Pacto de San José: Lo primero es dejar la Corte IDH
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Frente al proyecto de ley de la bancada fujimorista, presentado la semana pasada, que plantea la modificación del artículo 140 de la Constitución para ampliar la pena de muerte a violadores de niños menores de 7 años que deriven en muerte, especialistas recordaron que para que esta pueda aplicarse es necesario que el Perú denuncie el Pacto de San José, lo que implicaría la salida de nuestro país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

“Lo primero que habría que medir, antes de pensar en la posibilidad de establecer una reforma constitucional que permita la pena de muerte para otros delitos que no fuera el de traición a la patria, es si los parlamentarios estarían dispuestos a denunciar ese tratado, porque si no hay esa disposición, o se llegara a la conclusión de que no es conveniente para el Perú, ya no deberíamos siquiera discutir los aspectos positivos o negativos de este proyecto de ley”, sostuvo el constitucionalista Víctor García Toma.

Mientras, el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay indicó a EXPRESO que no es posible realizar esta modificación y seguir en la Corte, puesto que los instrumentos jurídicos del país son ultractivos; es decir, generan una relación obligatoria desde el instante en que se producen hacia delante. “Si vamos a aplicar la pena de muerte hagámosla como corresponde, hay que denunciar el Pacto de San José”, precisó.

A FAVOR Y EN CONTRA

Para García Toma, la solución a las constantes violaciones a menores de edad no está en aplicar la pena de muerte, sino en acabar con toda forma de impunidad contra estos delitos, pidiéndole al Poder Judicial y al Ministerio Público que investiguen con seriedad, celeridad y con una aplicación estricta de la ley.

“En el plazo inmediato, que no haya impunidad. Y, en el mediano y largo plazo, que se trabajen las políticas públicas que tienen que ver con el tema de la salud mental y la moral social que está deteriorada en el país; y en ese aspecto ya no hablan los abogados o los políticos, le corresponde a los psicólogos, psiquiatras y educadores”, puntualizó.

Rodríguez Mackay sostuvo que la implementación de la pena de muerte para violadores sexuales a menores implica que el Estado peruano asuma un rol protagónico e histórico, pues estaría atendiendo a una imperiosa necesidad social. Más aún si se toma en cuenta el número ascendente de este tipo de casos.

“La pena de muerte para violadores de menores será muy disuasiva. Además, en este momento el Perú se está recreando, una vez más, como en un Estado donde las normas jurídicas son endebles, el violador se burla de ellas y termina cometiendo uno de los delitos más horrendos donde el resultado biopsicosocial es irreparable”, dijo.

El viernes último desde Argentina y el sábado para RPP, el presidente Pedro Pablo Kuczynski volvió a poner en agenda el tema del indulto para Fujimori. Primero al señalar que es un tema que “en algún momento será noticia” y luego al indicar que se están evaluando los “procedimientos” para su otorgamiento.

MODELO REGIONAL

Rodríguez Mackay aseguró que con esta acción, el Perú se convertiría en un modelo en la región para evitar que se sigan produciendo este tipo de actos. “Si existe la pena de muerte para delitos como la traición a la patria o terrorismo –que no se aplica porque no está reglamentado–, ¿por qué cuestionarnos que lo haya para un acto execrable como es la violación a menores?”, preguntó.

VICTORIA MANRIQUE