Más de 40 Procuradores Públicos se pronuncian sobre el respeto a la autonomía de la Procuraduría General
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42 procuradores públicos emitieron un comunicado dirigido a la ciudadanía en donde indicaron que «cualquier injerencia política» en su labor «constituiría una vulneración» a sus derechos. 

Según explicaron,  la Procuraduría – creada por Decreto Legislativo N°1326- es el máximo ente rector del Sistema de Defensa Jurídica del Estado a nivel nacional y si bien, está adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se trata de un organismo público especializado con autonomía funcional, técnica, económica y administrativa para el ejercicio de sus funciones.

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«Es necesario recordar que cualquier posible intento de injerencia política en la labor de la Procuraduría General del Estado o de los Procuradores Públicos que la integran, constituiría una vulneración al principio de autonomía funcional del que gozan por ley. Por ello, es importante que los poderes políticos respeten dicha autonomía y, de ser el caso, dirijan sus esfuerzos a fortalecer y potenciar la labor de los Procuradores Públicos y del Sistema de Defensa Jurídica del Estado», se lee en la carta pública.

En esa línea, señalaron que el nombramiento, el cese o la evaluación de sus cargos le corresponde únicamente al Procurador General del Estado y al Consejo Directivo de la institución, «el cual está conformado por un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y un representante de la Contraloría General de la República».

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Por otro lado, en relación a la asunción de Francisco Sagasti a la presidencia de la república, los firmantes saludaron «que en su primer mensaje a la Nación haya manifestado públicamente su compromiso de fortalecer y respetar la autonomía de la Procuraduría General del Estado».

Cabe señalar que el pronunciamiento se da luego de que el jueves de la semana pasada, el procurador General del Estado, Daniel Soria, revelara a RPP Noticias, que la entonces ministra de Justicia, Delia Muñoz, le pidió su renuncia para replantear la estrategia del Estado sobre la demanda competencial por la vacancia ante el Tribunal Constitucional.

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