Marcos Ibazeta: «Hay responsabilidad de Dina por muertes de militares»
Especialistas aseguran que habría responsabilidad política de los miembros del Gobierno por muertes en las protestas en el Perú.
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El expresidente de la Corte Superior de Lima (CSJ), Marcos Ibazeta, consideró que la presidenta Dina Boluarte tendría responsabilidad política por las muertes de los militares y policías durante las protestas violentas, a consecuencia de que las fuerzas del orden y castrenses no usan adecuadamente sus armas de fuego para defenderse de los ataques, pese a existir una ley que los faculta para tal fin.
En declaraciones para EXPRESO, el abogado dio a entender que las máximas autoridades del Ejecutivo darían las órdenes para que no se ejecute tal normativa, porque buscarían evitar ser enjuiciados posteriormente por delitos contra los derechos humanos, como ocurrió durante el gobierno de Alberto Fujimori.
“Sobre la acción militar prevalece la acción política y si hay una decisión política que le dice que no usen sus armas, entonces el militar tiene que subordinarse a la decisión política. Hay responsabilidad política y el Congreso tiene que hacerlo efectiva, y si encuentran que hay omisión punible u otros delitos deben denunciarlos”, dijo.
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En ese sentido, consideró que las autoridades del Ejecutivo quieren protegerse ante futuros procesos penales por delitos de lesa humanidad, razón por la cual estarían dando órdenes para no hacer efectivo el uso de las armas de fuego en situaciones de conflicto, como se vio recientemente en Puno, cuando seis militares se ahogaron en el río Ilave al no poder defenderse ante la turba de manifestantes.
“Esas muertes sí generan responsabilidad política porque permiten que una turba mate a su gente, porque ellos están determinando como política de Estado para que no los persigan después. Los políticos tienen miedo de ser amenazados y denunciados por lesa humanidad, y que le digan a Dina Boluarte vas a ir a la cárcel por esto”, señaló.
Autores mediatos
Por su parte, la exprocuradora anticorrupción Katherine Ampuero señaló que las autoridades del Ejecutivo que dan las órdenes para no aplicar la ley del uso de la fuerza estarían incurriendo en responsabilidad penal.
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Según el artículo 4: “El uso de la fuerza es proporcional cuando el nivel de fuerza empleado para alcanzar el objetivo legal buscado corresponde a la resistencia ofrecida y al peligro representado por la persona.”
“En las investigaciones se tienen que dar cuenta, porque aquí hay autores mediatos e inmediatos. Finalmente ya no vamos a estar hablando de responsabilidades políticas sino penales, porque todas estas órdenes lo que han hecho es poner en grave riesgo a estos militares y policías, que han perdido la vida”, dijo Ampuero a nuestro medio. (Por Harold Salinas).
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