FLORES-ARÁOZ: EL CONGRESO TIENE EL RETO DE HACER RESPETAR SUS FUEROS Y NO SOMETERSE A CAPRICHOS

¿Qué hace el Perú en la Corte Interamericana?

Ha llegado el momento de definir los términos de la salida del país de la competencia contenciosa de ese tribunal político, afirma Enrique Ghersi.

  • Fecha Jueves 5 de Julio del 2018
  • Fecha 12:00 am



Ante la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordena que el Congreso de la República debe abstenerse de continuar el trámite de la acusación constitucional formulada por un grupo de exmarinos que intervinieron hace más de 30 años en debelar el motín terrorista del penal de El Frontón, el doctor Ántero Flores-Aráoz considera que el Legislativo no tiene por qué someterse a los caprichos de la citada corte y su colega Enrique Ghersi plantea que ha llegado el momento de definir los términos de la salida del Perú de la competencia contenciosa del citado tribunal supranacional.

Lo que ha hecho la Corte IDH es “rechazar un recurso de aclaración que presentó el Estado peruano contra la resolución que dio lugar al tema de una acusación contra los magistrados del TC que revisaron el asunto de El Frontón”, señala Ghersi, un jurista de sólida formación liberal.

Si esto es así, “el primer problema es que ese mandato de la Corte es obligatorio y vinculante para el Estado peruano en la medida en que es signatario de un tratado internacional, por lo que al Congreso no le queda más alternativa que obedecer”.

Ante esta realidad, que raya en la majadería, Ghersi considera que el Estado peruano debe considerar seriamente la posibilidad de apartarse de la competencia contenciosa de la citada Corte por el alto contenido político de sus sentencias y resoluciones.

“Yo he sido hace mucho tiempo partidario de que el Perú tiene que revisar su membresía en la Corte Interamericana, no lo han querido hacer cuando hace años se planteó la retirada de una forma altamente discutible, por lo que el Perú regresó a la competencia contenciosa”, sostiene Ghersi, trayendo a colación aquel intento fallido en el segundo gobierno de la autocracia fujimorista.

Pero en las nuevas circunstancias, se tiene que producir un debate sobre “el sentido de que el Perú siga siendo parte de una Corte a la que nadie acata nada sustantivo; tanto que el 60 o 70 % de sus fallos son rechazados”.

“He leído a mi querido amigo Carlos Chipoco en una entrevista en EXPRESO y dice que el miedo que tiene la Corte es que los Estados parte no obedezcan sus fallos. Entonces ¿qué hacemos ahí si Estados Unidos tampoco es miembro de la Corte Interamericana?”, se interroga.

“Entonces, si Estados Unidos, que es el inventor de todo este asunto de los derechos humanos, no es miembro de la Corte, yo me pregunto: ¿de qué sirve la Corte Interamericana?”, subraya.

Más si “no ha podido impedir el genocidio que está cometiendo [Nicolás] Maduro en Venezuela ni la masacre en Nicaragua, por lo que yo me pregunto: ¿qué hace el Perú ahí? No tiene ningún sentido”, reitera.

“La Corte es una cosa poética perfectamente inútil y ya lo vimos en el indulto de Fujimori donde se lavaron las manos”, afirma.

Es más, “a mí me parece que la Corte es un tribunal político, por lo tanto no es un tribunal”, enfatiza.

INTERVENCIONISMO INACEPTABLE

Sobre el tema de El Frontón, Ántero Flores-Aráoz, expresidente del Congreso, recuerda que “los exmarinos reclamaron que no era lícito reabrir procesos que ya habían culminado, como dispusieron los miembros del TC, contra la opinión y votos de los magistrados Blume, Urbiola y Sardón”.

“Al haber la Corte dispuesto que no prosiga el trámite de acusación contra los magistrados constitucionales Espinosa-Saldaña, Ramos, Ledesma y  Miranda, está atentando contra las disposiciones constitucionales peruanas de que los miembros del TC, entre otros altos funcionarios, puedan ser pasibles de acusaciones constitucionales, lo cual ya es un despropósito, pues atenta contra normas del más alto rango jurídico en el Perú”, explica el letrado.

Más aún, agrega, si bien es cierto que la Constitución señala que los tratados internacionales forman parte del derecho nacional, “dichos tratados no pueden estar por encima de la Constitución, la cual se encuentra en la escala más alta del sistema jurídico”.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en varias oportunidades, ha pretendido estar por encima de la Constitución, “no solamente en casos en que el Estado peruano ha sido denunciado, sino también en otros países del continente, lo que es un grave absurdo, además de un intervencionismo inaceptable en tal nivel”.

El Congreso de la República, por lo demás, “es quien nombró a los magistrados del Tribunal Constitucional, y puede retirarles la confianza que les otorgó mediante el trámite de acusación constitucional, en el que puede incluso destituirlos e inhabilitarnos hasta por diez años en el ejercicio de función pública”.

La acusación interpuesta contra los cuatro magistrados a los que nos referimos, y que es materia de la resolución de la Corte IDH, es muy grave, “pues se acusa a tales magistrados de haber cambiado, por interpretación ilegítima, el sentido del voto del entonces magistrado Vergara Gotelli. En el fondo se cambió una resolución del TC que ya había causado estado y era inamovible”, subraya.

Ahora el Congreso de la República, finaliza Flores-Aráoz, tiene el reto de encontrarse en “la encrucijada de hacer respetar sus fueros, atribuciones y facultades constitucionales, o someterse a los caprichos de la Corte Interamericana”.

1981

En la primera ratificación de la Convención Americana el Perú no aceptó la competencia contenciosa absoluta de la Corte IDH. La aceptación incondicional fue ordenada por la Constitución de 1979 y sobre la base de la declaración unilateral de la parte peruana presentada a la OEA en enero de 1981, en la segunda administración de Fernando Belaunde.

PLINIO ESQUINARILA








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