Petroperú bajo lupa: ¿Privatización o viabilidad financiera sin recurrir al sector privado?

Vocero presidencial, Fredy Hinojosa, reiteró postura del Ejecutivo de no vender empresta estatal. 


El vocero presidencial, Fredy Hinojosa, reiteró la firme postura del gobierno de la presidenta Dina Boluarte en cuanto a la no privatización de Petroperú, desechando así las recomendaciones del directorio que abogaba por una gestión privada para garantizar la autosostenibilidad financiera de la empresa estatal de petróleo.

Hinojosa afirmó: “Por encargo expreso de la señora presidenta de la República, y ante la difusión de algunas versiones relacionadas a Petroperú, informarles categóricamente que Petroperú no será privatizada. De esta manera, queremos dejar claro que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte no privatizará Petroperú.”

Esta declaración llega tras el comunicado oficial emitido por los integrantes del Directorio transitorio de Petroperú, en el que proponían una gestión privada como vía para recuperar la viabilidad financiera de la empresa estatal.

En el comunicado, se expresaba la solicitud de autonomía en la gestión privada de Petroperú ante la Junta General de Accionistas y el Gobierno, argumentando que esta medida sería beneficiosa para el país. Sin embargo, Hinojosa dejó en claro que el gobierno no considerará esta propuesta.

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Los integrantes del Directorio transitorio de Petroperú también advirtieron sobre los riesgos financieros que implicaría para el Estado un mayor financiamiento de la empresa, calificándolo de “irresponsable” y un “acto de inmoralidad”.

Argumentaron que solicitar más apoyo estatal podría afectar negativamente la caja fiscal y los bolsillos de los contribuyentes peruanos, sin ofrecer garantías de que la empresa no vuelva a requerir más fondos en el futuro cercano.

Ante este panorama, la postura del gobierno se mantiene firme en su compromiso de no privatizar Petroperú, buscando alternativas que garanticen su viabilidad financiera sin recurrir a la gestión privada.

Con esta decisión, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte trata de proteger los intereses del Estado.

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