Ley de lesa humanidad: ex altos mandos del Ejército y Fuerzas Armadas urgen acción del Ejecutivo ante norma aprobada por el Congreso
En una declaración conjunta, los ex comandantes generales del Ejército del Perú y ex jefes del comando conjunto de las Fuerzas Armadas ejecutaron un llamado urgente al Poder Ejecutivo para que proceda con la promulgación de la ley que establece la prescripción del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación nacional.
Cabe resaltar que esta norma, recientemente aprobada por el Congreso de la República, será remitida al Ejecutivo con el fin de decidir si se promulga u observa.
Bajo esa premisa, la solicitud se fundamenta en la necesidad de hacer valer los derechos de aquellos que, según los exoficiales, fueron víctimas de persecuciones y procesos judiciales injustos derivados de eventos que tuvieron lugar hace más de 30 o 40 años.
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“Lo que realmente ocurrió en el Perú fue que la sociedad peruana tuvo que enfrentar y defenderse de un ataque terrorista generalizado y sistemático, que ocasionó la pérdida de decenas de miles de vidas e incalculables pérdidas económicas, notándose que los crímenes cometidos por las organizaciones terroristas violaron, sin medida alguna, los derechos humanos de todos los peruanos, sin que a la fecha, ninguno de sus integrantes haya sido denunciado o investigado por delitos de lesa humanidad, pese a las probadas atrocidades cometidas en forma planificada y consciente contra nuestra población”, puntualizó el comunicado.
Asimismo, indican que la aprobación de esta ley es crucial para rectificar errores del sistema judicial peruano que, hasta la fecha, no procesa a miembros de organizaciones subversivas, a pesar de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante un conflicto interno.
“Ante esta situación, solicitamos al Poder Ejecutivo promulgue en el menor tiempo posible la Ley en mención, con la cual se hará justicia a los militares y policías que por sucesos ocurridos hace 30 o 40 años abusivamente han sufrido persecución y han sido injustamente procesados por el sistema judicial del Perú; es así que la inobservancia a las disposiciones contenidas en la referida ley constituye una vulneración del principio de legalidad y de las garantías del debido proceso; siendo nula e inexigible en sede administrativa judicial toda sanción impuesta”, concluyeron.
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