Lo que le corresponde a Castillo y a su Gabinete

Los ministros son solidariamente responsables por los actos violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el presidente de la República.


Por Alfredo Vignolo

La Constitución Política de nuestro país es muy clara en el artículo 128, donde se señala que los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan. Asimismo, todos los ministros (sin excepción) son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución Política o de las leyes en que incurra el presidente de la República o que se acuerden en el Consejo de Ministros, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente.

Más aún el Código Penal, en el título XVI, referido a los delitos Contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional, en el capítulo I, sobre ‘Rebelión, Sedición y Motín’ en el artículo 347, referido a la sedición, contempla que el que, sin desconocer al gobierno legalmente constituido (Pedro Castillo, Aníbal Torres y los integrantes del Consejo de Ministros) se alza en armas (con el apoyo de los ronderos) para impedir que la autoridad ejerza libremente sus funciones o para evitar el cumplimiento de las leyes o resoluciones o impedir las elecciones generales, parlamentarias, regionales o locales, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años.

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Así como el artículo 349, sobre ‘Conspiración para una rebelión, sedición o motín’, dónde se especifica el que toma parte en una conspiración de dos o más personas para cometer delitos de rebelión, sedición o motín, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de la mitad del máximo de la señalada para el delito que se trataba de perpetrar.

Finalmente, el artículo 353 sobre la ‘Inhabilitación’, donde se prevé que los funcionarios, servidores públicos (Castillo, Torres y el gabinete) o miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, que sean culpables de los delitos previstos en este Título, serán reprimidos, además, con inhabilitación de uno a cuatro años conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 8 de la Carta Magna.

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