que la Fiscalía no se pronunció respecto de los fiscales intervinientes en la incautación, con el agravante del retardo en las medidas correctivas de la fiscal Marita Barreto, quien recién dio cuenta al órgano de control competente el día 10 de diciembre de 2014. Para entonces ya se conocía el malestar en otros funcionarios del Estado por esa pérdida de evidencias y la demora en la actuación de las diligencias de deslacrado de las evidencias a pesar de los reiterados pedidos de la procuradora Príncipe.

Se requiere liderazgo

En esta nueva etapa que viene para el Ministerio Público, los ciudadanos esperan acciones cada vez más eficientes y un liderazgo institucional con el objetivo de tener éxito en la lucha contra la corrupción.

JOSÉ BRICEÑO ABANTO