Pena de muerte en debate: Wilson Soto cuestiona rol de la Corte IDH en lucha contra el crimen
La extorsión y el sicariato son los principales delitos que el proyecto de ley busca combatir.
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El congresista Wilson Soto Palacios dio un nuevo paso en su lucha contra la inseguridad ciudadana al presentar el Proyecto de Ley 9041/2024-CR, con el objetivo de combatir de manera contundente el terrorismo urbano en el Perú.
La propuesta busca modificar el Código Penal para implementar sanciones severas, incluyendo la cadena perpetua y la pena de muerte, a quienes, mediante delitos como sicariato, secuestro, extorsión o robo agravado, generan caos y causan la muerte de sus víctimas.
“Estamos respondiendo al clamor de la ciudadanía”, afirmó Soto para EXPRESO. “La extorsión y el sicariato han generado una creciente zozobra en la población, y lamentablemente, cada día vemos más peruanos asesinados. Por eso, creemos que es hora de endurecer las penas para estos criminales”.
El parlamentario resaltó que este proyecto busca alinearse con los países que ya aplican medidas similares, como Vietnam, donde se logró una significativa reducción en los índices de criminalidad.
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Soto también reconoció el respaldo de la bancada Honor y Democracia en esta iniciativa, destacando la importancia de que el Parlamento legisle en consonancia con las demandas de los ciudadanos. “Esta ley no es solo una respuesta a la inseguridad, sino un llamado a proteger la vida de todos los peruanos”, enfatizó.
Wilson Soto exhorta a Dina Boluarte
El congresista abordó la controversia sobre la implementación de la pena de muerte y la necesidad de que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder materializar esta medida.
“Junto con el congresista Jorge Montoya, hemos insistido en esta propuesta. Creemos que la Corte más que proteger los derechos de los peruanos, está defendiendo a los delincuentes”, agregó Soto, al tiempo que exhortó a la presidenta Dina Boluarte a tomar una decisión firme sobre este tema.
La propuesta causó un amplio debate en el ámbito legislativo, especialmente por las implicancias que tendría para el país en su relación con organismos internacionales. Sin embargo, Soto se mantiene firme en su postura de que la prioridad es la seguridad ciudadana y la protección de los ciudadanos frente al terrorismo urbano.
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