Presidencia del Consejo de Ministros (PCM): renunció funcionaria encargada de adhesión del Perú a OCDE
Sara Farfán Cuba dimitió a la Secretaría de Integridad Pública, que ocupó desde marzo del año 2023.
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La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) publicó este lunes 17 de junio la Resolución Ministerial 178-2028-PCM, a través de la cual le da “las gracias por los servicios prestados” a la funcionaria Sara Farfán Cuba, quien estaba a cargo la Secretaría de Integridad Pública de la PCM.
De esta manera, la PCM aceptó la renuncia de Farfán Cuba, abogada de profesión y con experiencia en gestión pública, quien venía desempeñándose en el cargo desde marzo del año 2023 y era la responsable de liderar el proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
La dimisión de la funcionaria se produjo en medio de un enfrentamiento entre el titular de la PCM, Gustavo Adrianzén y los representantes de los organismos reguladores Ositran, Osiptel, Osinergmin y Sunass.
Adrianzén aseguró que uno de los requisitos para pertenecer a la OCDE era la creación de un nuevo Regulador Multisectorial, sin embargo, fue desmentido por los voceros de las organizaciones, que afirmaron que la propuesta de la entidad internacional no aplicaba a las compañías reguladoras.
“La integración de cuatro reguladores en uno solo es contraría a las recomendaciones que ha formulado la OCDE para reforzar la autonomía e independencia de los organismos reguladores”, sostuvo la presidenta de Ositran, Verónica Zambrano.
PCM: se conoció carta de OCDE que exige al Perú no aprobar ley que debilita colaboración eficaz
Una misiva de la OCDE remitida al entonces presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, en la que exigió al gobierno de Dina Boluarte no aprobar la ley que debilitaría la colaboración eficaz, habría sido el detonante de la renuncia de la funcionaria de Integridad Pública de la PCM.
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Farfán Cuba le habría pedido al premier que haga pública le mencionada carta, para detener la iniciativa legislativa, que fue cuestionada por la Fiscalía de la Nación, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Justicia, sin embargo, Otárola prefirió el silencio total y la ley fue aprobada por insistencia por el Congreso.
Se suspendió proceso de adhesión
Trascendió que la OCDE, a través de su grupo de trabajo sobre cohecho (soborno)habría suspendido el proceso de adhesión del Perú a la organización internacional y en los próximos días, llegaría una comisión de alto nivel al país.
Otra de las exigencias habría sido que el gobierno garantice la institucionalidad de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que no lo hizo, dado que el Congreso inhabilitó a dos de sus magistrados; también solicitó “el registro de condenas” en casos que investiga el equipo especial Lava Jato.
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