La red de Villarán, Odebrecht y OAS
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Cuando empezaba la campaña para revocar a Susana Villarán de la alcaldía de Lima, en febrero de 2013, su gestión firmó el contrato Vías Nuevas de Lima para que Odebrecht invirtiera en mejorar las carreteras, Panamericana Norte, Panamericana Sur y Ramiro Prialé. Aunque en realidad fue a cambio de dinero, como admitió la ex alcaldesa hace un año.

El entonces congresista Pedro Spadaro denunció esta irregularidad pero Augusto Rey, a la sazón asesor edil, la defendió a capa y espada. Rey ganaba S/ 7,000 mensuales a pesar de que era solo bachiller en Derecho. Luego negociaría la expropiación de tierras para otros peajes: los de Línea Amarilla de la también corrupta OAS.

Según el fiscal Carlos Puma, Villarán no solo tuvo como cómplice para este tinglado a su exgerente José Miguel Castro. Los indicios involucran a la exregidora Marisa Glave, el exfuncionario Gabriel Prado -quien se reunió con ejecutivos de Odebrecht por un asunto particular-, la exfuncionaria Paola Ugaz y la vocera del No a la revocatoria, Anel Townsend.

Glave acudía a diversos programas de televisión a defender el contrato, y admitió que ella impulsó “directamente” la ampliación de diez años para el proyecto Línea Amarilla.

Ugaz había sido contratada por el municipio limeño para diversas “asesorías”por 10 mil soles mensuales. Entre el 2013 y el 2014, habría viajado varias veces a Panamá y Colombia. Luego se perdió la documentación de los términos de referencia que fijaban su sueldo. Townsend era jefa de campaña del No. Cuando se revelaron desbalances contables, dijo que el dinero lo había manejado una asociación civil.

Glave fue denunciada porque, como presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano edil, gestionó el pago sobrevaluado de un terreno en Campoy para cumplir el contrato con OAS. El Ministerio Público aún no se pronuncia.

A mediados del año pasado, el investigador Edgardo Palomino también acudió a la Fiscalía para que se investigue a Ugaz y a Townsend, e interpuso un recurso de amparo al respecto.

En el caso de Rey, el Ministerio Público desestimó investigarlo tres veces, pero también en otras tres veces se retomó por orden de la Fiscalía Superior. Desde entonces, los peajes de Rutas de Lima pasaron de costar S/3.00 a los actuales S/5.50.

POR: ISABEL ZAMORA

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