PJ ordena prisión preventiva para Castañeda, pero no para Luna y Zegarra
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La jueza de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especial, María de los Ángeles Álvarez, ordenó prisión preventiva para el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, por un periodo de 24 meses.

Durante la sustentación de su resolución, la magistrada indicó que debido al estado de salud del exburgomaestre, podría haberse reemplazado la medida cautelar por prisión domiciliaria, sin embargo, la defensa legal no alcanzó a sustentar en qué condición de salud se encuentra actualmente el investigado, pues mostró solo información antigua.

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No obstante, la jueza ordenó comparecencia con restricciones para el excongresista José Luna Gálvez, ordenándole una caución económica de 500 mil soles. La misma medida se impuso contra la exgerenta municipal Giselle Zegarra, con una caución de 50 mil soles.

Los principales argumentos de Milagros Salazar, del equipo Lava Jato, es que el exalcalde de Lima podría estar reorganizándose con José Luna, Giselle Zegarra y otros ex colaboradores suyos, de la época en que recibió dinero de OAS (2010 y 2014, según las pesquisas) para campañas electorales.

“Gente que ni conozco”, sostuvo al final de la audiencia Castañeda Lossio, en referencia a la presunta organización criminal que habría encabezado para darle los peajes de Línea Amarilla a los brasileños.

Recordó que él desestimó el proyecto Río Verde porque estaba sobrevaluado, y que más bien fue pretexto para favorecer a una empresa con terrenos en Campoy, facilitados por la gestión de Susana Villarán en la Municipalidad de Lima.

Según la fiscal Salazar, el investigado fraguó un certificado médico en la Clínica Centenario (no tiene historia médica allí) para no acudir a una diligencia, y al estar separado de su esposa y poseer solo el 33 % de la vivienda donde pernocta, no tiene arraigo.

En un momento, Álvarez llamó la atención a Salazar: “Yo le pido que usted sea clara y seria”, así como a Luna, cuyo abogado indicó que la visita del líder de Podemos Perú a Palacio de Gobierno confirma su “arraigo político”.

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