Policía Nacional en crisis: la exención de toda responsabilidad penal

Me refiero a las iniciativas legislativas y propuestas presentadas por parlamentarios y agrupaciones políticas que persiguen, por un lado, eximir de toda responsabilidad funcional a todos aquellos policías y miembros del orden que en el ejercicio de sus funciones y con sus armas de reglamento, proceden contra aquellos sujetos que en su accionar delictivo y criminal ponen en grave riesgo la propia integridad física de los custodios.

Hablamos de propuestas normativas que persiguen modificar o agregar mecanismos de exención en materia de responsabilidad funcional y penal a los policías en el ejercicio de sus labores, cuando tienen que hacer frente a una delincuencia cada vez más violenta que pone en grave riesgo la integridad ciudadana.

Se hace referencia de forma indistinta a estado de flagrancia, a la alta la peligrosidad que encierran los ataques a la policía, de los graves riesgos que confrontan todos los días los policías en el ejercicio de sus funciones, de la legitima defensa como medio de resguardo, a la presunción de inocencia, a la legalidad imperante mediante la cual un policía está autorizado para defenderse e incluso a que debía autorizarse a un custodio del orden para que bajo determinadas circunstancias abata o elimine al delincuente agresor.

Propuestas repetitivas

Se trata de propuestas o enunciados normativos que en gran medida son repetitivos, reiterativos y más que elocuentes, que aparecen establecidos en dispositivos de distinta naturaleza y rango, como leyes, reglamentos e incluso el Código Penal. Incluyo como precepto rector a la misma Constitución Política del Perú que señala en su artículo 166° que la Policía Nacional del Perú tiene por función principal garantizar el cumplimiento de las leyes, la seguridad del patrimonio público y privado, y su labor principal es prevenir, investigar y combatir la delincuencia.

Sin ánimo de polemizar, considero que el accionar de nuestra Policía Nacional se encuentra lo suficientemente esclarecido en términos de legalidad, siempre en el entendido de que se trata del uso de las armas de fuego reglamentarias frente a determinados hechos, en los que los custodios del orden en su labor cotidiana enfrentan situaciones de particular peligro y grave riesgo, tanto para su integridad y seguridad personal como de los ciudadanos a los cuales están obligados a brindarles absoluto resguardo y todo tipo de protección.

Inseguridad ciudadana

Sobre el particular, no tengo mayores dudas que nuestra sociedad atraviesa en los momentos actuales por una situación de inseguridad ciudadana como para dejar perplejo a cualquiera. Una delincuencia urbana como nunca antes se había visto, que no duda en hacer uso de cualquier medio letal incluso de naturaleza militar, si lo que se trata es de llevar a cabo todo tipo de fechorías y delitos, con fines de atacar a las fuerzas del orden y quitarles la vida.

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Hablo de una grave situación de indefensión y orfandad no solo en agravio de los custodios del orden que a diario confrontan situaciones de grave riesgo, sino de ciudadanos comunes que se encuentran a merced de bandas organizadas y todo tipo de delincuentes que no dudan de confrontar a la policía para causarles la muerte o graves lesiones.

Crisis en la policía

Sin embargo, a mi entender, la contrariedad no es propiamente legislativa ni menos implica estar modificando el marco legal no solo en forma constante sino repetitiva, como si en esencia la indefensión y desamparo policial fuera un enrevesado problema de orden jurídico.

Nuestro Código Penal, desde que se promulgó hasta la fecha, ha sido modificado en más de seiscientas oportunidades, como si la delincuencia fuera un problema de escritura y acciones parecidas.

La Policía Nacional del Perú (PNP) es una institución que tiene un peso incomparable y clave en materia de seguridad interna, y que, sin embargo, se encuentra fraccionada, politizada, desmerecida y hasta desacreditada, a tales niveles, que en lo que va de los últimos años ha ido perdiendo toda real solidez y pragmática estabilidad, lo mínimo y suficiente como para estar acorde con los nuevos desafíos que implica la modernidad y todo lo que ella conlleva.

Hablamos de una institución de importancia vertebral que se encuentra venida a menos, sobre todo a raíz de todas las injerencias, seudo reformas, malos manejos, cambios de mando, corrupción y la injerencia política permanente y constante por parte de todos los gobiernos de turno, que más han mirado en sus intereses partidarios o sectarios que apoyar a una institución que no solo representa a la autoridad en su máxima expresión, sino que debe ser garantía de absoluto imperio, rendimiento, conciencia cívica, transparencia, independencia, y por sobre todo, el respeto sobre lo que implica la autoridad como medio de convivencia social.

Corrupción y sumisión

Los resultados aparecen a la vista: expolicías en los altos mandos involucrados en casos graves de corrupción y sumisión al poder político de turno, negociados turbios en materia de ascensos.

Una institución policial que soporta magros presupuestos y sin objetivos claros y precisos a mediano y largo plazo. Una policía de la que los mismos ciudadanos dudan de su imparcialidad y presta actuación frente a los requerimientos de violencia política y urbana, y de una criminalidad y corrupción que va en aumento. Las disposiciones sobre la regulación del uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, a mi entender, son claras, precisas y más que suficientes, si de lo que se trata en última instancia no es otra finalidad que librar -vía exención de responsabilidad penal-, de toda responsabilidad funcional o penal al policía que bajo distintas circunstancias puede verse involucrado en acciones que lo que perseguían no era otra labor que se respetara por encima de todo el cumplimiento de la ley.

Si no es así, para qué entonces se modificó hace más de diez años el actual Código Penal en materia de exención de responsabilidades, que para tales efectos deja lo suficientemente claro y preciso en su artículo 20, inciso 11°: “Que están exentos de responsabilidad penal: el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte”. El problema no son las leyes, el verdadero dilema son las personas que interpretan y aplican las normas.

Por Luis Lamas Puccio 

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