Ministerio Público: se interceptaron en forma ilegal 35 teléfonos móviles
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En la resolución judicial del 25 de agosto de 2021 el juez supremo Hugo Núñez Julca, a pedido del fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón, deja sin efecto el levantamiento del secreto de las comunicaciones de otros quince números telefónicos (inicialmente fueron 20) que fue ordenado hace más de dos años y por el que habían sido espiados en un plazo hasta de tres años por la Fiscalía Suprema.

Esto significa que, hasta ahora, serían un total de 35 números telefónicos los rastreados ilegalmente, en los que se ha obtenido información secreta y sensible no solo de esos ciudadanos, a los que se registró sus comunicaciones de entrada y salida de llamadas, mensajes de texto, etc., sino a todos con quienes ellos hablaban.

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De esa forma ilegal es que se llega a conocer a las personas con las que se comunican, el tiempo y frecuencia de las comunicaciones, así como los lugares que frecuentan en forma reservada.

“La Fiscalía ha obtenido esta información, la ha procesado y utilizado internamente para conocer la vida íntima de los posibles objetivos en las investigaciones y cuando no ha encontrado pruebas de la comisión de delitos, como ha sucedido en la mayoría casi absoluta, decide dejar sin efecto dicha información de la que ha gozado con total secreto por tanto tiempo”, señala una fuente fiscal que solicita el anonimato.

¿Puede el Ministerio Público pedir información que afecta los derechos de la persona y luego pedir que desaparezca y se deje sin efecto, como si nada hubiera pasado? Los expertos consultados y algunos fiscales que igualmente prefieren la reserva coinciden en sostener que dicha práctica resulta ser ilegal y violatoria de la Constitución.

Y es que si el fiscal desecha la información que en un momento solicitó, es porque se ha cometido un hecho grave e innecesario incurriendo en una infracción que se tipifica en la Ley de la Carrera Fiscal como falta muy grave y en la comisión del delito de violación del secreto de las comunicaciones que se regula en el artículo 162 del Código Penal.

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