SAC: todas las respuestas de Pedro Castillo sobre su fallido golpe de Estado
El interrogatorio buscaba conocer su papel del expresidente y de los que estuvieron presentes en Palacio.
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El expresidente Pedro Castillo dio sus descargos sobre el golpe de Estado. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso le envió un documento con 11 preguntas. El objetivo era conocer el papel del exmandatario y de los que estuvieron presentes aquel 7 de diciembre en Palacio de Gobierno.
Lejos de conocer más a fondo cuál fue el panorama en la sede del Ejecutivo cuando el profesor chotano dio este mensaje a la Nación, el despacho congresal mencionado solo recibió la misma respuesta para todas las preguntas.
El interrogatorio
Algunas de las interrogantes fueron cuándo y por qué decidía cerrar el Congreso e intervenir el sistema de justicia. También habían otras respecto a quién elaboró el mensaje golpista y a quién le había comunicado previamente que iba a adoptar esa medida inconstitucional.
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Asimismo, le consultaron a Pedro Castillo a quiénes convocó a Palacio en el momento del mensaje; desde cuándo sabían esto Betssy Chávez, Aníbal Torres, Willy Huerta y Gustavo Bobbio; y si el entonces ministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, le expresó su aprobación al golpe.
La respuesta del golpista
Para todas estas preguntas, el exmandatario respondió:
"Me abstengo a declarar, al amparo del art. 170 numeral 6 del NCPP al ser una pregunta capciosa ya que no se puede determinar si mi respuesta es como imputado y testigo. Igualmente, según el art. 139.2 de la Constitución, señala que no se puede abocar autoridad ante un proceso que ya se encuentra judicializado. Siendo el caso que los hechos del 07 de diciembre del 2022 se encuentran en plena investigación, ante el juez de investigación preparatoria 39-2022 y además con orden de prisión preventiva de 18 meses. Existiendo una duplicidad de investigación: una por el Congreso y otra por el Poder Judicial", se lee.
Pedro Castillo viene cumpliendo una prisión preventiva de 18 meses por los presuntos delitos de conspiración y rebelión tras el golpe de Estado. Esto, sin embargo, podría ampliarse. La Fiscalía pediría 36 meses de la misma medida después formalizaran una investigación preparatoria en su contra por las comisiones de organización criminal, colusión y tráfico de influencias.
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