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¿Qué aprobó el Congreso en la ley de reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria?

Legislativo ratificó norma para eliminar inmunidad parlamentaria, pero también para quitarle esta prerrogativa a ministros, defensor del Pueblo y magistrados del TC, y para acusar al presidente por delitos contra la administración pública cometidos antes o durante su mandato.

¿Qué aprobó el Congreso en la ley de reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria?
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El Pleno del Congreso aprobó, el último domingo por la noche, con 110 votos a favor, 13 en contra y cero abstenciones, el dictamen para, a través de cambios en la Constitución, eliminar la inmunidad parlamentaria, pero, a su vez, le quitó también esta prerrogativa y el antejuicio a los ministros de Estado y determinó que el presidente de la República puede ser acusado por delitos contra la administración pública cometidos durante su mandato o con anterioridad. 

Para llegar a este punto, horas antes, el mandatario Martín Vizcarra reprochó que el Parlamento no aprobara, en la madrugada del pasado sábado, con los 87 votos requeridos para evitar el referéndum la eliminación de la inmunidad de los legisladores, al recordar que esta fue una «promesa de campaña de casi todos los candidatos».

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Los cuestionamientos provocaron que se convoque a sesión virtual del Pleno para reconsiderar dicha votación, y, tras más de 5 horas de debate, el Legislativo modificó no uno sino hasta cinco artículos de la Carta Magna (93, 99, 117, 161 y 201).

¿Qué aprobó, entonces, el Congreso?

La iniciativa de reforma constitucional ratificada por el Legislativo cambia cinco artículos de la Constitución Política de la siguiente manera:

-Artículo 93: se elimina la inmunidad parlamentaria y se deja en manos de la Corte Suprema de Justicia los procesos penales sobre delitos comunes cometidos por los congresistas durante su mandato.

-Artículo 99: se dispone que ministros del Estado no cuenten con antejuicio político ni ningún tipo de inmunidad durante el ejercicio del cargo.

-Artículo 117: se establece que el presidente de la República puede ser acusado por delitos contra la administración pública durante su mandato o con anterioridad.

-Artículo 161: se plantea que el defensor del Pueblo sea elegido y removido por el Congreso con el voto de dos tercios de su número legal.

Además, se elimina el párrafo que precisa que el defensor «goza de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas de los congresistas».

-Artículo 201: se determina que la elección de magistrados del Tribunal Constitucional tenga los mismos requisitos que para ser vocal de la Corte Suprema; se agrega que a estos les alcanza las mismas incompatibilidades que a los congresistas, y que no hay reelección inmediata.

También se suprime el párrafo que remarca que los miembros del TC «gozan de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas que los congresistas».

Al tratarse de una ley de reforma constitucional, se requiere una segunda votación calificada en la siguiente legislatura que inicia este lunes 6 de julio. Este tipo de normas no pueden ser observadas por el Ejecutivo.

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