Presidenta Dina Boluarte declaró por muertes en protestas

Algunas fuentes afirman que jefa de Estado se negó responder interrogantes de abogados de víctimas y de Procuraduría.

Diario expreso - Presidenta Dina Boluarte declaró por muertes en protestas

En medio de extremas medidas de seguridad, la presidenta Dina Boluarte se presentó ayer ante la Fiscalía de la Nación para declarar sobre las muertes registradas durante las protestas en contra de su gobierno. Frente al local del Ministerio Público se colocaron rejas de seguridad y un fuerte contingente policial que imposibilitó que la prensa pudiera acercarse a la jefa de Estado.

Trascendió que Boluarte evitó responder las preguntas que tenían planeado hacerle los abogados de los familiares de las víctimas de las protestas contra su gobierno y el representante de la Procuraduría General. Vale decir que cuando llegó el turno de las preguntas de los abogados de los deudos y de la Procuraduría, la defensa de la jefa de Estado optó por no responder, alegando que buscaban la mayor “objetividad” en la investigación fiscal.

Previamente, la Fiscalía había hecho veintidós preguntas a la mandataria, “todas muy generales y no hubo repreguntas”, añadió la fuente del medio de comunicación.

Por el Ministerio Público estuvieron presentes la fiscal de la Nación Patricia Benavides y el fiscal adjunto supremo provisional Marco Huamán.

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Antes de iniciarse la audiencia, Joseph Campos, abogado de Boluarte, afirmó que su defendida estaría dispuesta a contestar cualquier interrogante planteado por la Fiscalía. Agregó que ella se compromete a responder de manera adecuada todas las preguntas que se le formulen.

“Las preguntas se tienen que formular de manera correcta. Puede haber una pregunta impertinente, capciosa, compleja, todas esas se precisan. Sin embargo, la presidenta no va a utilizar el silencio como un medio de defensa, eso está clarísimo”, explicó.

Vale precisar que Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, son investigados por los presuntos delitos de genocidio calificado y lesiones graves por las cerca de cincuenta muertes en el marco de las protestas contra el Gobierno, ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

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