Proyecto Olmos hunde a Humala y Kuczynski 

Al líder nacionalista lo acusan de presunta negociación incompatible y PPK estaría implicado en lavado de activos

Las irregularidades detectadas en torno a la ejecución del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Olmos terminaron por alcanzar a los expresidentes Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

De acuerdo con el preinforme de la Comisión Lava Jato –que será sometido a votación mañana– Humala Tasso podría enfrentar una nueva acusación constitucional, mientras que en el caso de Kuczynski se solicitaría a la Fiscalía que lo investigue por presunto lavado de activos en la modalidad de conversión.

Según las conclusiones  del referido documento al que EXPRESO tuvo acceso, las acciones desarrolladas en torno a Olmos se llevaron a cabo para utilizar recursos económicos del Estado a fin de favorecer a empresas, funcionarios y a particulares.

En el caso de Humala, se le atribuye el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, debido a que durante su mandato presidencial suscribió los decretos supremos  Nº 073-2012-EF y 331-2013-EF y el Decreto de Urgencia 016-2012.

Mediante estos dispositivos legales se transfirieron al gobierno regional de Lambayeque  US$ 49’326,000, a fin de que se pagara a la Concesionaria Trasvase Olmos (grupo Odebrecht) por un perjuicio económico financiero que no se debió reconocer.

“En el presente caso, el expresidente se involucró indebidamente de forma directa en el reconocimiento del perjuicio, ya que no analizó con detenimiento si en realidad correspondía tal reconocimiento a esta empresa del grupo Odebrecht”, se indica.

Por ello se establece que Humala habría actuado en beneficio de Odebrecht, “ya que respondía al aporte de US$ 3 millones que recibió en su campaña electoral por parte del mismo grupo conforme a las declaraciones de Jorge Barata y Marcelo Odebrecht”.

PERJUICIO

¿Cuál era el perjuicio económico que afectaba supuestamente al Grupo Odebrecht? La ejecución de las obras del Túnel Trasandino del Proyecto de Trasvase Olmos se inició el 22 de marzo de 2006; sin embargo, el cronograma de trabajo establecido inicialmente fue alterado por problemas en las perforaciones.

Por ello la constructora decide aplicar la cláusula 3.3 del contrato de concesión suscrito con el Gobierno Regional de Lambayeque, en el cual se establecía el pago de un perjuicio económico a la empresa si se generaban demoras por causas no imputables a la misma.

La forma de resarcir ese perjuicio –según contrato– era “otorgando la prórroga necesaria del plazo de concesión para que la concesionaria (Trasvase Olmos S.A de Odebrecht)  se recupere cobrando  la tarifa de trasvase del agua que debe pagar el gobierno regional, durante un periodo adicional”.

No obstante, el gobierno regional decidió pagarle a la concesionaria USS$ 43’642,000 por ingresos de servicios de trasvase programados y no percibidos. Así como US$ 5’684,000 por inversión adicional.

Y para cumplir con este pago –acordado en un acta de trato directo con el concesionario– se solicitan recursos al gobierno de Humala, y este, muy solícito, firma las autorizaciones correspondientes mediante los tres decretos ya mencionados.

KUCZYNSKI

En el caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, el preinforme de la Comisión Lava Jato concluye que, en su condición de ministro de Economía y Finanzas y premier durante el gobierno de Alejandro Toledo, habría favorecido al grupo Odebrecht. “El expresidente habría incurrido en la modalidad de conversión del delito de lavado de activos regulado en la Ley 27765”, precisa el documento.

Se advierte que habría constituido la empresa off shore “Dorado LTD”, a fin de realizar operaciones comerciales “que le permitan  percibir el pago de aproximadamente US$ 1’079,636, obtenido por Westfield Capital en la asesoría financiera a Concesionarias Trasvase Olmos S.A”, se establece.

Mediante el pre informe de la comisión investigadora, se advierte que Kuczynski habría utilizado este mecanismo, porque sabía que estaba impedido de realizar actividades de asesoría financiero en la medida que ocupaba cargos públicos.

Por ello, la recomendación Nº2 del referido pre informe, recomienda remitir al Ministerio Público lo actuado para que se evalúe el inicio de la investigación preliminar en contra del ex mandatario por lavado de activos.

“Esto sin perjuicio que el Ministerio Público, en el ejercicio de sus funciones y competencias, determine otras responsabilidades penales a que hubiera lugar, en los hechos descritos en la presente investigación”, se indica.

DESDE EL PRINCIPIO

De acuerdo con las indagaciones de la Comisión Lava Jato, el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético de Olmos, fue clasificado inicialmente como una iniciativa privada auto sostenible.

“No obstante, conforme al análisis correcto del marco norma vigente al momento de [otorgar] la clasificación se desprende que debió ser considerada como cofinanciada”, se indica.

Se advierte que si se hubiera dado la clasificación correcta al proyecto, éste debió ejecutarse de acuerdo a los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). “Con ello se hubieran podido evitar las consecuencias negativas como el fracaso de la subasta de tierras”, se precisa.

Se indica además que al ser clasificado como auto sostenible, se evitó que el proyecto sea sometido a mecanismos de control y se pasó automáticamente al diseño del contrato de concesión.

CIFRA

2005

En ese año Yehude Simon suscribió la segunda adenda al contrato de concesión del Proyecto Trasvase Olmos