Rafael López Aliaga, Mercedes Aráoz y 100 ciudadanos más condenan politización de la justicia

Parcialización de JNJ y amedrentamiento por parte de Diviac y de Autoridad Nacional de Control del PJ atenta contra el sistema democrático.


Rafael López Aliaga, Mercedes Aráoz y otros ciudadanos expresaron su rechazo contra las autoridades que, contrarias a la labor de velar por el derecho de las personas y la institucionalidad democrática del Perú, ejecutan procedimientos que manchan la democracia. 

En la parte inicial del extenso comunicado, se expone la necesidad de que un poder independiente del Estado, como el Poder Judicial (PJ), respete la autonomía de jueces, dando cuenta que entidades como la Diviac y la Autoridad Nacional de Control (ANC) “amedrentan” a magistrados y fiscales.

De la misma manera, se reprueba que “una JNJ parcializada contra la Dra. Patricia Benavides” la haya suspendido sin sustento, imputándole un delito sin haberla investigado, violando los derechos de defensa y obviando el debido proceso. Además, calificó de “insólito’ el accionar de la ANC contra la jueza que admitió la solicitud de amparo de la fiscal de la Nación suspendida.

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“Es insólito que la Autoridad Nacional de Control inicie proceso disciplinario a la jueza Tarrillo del 6° Juzgado Constitucional por haber dictado una medida cautelar contra la JNJ, olvidando que la citada Junta también obtuvo una medida cautelar contra el Congreso“, se lee en el comunicado, el cual también refirió no comprender por qué las decisiones jurisdiccionales no respetan los plazos de ley.

Los hechos mencionados nos llevan a la convicción que existe una exacerbada politización de la justicia, pretendiéndose, por ejemplo, sin ninguna corroboración, cuestionar la elección de la Dra. Benavides Vargas como fiscal suprema en la JNJ y luego su elección como fiscal de la Nación en la Junta de Fiscales. La propia Junta Nacional de Justicia lo ha desmentido dejando sin sustento la ligera imputación del EFICCOP a personas a quienes se les ha allanado abusivamente sus propiedades”.

Finalmente, la manifestación suscrita por la firma de 144 ciudadanos advierte que, de persistir la desestimación de la presunción de inocencia de las personas, se pone en peligro la institucionalidad democrática del país.

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