TRES GOBIERNOS DEL PERÚ IMPLICADOS EN CASO DE CORRUPCIÓN MÁS GRANDE DEL MUNDO

Odebrecht pagó $ 29 millones en coimas a funcionarios peruanos

Según informe de la Corte del Distrito Este de Nueva York, sobornos comprenden las gestiones de los ex presidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

  • Fecha Jueves 22 de Diciembre del 2016
  • Fecha 12:00 am



Constructora brasileña no tuvo otra salida que firmar un acuerdo de colaboración con la justicia de EE.UU.

La compañía brasileña Odebrecht reconoció el pago de sobornos en el Perú por hasta US$ 29 millones entre 2005 y 2014 a funcionarios gubernamentales, con el objetivo de obtener contratos de obras públicas que comprometen las gestiones presidenciales de los mismos años.

Según el acuerdo firmado entre la justicia estadounidense y la constructora Odebrecht, los hechos irregulares comprenden las gestiones de los presidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016). En tanto que la empresa brasileña se benefició con una ganancia de más de 143 millones de dólares.

Se trata del reporte de la Corte del Distrito Este de Nueva York (United States District Court Estern District of New York) con código Cr. Nº 16-643 (RJD) al que EXPRESO tuvo acceso y en cuyo punto J se refiere a los presuntos hechos de corrupción referidos al Perú.

El informe señala, como primer caso, el ocurrido en 2005, vinculado con una licitación para un proyecto de infraestructura promovido por el Gobierno y en el cual un empleado de Odebrecht, fue contactado por un intermediario que representaba a un funcionario de alto rango peruano, quien le ofreció apoyo en la licitación bajo la condición de que debía realizar pagos ilícitos a este funcionario, si acaso resultaba favorecido.

El reporte de la citada corte neoyorquina subraya que luego de la conversación inicial con el intermediario, el trabajador de Odebrecht participó en diversas reuniones y en algunas de ellas asistió el funcionario gubernamental. Los pagos se realizaron a través de empresas que estaban a nombre del intermediario ya que la empresa brasileña ganó la licitación.

El documento detalla que entre 2005 y 2008 Odebrecht realizó pagos por un total de US$ 20 millones a compañías indicadas por el intermediario.

US$ 1.4 MILLONES

Durante 2008, para influir en la comisión encargada de la licitación de una obra de transporte, Odebrecht reconoció a la justicia de Estados Unidos que accedió a pagar US$ 1.4 millones a un funcionario de alto rango peruano y a miembros de la comisión encargada de la licitación.

Un año después, Odebrecht ganó el contrato de aproximadamente US$ 400 millones, por lo cual pagó el soborno aprobado por el denominado ‘empleado 6’, que según el informe, se trata de un ejecutivo de alto nivel del área internacional de la división de ingeniería de Odebrecht entre 2008 y 2015.

COMO UN RAYO

La noticia de estos nuevos detalles del caso Odebrecht cayó ayer como un rayo en cielo sereno en Lima. Más si un grupo selecto de fiscales especializados en delitos de lavado de activos, presidido por el magistrado Hamilton Castro Trigoso, se encuentra en Curitiba, Brasil, desde hace diez días, en busca de documentación y pruebas que pudiesen abonar en favor de sus pesquisas en el Perú.

Nos referimos a las investigaciones que realiza el Ministerio Público sobre los pagos que habrían recibido ex altos funcionarios gubernamentales por parte de Odebrecht y la también constructora brasileña OAS, a cambio de obras de infraestructura en el Perú.

Se prevé que los magistrados podrían volver a Lima en unos diez días con novedades sobre el caso de corrupción más grande del mundo, tal como lo definió ayer The Wall Street Journal.

Esto porque Odebrecht se ha comprometido a pagar US$ 2.600 millones a las autoridades estadounidenses, suizas y brasileñas para zanjar esta investigación sobre presuntos sobornos, cifra que supera al caso Siemens AG, en que esta firma alemana años atrás acordó pagar US$ 1.600 millones a las autoridades de los Estados Unidos y Alemania por un caso multinacional de sobornos.

“NO ESTÁ INVOLUCRADO”

Por esas y otras razones es que luego de la reunión del Consejo de Ministros de este martes en Palacio de Gobierno, el premier Fernando Zavala aseguró que el presidente Pedro Pablo Kuczynski no ha sido involucrado en ningún acto de corrupción vinculado a las coimas pagadas por Odebrecht.

“Nadie ha involucrado a PPK en ningún acto de corrupción. Eso tiene que quedar claro. Eso no dice en ningún tipo de informe”, enfatizó Zavala ante las preguntas de la prensa.

El premier recordó que la investigación contra el presidente Kuczynski fue archivada por la Fiscalía porque no se encontraron indicios de que, durante su gestión como premier del ex presidente Alejandro Toledo, haya beneficiado de alguna manera a la empresa Odebrecht.

“Sobre una investigación a PPK, tengo que mencionar que eso tiene que ver con un proyecto de ley que fue aprobado en el Congreso, y no por él. Sin embargo, como corresponde y como siempre lo ha hecho, el presidente acudirá a todas las instancias para presentar sus declaraciones”, dijo.

El premier Zavala recalcó que el gobierno de Kuczynski es contrario a cualquier acto de corrupción, por lo que realiza coordinaciones con el Ministerio Público porque en tanto titular de la acción penal es la entidad llamada a procesar la información que se tenga tanto de Brasil, como de Estados Unidos.

