La vacancia por incapacidad moral
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Por Luis Lamas Puccio

La vacancia de la Presidencia de la República por declaración de permanente incapacidad moral es uno de los supuestos que se encuentra contemplado en el artículo 113 de la Constitución Política del Perú de 1993 y cuyo origen se remonta a la Constitución de 1839. Se trata del rol particularmente importante y significativo que cumple la salvaguarda y protección de la moral y la ética pública, por encima de cualquier contingencia de diferente naturaleza y controversia que provenga del ejercicio de la labor presidencial.

Es la máxima expresión del ejercicio popular y el corolario final de la voluntad de un pueblo, que en las ánforas decidió por mayoría elegir a una persona en particular para que conduzca los destinos del país. No se trata de cualquier componente integrante de la democracia y de la Constitución, sino posiblemente del más importante mecanismo democrático, en tanto que sin ética, ausencia de moral pública y carencia de transparencia en el ejercicio de la labor pública, más allá de los intereses políticos que estén en juego, es materialmente imposible poder gobernar una nación en términos de prosperidad, cohesión y crecimiento homogéneo.

Es un procedimiento constitucional que contrapone a pelo un fenómeno que encierra inmoralidad, inseguridad e impudicia, que afecta no solo a las altas esferas del poder o del gobierno de turno sino a toda la sociedad en su conjunto y el mismo país, en razón a que la carencia de ética y moral para gobernar pasa a expandirse como si fuera una metástasis en toda y cada una de las esferas públicas y por ende también en las privadas.

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Resulta imperioso remontarnos solo a nuestra historia de los últimos años plagada de casos de gran corrupción por parte de políticos inescrupulosos, que aprovechándose de los beneficios y la inmunidad que les ofrecía el cargo público, hicieron de la gobernabilidad toda una gran fuente de putrefacción política y de corrupción generalizada. Así verificamos sin mayores esfuerzos, que gobierno tras gobierno anterior siempre con la anuencia y respaldo político de los partidos políticos que tenían mayoría parlamentaria, mostraron adrede una inoperatividad, componenda o indiferencia clamorosa frente a los nuevos casos de corrupción que cada nuevo presidente develaba en los inicios de su propio periodo de gobierno.

La metáfora tan conocida de: “Hoy por ti y mañana por mí”, denostaba con absoluta claridad como el mal ejercicio de la presidencia de una nación, podía pasar a convertirse en el mejor mecanismo de impunidad y protección mutua de la que disponía un primer mandatario y sus anteriores consensualmente comprometidos, todos sin mayores excepciones, con la corrupción y todo tipo de fechorías en el ejercicio del cargo. Esperanzados en el antejuicio, en el juicio de residencia, en el juicio político, o en los resultados efímeros en algunos casos provenientes de una o de varias de las comisiones investigadoras conformadas para investigar hechos anteriores, en un congreso que servía al poder de turno o de tapadera para encubrir casos de inmoralidad política, suscitaba que era materialmente imposible no solo cuestionar en términos morales y éticos a un presidente en ejercicio, sino que era menos que imposible y utópico en algún momento defenestrar en el mismo ejercicio del poder a un personaje público tan importante.

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