Los documentos privados obtenidos violando las normas no tienen efecto legal
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El expediente judicial  indica claramente que la información requerida se debe ubicar dentro de los alcances de la reserva consagrada en el artículo 2 inciso 10 de la Constitución, norma constitucional que, a la vez, señala que toda persona tiene derecho al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados.

Señala, además, que las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos solo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley.

Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen, dice el texto constitucional, con el agregado de que “los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto legal”.

Es decir, que este derecho no constituye un derecho absoluto, dado que el mismo dispositivo constitucional establece que solo puede ser abierto por mandato motivado del juez y con las garantías establecidas por ley y siempre que se refieran al caso investigado.

La figura del secreto de las comunicaciones se encuentra regulada por el artículo 230 del Código Procesal Penal, teniendo como presupuesto de procedencia que el pedido del Ministerio Público sea necesario y pertinente para el esclarecimiento del caso investigado.

El artículo 202 de la referida norma procesal penal señala que cuando resulte indispensable restringir un derecho fundamental para lograr los fines del esclarecimiento del proceso, debe procederse conforme a lo dispuesto por la ley y ejecutarse con las debidas garantías para el afectado.

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