¿Pena de muerte o distractivo político? [ANÁLISIS]

Durante ciertas etapas del vaivén político de nuestro país, se pone en el tapete de la opinión pública y a nivel del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, inclusive durante las campañas electorales, las intenciones de denunciar el Pacto de San José de Costa Rica, suscrito por el Perú en el año 1978, porque se le considera un impedimento para la aplicación de la pena de muerte.

En nuestro país es un imposible jurídico y constitucional que se reinstaure la pena de muerte, porque el Estado ratificó en julio de 1978 el tratado internacional que así lo impide.

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José se impide a los países suscriptores extender la pena de muerte para delitos que no estuvieran contemplados con anterioridad en sus territorios y, además, especifica que ningún país puede interpretar la Convención para limitar la libertad de sus ciudadanos.

Cuando el Perú ratificó el tratado, estaba vigente la pena de muerte para los delitos de traición a la patria en caso de guerra exterior, homicidio calificado y otros supuestos. En la Constitución Política de 1979 solo mantuvo la pena de muerte por traición a la patria y eliminó los demás. El asesinato y la violación son delitos que no están contemplados bajo el supuesto de la pena de muerte.

El Perú se encuentra obligado por la Convención Americana de Derechos Humanos a no restablecerla, pues esta Convención y la interpretación que de su artículo 4 ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos revelan un proceso paulatino e irreversible que imposibilita el incremento de delitos pasibles de la pena de muerte y, además, prohíbe el restablecimiento de la pena de muerte para los delitos que dejaron de contemplarla como sanción.

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Lo que pretende el Gobierno de Boluarte en la esfera pública es lograr una mejor aceptación y el respaldo de su alicaída gestión por parte de la sociedad civil.

El artículo 78 de la Convención señala que “Los Estados Partes podrán denunciar esta Convención después de la expiración de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma y mediante un preaviso de un año, notificando al Secretario General de la Organización, quien debe informar a las otras partes”. Es decir, para lograr la implementación de la pena de muerte en el Perú pasarán años, no se trata de salirse del pacto y punto.

Se debe denunciar el pacto con un preaviso de al menos un año. Pasado este año, sería necesario reformar el artículo 140 de la Constitución Política del Perú -en dos legislaturas ordinarias- que señala “Pena de muerte. La pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la Patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada”, además de modificarse el Código Penal y el Código Procesal. Todos estos trámites durarían por lo menos tres o cuatro años.

De otra parte, esto traería como consecuencia que el Perú se retire de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano judicial que aplica la Convención de Derechos Humanos en la región y al que corresponde juzgar casos en los que haya denuncias de que un Estado americano ha violado derechos fundamentales de algún ciudadano. Por lo que, en caso de violación de derechos humanos por parte del Estado a los ciudadanos peruanos, estos ya no podrían recurrir a dicho Tribunal, lo que resultaría gravísimo para nuestro país, ya que somos el Estado respecto del cual la Corte se ha pronunciado en mayor cantidad de veces, en su mayoría siendo condenado Perú por su responsabilidad al violar derechos humanos.

Por lo que desvincularnos del Pacto de San José es muy perjudicial para la protección y promoción de derechos humanos, ya no podríamos acceder a un proceso internacional en caso de que su derecho no haya sido protegido de forma adecuada por el orden jurisdiccional interno.

Es evidente el tinte populista de Boluarte y su único fin sería contentar el pedido del pueblo, sin reflexionar en las implicancias que tendría aplicar la pena de muerte.

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