Lady Camones: Es muy probable que se debata informe final contra Castillo el 4 de noviembre

Alfredo Vignolo G. del V.

La congresista Lady Camones de la bancada de Alianza para el Progreso, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, sostuvo al diario “El Comercio” que “es muy probable”, que el viernes 4 de noviembre se sustente y se debata el informe final, que fue redactado en agosto por el congresista-delegado de la bancada de Acción Popular (AP) Wilson Soto y que hizo suyo el congresista de la bancada de Avanza País, Diego Bazán, el nuevo congresista-delegado del caso tras la salida del congresista Soto.

A la fecha obran en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, más de diez denuncias constitucionales contra el aún presidente Castillo.

El viernes 4 de noviembre, la denuncia constitucional por el delito de Traición a la Patria contra el presidente Pedro Castillo, ingresaría -si no hay cambios de último momento- a su etapa final en la referida subcomisión, tras un injustificado letargo o falta de voluntad política, a pesar de haber incumplido con todos los plazos estipulados en el artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, ya que la denuncia se hizo en febrero último, habiendo transcurrido nueve meses, tiempo más que prudencial.

Desconociendo la agenda que es responsabilidad de la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, dijo a El Comercio que “es muy probable” que ese día se sustente y se debata el informe final.

«El informe ya está presentado, yo solo lo sustento», señaló, por su parte el legislador Diego Bazán a El Comercio.

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Cabe precisar que el Informe Final fue presentado por el acciopopulista Soto el 8 de agosto último, en donde recomienda que se inhabilite a Castillo del ejercicio de la función pública por un periodo de un quinquenio por el delito de Traición a la Patria, además lo responsabiliza de haber violado los artículos 32, 54, 110, 118 incisos 1, 2 y 11 de la Constitución Política.

«Apreciándose que el máximo representante de la república mediante sus declaraciones demostró su intención de transgredir el mandato de la Carta Fundamental, se concluye y se recomienda: Acusar por juicio político al investigado José Pedro Castillo Terrones, en su condición de Presidente de la República, por infracción de los artículos 32, 54, 110, 118 incisos 1, 2 y 11 de la Constitución Política del Perú; y, de acuerdo al artículo 100 de la Carta Magna, proponemos que se imponga la sanción de inhabilitar por cinco años para el ejercicio de la función pública», se lee en el Informe Final.

«Se concluye y se recomienda: acusar por antejuicio político al investigado José Pedro Castillo Terrones, en su condición de presidente de la República, como presunto autor del delito de Traición a la Patria previsto y sancionado por el artículo 325° del Código Penal; en calidad de autor y en grado de tentativa en agravio del Estado Peruano», concluye el documento.

La denuncia presentada por Loudes Flores Nano, Francisco Tudela, Hugo Guerra, Fernan Altuve, Ángel Delgado y C. Alfredo Vignolo G. del V. se basa en una entrevista que concedió Castillo en enero de este año, a la cadena CNN en la que se pronunció sobre la posibilidad de otorgar una salida al mar a Bolivia.

«No lo dije como presidente. Es una idea. Pero ahora le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Si el Perú está de acuerdo…jamás haría que cosas que el pueblo no quiera», dijo Castillo al conductor del programa Fernando del Rincón.

«Yo no lo estoy diciendo que le voy a dar el mar para Bolivia (…) Ahora nos pondremos de acuerdo, le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste», agregó Castillo, violando flagrantemente la carta Magna.

DEL PROCEDIMIENTO Y LOS PLAZOS

De acuerdo con el artículo 89 del reglamento del Congreso de la República que tiene rango de ley, luego de darse cuenta de la denuncia constitucional, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, tiene diez días hábiles de plazo máximo para calificar el respectivo pedido.

Segundo, si se admite y es declarada procedente por la referida subcomisión, se elabora un informe de calificación que pasa a la Comisión Permanente en un plazo no mayor de 48 horas.

Tercero en la Comisión Permanente se evalúa y se vota el informe de calificación; si el informe es declarado procedente, la Comisión Permanente debe ordenar que un plazo de 15 días hábiles la subcomisión investigue y elabore un informe.

En esta etapa la subcomisión notifica al denunciado para que formule, en un plazo de 5 días hábiles, sus descargos y presente los medios probatorios.

El presidente de la subcomisión designa a un congresista-delegado de la denuncia, que deberá realizar un informe de determinación de los hechos y pertinencia de las pruebas. El plazo es de 5 días útiles.

Luego viene la etapa de las audiencias, en la que se cita al denunciante, el denunciado y los testigos, cosa que ya se hizo en su debido momento.

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La presidencia de la subcomisión le da al congresista-delegado 5 días hábiles para elaborar un informe final, en este puede recomendar acusar o archivar el caso.

El referido informe final es debatido y aprobado o rechazado por la subcomisión. Luego pasa a la Comisión Permanente, si aquí se declara procedente, se nombra una subcomisión acusadora. En el pleno del Congreso de la República se debate y se vota.

Cuando se trata de delitos en el ejercicio de la función se necesita el voto de la mitad de los presentes más uno para ser aprobado, sin contar con los miembros de la Comisión Permanente. Si esto ocurre, se remite el caso a la fiscalía. Si no alcanza los votos, se archiva.

En el caso de infracciones a la Carta Magna, se necesita del voto de 66 miembros del Congreso de la República para ser aprobada, sin contar los miembros de la Comisión Permanente.

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