Plan Bukele en Perú: mitos y realidades

El tema se discute y se sigue polemizando sin haber verificado, de manera previa y mínima, si en realidad existe voluntad política para ejecutarlo.


Son dos las razones principales por las que muchos de los proyectos o iniciativas nacionales fracasan o se quedan en el camino: o porque son burdas imitaciones de soluciones que se han implementado en el extranjero; o porque, son iniciativas puramente líricas e idílicas que solo aparecen escritas en el papel. Si a lo señalado, se sumamos ambas situaciones, no se necesita tener mucha imaginación y menos ser un especialista para predecir cuáles serán los resultados.

Me refiero a aquellos partidarios de copiar un modelo de control social complejo y ajeno a nuestra realidad en materia de prevención, represión y tratamiento de la delincuencia urbana.

¿Pura demagogia?

El tema es que se discute y se sigue polemizando sin haber verificado de manera previa y mínima, si en realidad existe voluntad política como para llevar a cabo una iniciativa de esta naturaleza; y en particular, si existen los medios económicos por lo menos para dar inicio a una reforma de estas características.

Hablamos de tratar de imitar porque es parte de una misma retórica ajena a nuestra realidad, o porque implica hacer pura demagogia para poder tener cautiva o aprendida a una población que vive atemorizada frente a la delincuencia. La suma de ambos factores explica en gran medida las razones por las que la delincuencia y la impunidad predominan en nuestro medio, y que aseveraciones de estas características por el contrario solo esconde fines netamente políticos.

Por razones de espacio me remitiré a analizar solo tres componentes del sistema de justicia que son fundamentales para evaluar si correspondería implementar un plan de acción de esta naturaleza, que en gran medida escenifican el panorama de desorden, superposición e improvisación que impera en nuestro medio.

Código Penal

En primer lugar, se trata del actual Código Penal en nuestro país -puesto en vigencia en 1991- que derogó a su vez el vetusto Código Penal de 1924 que era un esquema que una copia casi textual del Código Penal helvético de fines del siglo XIX. Este código, desde que se promulgó hace 31 años si no me equivoco, a la fecha ha sido modificado hasta en más de 500 oportunidades con fines nada prácticos y menos convincentes siempre como parte de una misma retórica legislativa grandilocuente y ampulosa que solo no se condice con nuestra realidad, sino que la hace más enrevesada y deplorable.

Código Procesal Penal

La otra norma es el Código Procesal Penal del año 2004, que aunque fue una iniciativa con fundadas expectativas sobre todo para todos y cada uno de los actores procesales, una vez que fue promulgado ha sido sometido a una serie de modificaciones, sobre todo políticas exclusivamente para favorecer a los investigados por corrupción política. Ahora un proceso judicial por delitos de corrupción y otros delitos conexos, en el mejor de los casos, puede durar entre ocho y diez años hasta que se logra una sentencia.

Código de Ejecución Penal

Una situación aún más contradictoria sucede con el Código de Ejecución Penal, el que al ser leído se imagina que se trata de otra realidad y no la nuestra, tanto que la rehabilitación, resociabilización, el trabajo y la justicia recuperativa son solo mitos frente a una cruda realidad carcelaria.

Me refiero a estos tres códigos porque son la columna vertebral de todo el sistema de justicia penal, y a los que habría otra vez que modificar para poder dar paso a un plan de las características de lo que preconiza Nayib Bukele. Una tarea de por si compleja, por la cantidad de fueros que aparecen involucrados relacionados con las labores de los jueces, policías, fiscales, procuradores, personal penitenciario e incluso parlamentarios y políticos, que son los aprueban o desaprueban cualquier tipo de reforma legislativa.

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Temas tan controvertidos como la detención en estado de flagrancia, los allanamientos, la tutela jurisdiccional efectiva, las detenciones preliminares y preventivas, los elementos de convicción, entre otros sus exigencias y requerimientos tendrían que ser modificados.

A lo que me refiero, es que lo que vemos en los medios de comunicación sobre la forma y manera como se ejecuta este plan, no necesariamente se condice con la realidad de lo que debe estar aconteciendo: una cosa es ver y escuchar un discurso grandilocuente respecto a las virtudes que encierra el plan, maximizado con escenas en las que aparecen cientos de sujetos engrilletados y semidesnudos con las cabezas rapadas y llenos de tatuajes mostrando casi una delincuencia callejera simbiótica y hasta surrealista; y otra situación muy distinta es poner en práctica esta clase de medidas de coerción personal en una realidad como la nuestra.

Millones de diferencias

Hablamos de una campaña mediática previamente diseñada y sugestiva que persigue sugestión, atracción y morbo, que en el terreno de los hechos implica algo totalmente distinto y diferente. En el Perú, a diferencia del país en donde se ejecuta el Plan Bukele, habitan un aproximado de 34 millones de personas en un territorio que alcanza 1,285 millones de metros cuadrados, mientras que El Salvador tiene solo 6 millones de habitantes que habitan una extensión de 21,040 kilómetros cuadrados.

Un plan de esta naturaleza requiere acciones inmediatas y de corto plazo, por lo que habría que empezar por construir todo un sistema de nuevas prisiones en todo el territorio nacional, porque el plan no solo se puede aplicar en Lima y otras ciudades importantes. Las leyes son iguales y se aplican en las mismas condiciones para todos los que habitan en el territorio nacional. Tendrían que ser prisiones modernas con máximas medidas de seguridad controladas y administradas por un personal especializado, que dispone de ingentes recursos en materia de salud, sanidad, vigilancia, alimentación, ejecución y mantenimiento, este último incluso el más oneroso por lo que implica mantener un régimen carcelario en óptimas condiciones.

Por Luis Lamas Puccio

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