Manipulan protestas para presionar al gobierno
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Por: César Rojas

Plantones de veinte personas presentados como multitudinarios, marchas de 200 jóvenes enfocados de cerca para aparentar que son miles, y apología a la violencia contra personas y propiedad del Estado, se sucedieron en los últimos días.

Grupos que defendieron en su momento a Alejandro Toledo, Susana Villarán, Ollanta Humala, y Pedro Pablo Kuczynski, pretendían desconocer la vacancia presidencial de Martín Vizcarra, aprobada por 105 congresistas.
Si bien la Constitución Política y la naturaleza humana consagran el derecho a la libertad de expresión, algunas manifestaciones degeneraron en vandalismo, lo cual fue rechazado por políticos de oposición al gobierno como Rocío Silva Santisteban, vocera del Frente Amplio.

En el centro de Lima, cientos de personas reclamaban pacíficamente, pero cuando la Policía Nacional les ordenaba no invadir zonas donde se movilizaban comerciantes y clientes, empezaban los ataques físicos.

Así se vio en el Jirón de la Unión, donde varios hombres lanzaron piedras -ya las tenían preparadas- a los efectivos policiales, quienes respondían retrocediendo y arrojando bombas lacrimógenas.

Se descubrió que simpatizantes de Nuevo Perú “armaron” una agresión de la PNP. Guillermo Cari Contreras, excandidato al Congreso que se identifica como mujer, aparece en fotos de la prensa internacional aparentemente empujada por estos.

AL DESCUBIERTO

Sin embargo, videos grabados por sus propios acompañantes demostraron que en realidad él se había arrojado contra unos suboficiales, y estos reaccionaron apartándolo.

En redes sociales circularon audios de personas que denunciaban que autoridades del Estado, colectivos y universidades estaban promoviendo salir a las calles, a cambio de dinero y otros favores.

Otra muestra de engaño en medios de comunicación fue que ninguna televisora de noticias hizo tomas aéreas de las marchas. Sí lo hicieron otros medios, confirmando que los participantes no eran miles, sino alrededor de 200 o 300 personas, al menos en la Plaza San Martín.

Lo que muchos habían olvidado es que estamos en estado de emergencia sanitaria, por los contagios de Covid-19. En esta situación, la Constitución restringe el derecho a la reunión, como se ha visto muchas veces en los últimos meses.

A pesar de ello, Julio Guzmán y otros líderes políticos que apoyaban a Vizcarra, coordinaban más aglomeraciones en Lima y provincias. Incluso sus seguidores festejaban a Carlos Ezeta, joven que golpeó por sorpresa al congresista Ricardo Burga.

Alberto de Belaunde, congresista seguidor del líder del Partido Morado, aprovechó la sesión de la Comisión de Justicia para pedir que se cite a Jorge Lam, director de la PNP, por las denuncias de exceso en el uso de la fuerza por parte de los uniformados. Esto fue rechazado mayoritariamente, y más bien Guzmán podría terminar denunciado por provocar contagios y violencia.

“A mí me da mucha pena ver a un candidato del Partido Morado azuzando a la población, los jóvenes tienen derecho a protestar, pero de manera pacífica. Ese señor es un azuzador y eso está mal en pleno estado de emergencia”, sostuvo Otto Guibovich, portavoz de Acción Popular.

Reclamó que algunos de quienes marchaban portaban piedras y otros objetos contundentes, lo cual configura delito.
Otro caso flagrante fue la destrucción de dos cajeros del Banco de la Nación en el Centro Histórico. Justamente, estos equipos son usados por las personas más vulnerables económicamente para cobrar bonos y otras ayudas sociales.

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó ayer que ha identificado daños en 14 áreas del Centro Histórico generados por las manifestaciones realizadas ayer en esa zona de la capital.

DESTRUCCIÓN

“Daños a los bienes públicos se dieron en la plaza San Martín, plaza Dos de Mayo, jirón Camaná, parque de la Democracia, parque de los Museos, avenida Nicolás de Piérola, jirón de la Unión y jirón Carabaya, entre otros”, informó la Municipalidad de Lima.

En total, dentro del Centro Histórico hubo 222 pintas, 30 cercos rotos, 120 sardineles rotos, 500 bloques de césped dañados, el hurto de un caño, 6 paneles de cerco rotos, 90 zonas pegadas con afiches, dos rotondas de mármol afectadas, etc.

“Se exhorta a los ciudadanos a ejercer su libre derecho a las manifestaciones sin perjudicar la infraestructura de los espacios públicos y el patrimonio histórico de la ciudad”, señaló la gestión del alcalde Jorge Muñoz.

En respuesta, algunos colectivos indicaron que esto fue obra de “infiltrados”, señalando que provendrían de la misma Policía Nacional o de delincuentes comunes que aprovechan el caos para actuar. Esto, en recuerdo de lo que Vladimiro Montesinos y funcionarios corruptos hicieran en la Marcha de los Cuatro Suyos, ocasionando las muertes de cuadro trabajadores de seguridad, precisamente del Banco de la Nación.

A nivel internacional se ha denunciado que George Soros (fundador de la Open Society, ente que financia diversas ONG en Perú) tiene una estrategia de desestabilización cuando sus planes se ven afectados: Swarming (enjambre).
Esto consta de políticos con intenciones particulares, activistas e influencers -al estilo de los que cobraron luego del No a la revocatoria de Villarán-, “movimientos ciudadanos”, vándalos -para fomentar la violencia-, medios de comunicación y troles en redes sociales. Todos ellos presentándose como luchadores sociales, pero que terminan usando el crimen para obtener sus objetivos.

Alrededor de 30 personas fueron detenidas por actos vandálicos. Sin embargo, se arrestó a una menor de edad, la cual fue asesorada por el Ministerio de la Mujer y la Fiscalía de la Nación, la cual pidió “garantizar la legalidad y los derechos de las personas en las manifestaciones”.

Cuestionan a Dirección de Gobierno Interior

Ciudadanos de San Juan de Lurigancho y otros distritos populosos de Lima denunciaron que la Dirección General de Gobierno Interior estaba coordinando aglomeraciones de personas para ayer y hoy, con tal de protestar contra la vacancia de Martín Vizcarra.

“Son del vaso de leche y nos han convocado para hoy salir a marchar. Nos dicen que no perdamos el apoyo del gobierno de la PCM, el agua gratis, las ollas comunes, Trabaja Perú y las canastas”, indicaron.

Mencionaron que el direcctor de Gobierno Interior, Marco Antonio Maldonado, tenía conocimiento de estas gestiones con recursos del Estado, por medio de sus subalternos en provincias y distritos.

El funcionario, quien anteriormente trabajó con congresistas de Perú Posible, y postuló al Congreso en el 2016 por Peruanos por el Kambio, registra diversas denuncias por otros hechos de implicancia penal.

En mayo de 2017, su entonces pareja Verónica Venturo lo denunció por haberla maltratado física y verbalmente en estado de ebriedad, en su vivienda de Magdalena. Maldonado también afrontó un proceso por resistencia y desobediencia a la autoridad.

EXPRESO se comunicó con esta instancia, pero sus teléfonos no nos derivaron con los funcionarios solicitados.

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