Los casos más sonados: Urtecho y Yovera
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Denuncias como esta se han producido en años anteriores, tal es el caso del congresista fujimorista, César Campos Ramírez, quien fue acusado de pedir a los trabajadores de su despacho que le entreguen un porcentaje de su sueldo. Él ingresó al Parlamento en junio de 2018 en reemplazo del suspendido Guillermo Bocángel.

Su ex asesor principal Guillermo Carrasco Herrera denunció que el legislador le solicitó mil soles de su sueldo, los cuales depositaba mensualmente a la cuenta de otro trabajador, quien estaba encargado de hacer los cobros, según indicó.

El ex asesor dijo que hizo dichos aportes desde junio del 2020, hasta que a mediados de mayo le detectaron un tumor. Fue allí que informó que no podía pagar ese mes porque quería solventar sus gastos médicos.

Una semana después, se le comunicó que ya no sería asesor, sino asistente de despacho, con un sueldo de S/ 2,600. De acuerdo con el Portal de Transparencia del Congreso, Carrasco Herrera tenía una remuneración de S/ 9,499.

En su momento, el congresista César Campos negó haber exigido esos pagos. Dijo que no lo ha hecho ni personalmente ni a través de intermedios. “Jamás le he pedido dinero a nadie”, aseguró.

Otra acusación, es la que hizo Paola Alave Quispe, quien trabajó para el legislador Jorge Castro (Concertación Parlamentaria), desde setiembre de 2016 hasta abril de 2019 y afirmó que ella pagó de su salario el alquiler de la oficina descentralizada del congresista en Tacna, y luego los servicios de luz, agua, internet, mantenimiento y hasta la compra de diarios.

De igual manera, según la difusión de varios audios, se supo que Edward Rojas Rugel, entonces pareja de la congresista Lizbeth Robles (Cambio 21), recortó el 50% del salario, bonificaciones y hasta aguinaldos de Sara Milla y José Altez, asesores I y II en el despacho de la renunciante a Fuerza Popular, respectivamente.

“Edward, yo lo único que te he pedido es lo siguiente, lo demás sigue igual como tú me has dicho, tú me dijiste 4 mil [soles] para ti y lo demás es mío. Ahora tú me dices después [que te dé el 50% del] aguinaldo”, la reclamó Milla a Rojas Rugel en una conversación que ambos sostuvieron y que fue grabada por la ex asesora. Milla y Altez señalaron que Robles sabía de los cobros que hacía el padre de su hijo.

Después de esta denuncia, la Comisión de Ética le abrió una investigación a Robles, la cual concluyó que la parlamentaria no tenía conocimiento sobre las acciones de Rojas Rugel. El Ministerio Público abrió, en setiembre de 2019, una investigación preliminar contra la congresista de Cambio 21 por el presunto delito de concusión.

SUSPENSIONES Y DESAFUEROS

Michael Urtecho obtuvo una curul en el 2006 con Unidad Nacional y luego fue reelecto en el 2011 con Solidaridad Nacional. Llegó a ser parte de la Mesa Directiva del Parlamento. En 2013, fue desaforado por recortar, durante siete años, los sueldos, gratificaciones, bonificaciones y liquidaciones de cuatro de sus trabajadores en el Parlamento.

También se quedó con el 100% de sus asignaciones por refrigerio. Y, además, fue acusado de apropiarse de las donaciones de una ONG para discapacitados de la cual fue integrante.

El Ministerio Público solicitó 24 años de cárcel para Michael Urtecho y 22 años para su esposa Claudia González Valdivia, acusada –además de los delitos mencionados– por apropiación ilícita y lavado de activos. Mientras tanto, la Procuraduría demanda S/ 3’368.000 como reparación civil.

Otro caso es el del exparlamentario Alejandro Yovera (Acción Popular – Frente Amplio). A mediados del 2014, el pleno del Parlamento decidió suspenderlo por 120 días, porque fue acusado de obligar a sus trabajadores a solicitar préstamos para él, deudas que después él no cumplió con pagar.

Según el informe de la Comisión de Ética Parlamentaria, que lo investigó y pidió tal sanción, Yovera “se benefició indebidamente de los préstamos tramitados por trabajadores y ex trabajadores de su despacho”. Ellos denunciaron que el legislador se comprometió a devolverles el dinero, pero no lo hizo.

Un año después, el Parlamento aprobó el desafuero de Yovera (quien fue elegido por el fujimorismo), sobre quien pesó una condena de dos años de prisión preventiva e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo, debido a que había consignado información falsa en la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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