PJ dicta comparecencia restringida contra expresidente Ollanta Humala

PJ dicta comparecencia restringida contra expresidente Ollanta Humala
  • Fecha Sábado 12 de Noviembre del 2016
  • Fecha 12:00 am

Tras una maratónica audiencia que se prolongó durante ocho horas, el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho impuso anoche diversas medidas restrictivas contra el expresidente Ollanta Humala, además del pago de una caución por 50,000 soles, a propósito de las pesquisas seguidas en su contra por el presunto cargo de lavado de activos en la modalidad de conversión y ocultamiento en agravio del Estado.

 

El magistrado ordenó que el exmandatario pague este monto por la referida caución (una especie de garantía económica) dentro de un plazo no mayor de 30 días hábiles, que deberá pagar en el Banco de la Nación.

 

De esa manera, el juez Concepción Carhuancho hizo suyo el pedido que solicitara en la sesión procesal el fiscal Germán Juárez Atoche, para imponérsele medidas coercitivas al exgobernante “por existir el peligro de fuga”.

 

IMPUGNACIÓN

 

En la contraparte y a lo largo de la diligencia estuvo el abogado Julio César Espinoza Goyena, quien, luego de escuchar la resolución de la autoridad judicial respecto a las restricciones fijadas a Humala Tasso, la impugnó en el mismo acto procesal ante la Sala Penal de Apelaciones Nacional.

 

La comparecencia restringida contra el investigado exjefe de Estado implica taxativamente que este no podrá ausentarse del lugar donde reside ni cambiar de domicilio sin el visto bueno del juez Concepción Carhuancho.

 

Asimismo, Humala deberá concurrir cuantas veces sea necesario al llamado de la autoridad fiscal o judicial; asimismo, deberá apersonarse cada 30 días al despacho del magistrado Concepción Carhuancho para firmar el libro de asistencia. El exinquilino de la Casa de Pizarro no hizo acto de presencia en la sesión procesal.

En caso de resistirse a cumplir cualquiera de las medidas impuestas al amparo de su comparecencia restringida, la autoridad judicial estará en condiciones de revocar esta medida para imponerle a Humala detención efectiva, según señalaron fuentes judiciales.

 

ELEMENTOS DE CONVICCIÓN

 

Juárez Atoche, secundado siempre por su equipo de auxiliares, sustentó las medidas restrictivas ante el juez Concepción Carhuancho, quien se mostró siempre meticuloso en ese extremo con el propósito de que no quedara ningún cabo suelto, susceptible de ser revocado después.

 

Para esos efectos, el fiscal recordó que las autoridades brasileñas tienen entre la documentación incautada por el caso Lava Jato, unos documentos donde figura la suma de 4 millones 800,000 reales (al cambio en dólares son 3 millones) y al costado de la misma las siglas “OH”, que corresponderían –según refirió– a las de Ollanta Humala.

 

Incluso, contrastó ese presunto hecho con una invitación hecha a Marcelo Odebrecht por el exgobernante para que el empresario viniera a Lima, donde este puso las siglas “OH” con referencia a Ollanta Humala.

 

La parte quizás más importante –entre los fundamentos hechos por Juárez Atoche– fue cuando dio a conocer una larga lista de testigos, colaboradores eficaces (dos aparentemente, pero ayer el mismo fiscal dijo que se trata de uno solo), así como dar cuenta de varios documentos en su carpeta fiscal, para expresar su convencimiento pleno de la existencia de graves elementos de convicción de que el exdignatario habría incurrido en el cargo de lavado de activos.

 

VENEZUELA Y “BARBUDOS”

 

A mérito de las pesquisas del fiscal Juárez, este ha llegado al  convencimiento de que Humala y su esposa, Nadine Heredia Alarcón, decidieron tener un acercamiento con el gobierno venezolano y luego con representantes de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS (“Barbudos”, como figuran en las agendas de Nadine Heredia), para recabar fondos para las campañas electorales del 2006 y 2011.

 

DICE QUE COLABORA

 

A su turno, el abogado Julio Espinoza opinó que las imputaciones contra su patrocinado se basaban en declaraciones de colaboradores eficaces, pero que no habrían sido contrastadas con otros medios de prueba.

El letrado consideró desproporcionado e irrazonable que se impusiera al exmandatario reglas de conducta, pues no existen los “graves y fundados elementos de convicción”; por el contrario, refirió, su patrocinado está colaborando con la investigación y carece de antecedentes penales.

 



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