“Nosotros somos respetuosos de esas investigaciones”, dijo también el jefe del gabinete ministerial.

 “SON INAPLICABLES”

Al margen de juicios de valor y de las opiniones de los voceros del Ejecutivo, también es cierto que el fiscal Andrés Montoya Mendoza, de la Segunda Fiscalía Provincial de Delitos de Corrupción de funcionarios, citó al jefe de Estado, en junio de este año, en calidad de investigado, antes de la toma de mando del 28 de julio de 2016.

Esta investigación fiscal (N°76-2016) empezó a raíz de la denuncia realizada sobre la aprobación de la Ley 28670 que dio luz verde a la construcción de la Carretera Interoceánica a fines de enero de 2006.

Todo empezó cuando la doctora Rosa Urbina, exvicecontralora general, sostuvo ante la comisión Lava Jato que las empresas beneficiadas con la buena pro para la construcción de la Interoceánica –como Odebrecht– no podían contratar con el Estado en el periodo 2005-2006.

Con el oficio de la Contraloría 262-2005-CG/VC, del 3 de agosto de 2005, la funcionaria leyó que las constructoras Odebrecht, Queiroz Galvao S.A. y Graña y Montero estaban impedidas de participar en el proyecto corredor vial interoceánico sur Perú-Brasil.

¿Cómo es que Odebrecht y sus hermanas cariocas lograron sortear este impase? Con la ley propuesta desde el Ejecutivo, firmada por Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski, que fue enviada al Congreso que lo aprobó en tiempo récord.

¿Qué decía el artículo 3 de la citada norma? Que “los impedimentos para ser postores contenidos en las bases administrativas de los procesos de promoción de la inversión privada a que se refiere el decreto legislativo N° 674, el Texto Único Ordenado aprobado por el decreto supremo N° 083-2044-PCM, y la ley 28059 (que excedan lo dispuesto en el artículo f) del artículo 9 del Texto Único Ordenado aprobado por decreto supremo N° 083-2004-PCM o por otra norma legal expresa, son inaplicables e inexigibles”.

¿Por qué la referida Odebrecht no podía participar, según Urbina? Porque estaba inmersa en juicios contra el Estado por incumplimiento de contrato, siendo este impedimento insalvable según la normativa de contrataciones del Estado, según dijo.

Por lo demás, en la Fiscalía se sabe por informes de la misma Contraloría que la ley N° 28670, que declaraba de necesidad pública y de interés nacional la Interoceánica y otras concesiones, fue aprobada en tiempo récord: Llegó de Palacio de Gobierno el 25 de enero de 2006 y fue votada el mismo día en la Comisión Permanente del Congreso y publicada el 26 de enero de 2006 en El Peruano.

Pagó US$ 788 millones en sobornos en 12 países

En efecto, de acuerdo con la justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó un total de 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios de 12 países, así como informó que la compañía brasileña acordó pagar una multa por US$ 2.600 millones al país del norte, a Suiza y Brasil para compensar los actos ilícitos por los que se le investiga.

Entre los países involucrados están Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.

Los acuerdos comprometen también a Braskem, la mayor petroquímica de América Latina y controlada por la constructora Odebrecht, la principal implicada en el gigantesco escándalo de corrupción en el seno de la petrolera Petrobras.

Las dos empresas se comprometieron a revelar los hechos ilícitos que practicaron en Brasil y en el exterior y asumieron su responsabilidad por haber violado las leyes anticorrupción en los tres países.

En este caso la Fiscalía de Brasil indicó que la colaboración de las dos empresas revela un vasto caso de corrupción, nacional e internacional, tanto así que considerados conjuntamente, los valores devueltos son pues un récord mundial en términos monetarios en un acuerdo de lenidad.

Odebrecht se comprometió a pagar individualmente unos US$ 1.125,9 millones, la mayor parte de los cuales, unos US$ 789,5 millones serán para el Gobierno brasileño. La constructora pagará la multa a lo largo de 23 años y la deuda será actualizada anualmente según la inflación en Brasil.

Mientras Braskem pagará una multa de US$ 921 millones, de los cuales US$ 676,5 millones se quedarán en Brasil.

Suiza recibirá aproximadamente US$ 206,5 millones para zanjar las cerca de sesenta investigaciones abiertas por el Ministerio Público helvético desde 2014 contra el grupo brasileñas.

Esas cantidades son la suma de bienes patrimoniales embargados, compensaciones, gastos de proceso judicial y de una multa.

Cabe indicar que el Ministerio Público helvético ha efectuado desde 2014 sesenta indagaciones judiciales relacionadas con el caso Petrobras, en las que tuvieron que analizar transacciones bancarias sospechosas de lavado de dinero y pudieron identificar pagos ilícitos por parte de diversas empresas del sector de la construcción para la atribución de obras y mercados.

Para ello, las sumas de dinero eran retiradas de la contabilidad de las empresas implicadas y transferidas a través de varias sociedades en paraísos fiscales. Las autoridades suizas han podido determinar que entre las entidades de origen de esos pagos se encuentran Odebrecht y su filial CNO, ambas domiciliadas en Brasil.

77 DELACIONES PREMIADAS

Entre las medidas de cooperación de Odebrecht con la justicia de los Estados Unidos figuran las ‘delaciones premiadas’ ofrecidas por 77 ejecutivos de esta constructora a cambio de reducción en sus futuras condenas y que, según se sabe, salpican a cerca de 200 políticos, solo en Brasil.

                                                              








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