PNP obtiene más poder de investigación con nueva norma aprobada por Congreso
El Congreso de la República aprobó, en segunda votación, un dictamen que otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP) la facultad de investigar crímenes de forma más independiente del Ministerio Público.
La norma busca agilizar los procesos penales mediante la modificación de 33 artículos del Código Procesal Penal, permitiendo que la PNP desarrolle diligencias preliminares de manera más autónoma.
Con 80 votos a favor y 24 en contra, la medida generó un fuerte debate.
El proyecto de ley establece que el fiscal continúa siendo el encargado de dirigir jurídicamente la investigación, pero la Policía Nacional ejecutará la investigación preliminar.
Según el artículo 60 modificado, la PNP seguirá bajo las órdenes del Ministerio Público, pero su participación será más directa, permitiéndole actuar con mayor celeridad. Para los promotores de la norma, esta modificación acelerará la lucha contra la delincuencia y reducirá los tiempos procesales.
Durante la sesión, algunos parlamentarios intentaron presentar una reconsideración para devolver el dictamen a la comisión, pero esta propuesta no prosperó.
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La norma se aprobó tal como estaba redactada, con modificaciones clave en artículos como el 65 del Código Procesal Penal. Ahora, una vez el fiscal tenga noticia de un delito, la Policía Nacional podrá instar las diligencias preliminares sin demora.
La medida provoó críticas por parte de expertos en derecho y desde la propia Fiscalía, que advierten sobre los riesgos de esta normativa.
“Se evidencia que el propósito de esta norma inconstitucional es que todas las investigaciones sean de conocimiento y dirección del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior”, advirtió un comunicado del Ministerio Público, destacando una posible colisión con la autonomía fiscal y la separación de poderes.
A pesar de las desaprobaciones, la norma ya está en vigor, y el debate sobre su impacto en la independencia de las investigaciones criminales continuará en los próximos meses. Los sectores jurídicos temen que este sea el inicio de un mayor control político sobre las investigaciones penales.
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