No hay sociedad que funcione sin inmunidades básicas
A+

La Reforma Constitucional forma parte de la naturaleza de la propia Constitución. Si bien es cierto que las Constituciones deben tener un espíritu de permanencia en el tiempo para que se forme lo que Pablo Lucas Verdú llamó “El Sentimiento Constitucional”, también es cierto que necesitan una actualización, un aggiornamento, una puesta al día y para eso existe el mecanismo de la Reforma Constitucional que contempla la Constitución Política en el artículo 206°.

El citado artículo establece que el único órgano competente para realizar la reforma constitucional es el Congreso de la República a través de dos mecanismos: 1. Con una mayoría calificada, esto es dos tercios más uno del número legal de sus miembros en dos legislaturas ordinarias sucesivas; 2. Si no se alcanzara esa mayoría, está la figura de recurrir a referéndum.

Empero, lo señalado en la reciente Ley de Reforma Constitucional que incorpora el artículo 34°-A y 39°-A, sobre el impedimento para postular a cargos de elección popular o ejercer la función pública por la comisión de un delito doloso, o por una sentencia condenatoria emitida en primera instancia en calidad de autores o de cómplices, esto implica una marcada inconstitucionalidad.

Primero, porque existe la presunción de inocencia hasta el final del proceso y, segundo, porque el desarrollo de un proceso en primera instancia no determina en absoluto la responsabilidad que pueda tener la persona sobre el delito imputado, máxime si el proceso penal diseñado en el Perú es un proceso acusatorio en que su núcleo está constituido por las garantías. ¿Qué pasaría si una persona inhabilitada para postular por tener sentencia de primera instancia es absuelta?

LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL

En lo que respecta a la modificación del artículo 93°, que tiene que ver directamente con el ámbito de la Inmunidad Parlamentaria; y el artículo 99°, que tiene que ver con la acusación por infracción constitucional, en ambos casos se estaría eliminando lo que la doctrina autorizada y la justicia constitucional ha denominado como la garantía institucional.

Esto se basa en que así como los ciudadanos tenemos garantías constitucionales para protegernos del abuso del Estado o de particulares, las instituciones gozan de garantías institucionales, esto es, verdaderas vallas o escudos contra los excesos que se puedan cometer contra la autoridad, justamente por estar desempeñando un cargo político que nace de su legitimidad democrática.

Al eliminarse esta inmunidad, definitivamente las autoridades van a quedar desprotegidas, desnudas, inermes y a expensas de cualquier denuncia por cualquier tipo de delito común. Esto no significa que todo funcionario electo no debe responder penal y civilmente por sus actos u omisiones en su momento o mediante el antejuicio.

En un escenario pesimista, a pesar de que todavía tienen que ser procesados y a lo mejor pueda desvirtuarse todas las denuncias que se hagan, significaría una distracción y el riesgo de un manoseo mediático de estos temas.

Igual suerte corre, sin lugar a dudas, el presidente de República. Y es que si se admite la eliminación total de la inmunidad parlamentaria, también tendría que admitirse la eliminación respecto al presidente de la República, simplemente para mantener el equilibrio del poder entre Ejecutivo y Legislativo, máxime si vivimos en régimen presidencialista. En todo caso habría que buscar un nuevo punto de equilibro racional.

Circunstancias parecidas se dan con el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional que actualmente tienen derecho al antejuicio. Definitivamente, la última palabra, si es que se llega a cuestionar estas decisiones que inicialmente y a priori son inconstitucionales, la va a tener el Tribunal Constitucional.

DOS CONCLUSIONES

Esto nos lleva a dos conclusiones: el Tribunal Constitucional también está en una situación de inconstitucionalidad temporal pues el mandato de seis (6) del colegiado de siete ya se cumplió largamente. Y, segundo, el supremo intérprete de la Constitución ha resuelto el tema de conflicto de competencias por el cierre del Congreso, justamente cuando la desaparecida representación nacional estaba eligiendo los nuevos magistrados.

Puedes encontrar más contenido como este siguiéndonos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter.