Recargo a propina sería obligatorio en restaurantes y hoteles, afectando al consumidor

Ahora, los agentes del Estado carterista quieren hacer que el recargo de un nuevo tipo de propina en servicios de hoteles, hospedaje y expendio de comidas sea obligatorio y que alcance a los sindicatos del sector, afectando obviamente a los consumidores, que ya pagan en la factura de consumo el 10%. La propina que el usuario da al mozo, de acuerdo al servicio, es lo justo. El recargo es un sobrecosto. Veamos cómo es esta historia y cómo en el Congreso se pretende afectar a los consumidores.

Este diario ha tenido acceso a un conjunto de iniciativas legales que buscan atenazar el ya agujereado bolsillo de los consumidores peruanos, para entregar una parte de este botín a los sindicatos y federaciones del sector de hoteles, restaurantes y afines. Por un lado, la congresista Jhakeline Katy Ugarte Mamani, de Perú Libre, presentó el PL 5173-2022-CR, que busca, de manera aparentemente inofensiva, declarar algo que es obvio: “que el 100% de lo recaudado por concepto de recargo al consumo y propinas sea destinado únicamente a los trabajadores”, como si este planteamiento no estuviera ya regulado por la Quinta Disposición de la Ley 24896 del 24 de diciembre de 1992.

El problema con la iniciativa de la legisladora de la bancada de Pedro Castillo es que esta cambia la naturaleza del “recargo de consumo”, dejando de ser una potestad que tienen los trabajadores y empleadores para fijarlo o no por acuerdo entre ellos y en cada establecimiento, y ahora pretende hacerlo obligatorio para todo tipo de hoteles, restaurantes y establecimientos de expendio de bebidas en todo el territorio nacional, que ya pagan el 10% en cada factura de consumo. Consultado al respecto, el abogado Fausto Salinas, expresidente de la Cámara de Comercio del Cusco, señaló que la nueva iniciativa, como está planteada y conforme al texto sustitutorio elaborado en el Congreso, “vuelve obligatorio el recargo en todo tipo de establecimientos, eliminando el carácter potestativo que tiene hasta la fecha, ya que ese carácter potestativo solo se restringe a la forma y modo en que se abona el beneficio a los trabajadores”.

El efecto práctico de esta iniciativa es que se puede incrementar hasta en un 13% el costo de los alojamientos y restaurantes, teniendo esto mayor incidencia en los establecimientos de bajo costo y de precios económicos, que hasta el día de hoy no efectúan ese recargo del consumo para no encarecer sus tickets de venta al público. Un menú, un pollo a la brasa, el chifa de la esquina o el caldo de gallina tendrían ahora que pagar hasta un 13% más para poder cumplir con esta iniciativa legal.

Ámbito de influencia

Según el proyecto de reglamento que se distribuye junto al proyecto, el ámbito de aplicación es para “todos los trabajadores y empleadores que se dediquen a la actividad económica de servicios de hospedaje o de expendio de comidas y/o bebidas”. Se refiere a los servicios de hospedaje, hotelería, alojamiento, albergue y, en general, a todo establecimiento que se encuentre bajo el ámbito del Decreto Supremo N.° 001-2015-MINCETUR, que aprueba el Reglamento de Establecimientos de Hospedaje. En cuanto al establecimiento de expendio de comidas y bebidas, se refiere obviamente a “los restaurantes, fuentes de soda, bares, cafés y, en general, a cualquier establecimiento que se encuentre bajo el ámbito de aplicación del Decreto Supremo N.° 025-2004-MINCETUR, que aprueba el Reglamento de Restaurantes”.

Los sindicatos

Sin embargo, esto no queda allí. Y es que para terminar de atenazar a los consumidores, los gremios sindicales de hoteles y restaurantes vienen impulsando un proyecto de Decreto Supremo que le otorga el 1.5% de todo ese Recargo de Consumo del país a las federaciones y confederaciones sindicales.

Dicho de otra forma, lo que se busca es que, por un lado, desde el Congreso el recargo se vuelva obligatorio, es decir, no solo se cobre, como hasta ahora, en los hoteles y restaurantes de lujo o de cadena, sino que se generalice y, adicionalmente, se le quiere entregar el 1.5% de todo este recargo a sindicatos, federaciones de hoteleros, gremios como la CGTP e, incluso, a empresas que no tengan sindicatos.

“Es tan osada esta movida que el proyecto de Decreto Supremo inclusive pretende que las federaciones sindicales fiscalicen este beneficio y regulen su percepción y forma de pago en empresas que NO TIENEN SINDICATO o donde los SINDICATOS son MINORITARIOS”, señala Salinas.

Así, por ejemplo, un agente sindical podría ingresar a una tienda de salchipapas y exigir cuánto cobró por recargo de consumo, cómo lo repartió y, sobre todo, cuándo le va a pagar el 1.5% que le toca a su sindicato.

Sindigarcas

Queda clara la movida de los legisladores de Perú Libre, como Katy Ugarte: fortalecer los sindicatos con el bolsillo de los consumidores, a los cuales les encarecerán el pollo a la brasa, el ceviche de la esquina y hasta la ‘chela’, para que los sindigarcas (Milei dixit) engorden y tengan más poder.

¿Qué dirá a todo esto el ministro de Trabajo, Daniel Maurate? ¿Estará atento a esta peligrosa iniciativa o será parte de la tenaza contra el consumidor? se preguntan en las empresas del sector turismo. Y en el Congreso, ¿se dará paso a este proyecto de ley contra el bolsillo de los consumidores?

El rol de gobernador Salcedo

Asimismo, la imagen de Cusco para los turistas no solo es pésima por la falta de agua en el centro histórico –y que muchos restaurantes deben comprarla en cisternas clandestinas–, sino que, además, el gobernador regional Werner Salcedo contribuye a esta esperpéntica situación al haber destrozado la confianza de los inversionistas al arrebatar al grupo Belmond la concesión del Hotel Sanctuary Lodge en las proximidades de Machu Picchu, el cual, por años, se encargó de atraer a los más exclusivos turistas del planeta, dado que el grupo ofrecía garantías. Salcedo, al darse cuenta de su error, ahora quiere licitar el hotel a otras empresas privadas.

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Los establecimientos de hospedaje o expendio de comidas y bebidas que apliquen un recargo de propinas en el consumo están obligados a informar a los consumidores, de manera previa al consumo, sobre el cobro por dicho recargo.

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