caso chinchero. ARCHIVARON INVESTIGACIONES A MANDATARIO

Sánchez y Pérez blindaron a Vizcarra

Fiscal supremo lo retiró de caso cuando iba a asumir Presidencia, y el provincial tuvo las pruebas de corrupción en laptop incautada, pero calló.

Sánchez y Pérez blindaron a Vizcarra
  • Fecha Viernes 30 de Agosto del 2019
  • Fecha 8:04 am

Por: César Rojas.

Documentos encontrados en la computadora de un ejecutivo de Kuntur Wasi, y que incriminarían al presidente Martín Vizcarra en delitos como colusión y negociación incompatible por el caso Chinchero, estuvieron en custodia del fiscal José Domingo Pérez durante 18 meses, pero este nunca los usó. Esto permitió que Pablo Sánchez, extitular del Ministerio Público, sustrajera al jefe de Estado de las investigaciones el año pasado.

En los últimos días, se supo que el 15 de marzo del 2017 se había incautado la laptop de José Balta, gerente general de la empresa oficialmente inscrita como la Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi S.A. El operativo había sido dirigido por Pérez.

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“Según confirmó un vocero de la Fiscalía a RPP Noticias, se procedió con el allanamiento luego que la empresa se negara a recibir a los fiscales el día 15 de marzo tras haber fallado a entregar una serie de documentos solicitados el día anterior”, reseñaba RPP.

es que información valiosísima estaba al alcance de las investigaciones que ahora solo comprenden a funcionarios y ejecutivos que no tienen derecho al antejuicio, como un ministro de Estado, y menos a una inmunidad total, como quien ocupa ahora Palacio de Gobierno.

“Un pliego interpelatorio de preguntas y respuestas para el exministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Martín Vizcarra Cornejo, elaborado el 10 de marzo de 2017”, se lee en la disposición de la ahora encargada del caso, la magistrada anticorrupción Zoila Sueno, respecto a lo encontrado en el equipo informático del gerente general de Kuntur Wasi, Jorge Balta del Río.

Sueno reemplazó en noviembre del 2018 a Pérez, cuando este fue retirado del caso Chinchero por el entonces fiscal de la Nación Pedro Chávarry. Por aparente coincidencia, en ese momento arreció la campaña del Poder Ejecutivo y medios de comunicación afines, contra el alto magistrado.

¿Cuál era el tema político en marzo del 2017? Que se iba a interpelar al principal personaje de esta trama, por la polémica adenda al lesivo contrato firmado por el gobierno de Ollanta Humala con la empresa de capitales chilenos y argentinos.

La fecha fijada era el 16 de ese mes, pero a raíz del embate del Niño Costero, el Congreso decidió suspender “hasta nuevo aviso” la interpelación a Vizcarra, que constaba de 83 preguntas. Se decidió entonces que sería el 22 de mayo de ese año.

CONTRALORÍA EN ACCIÓN

Fue en ese periodo que la Contraloría de la República presentó los resultados de una investigación lapidaria al proyecto Chinchero, e incluso señaló que denunciaría penalmente a diez funcionarios subalternos del ministro.

Esto se había visto reforzado con el famoso audio donde Édgar Alarcón era presionado por Alfredo Thorne (MEF), Fernando Zavala (PCM) y el entonces titular del MTC, para levantar las observaciones a cambio de mayor “presupuesto”. Ante el escándalo Vizcarra renunció.

Pero durante ese tiempo, el fiscal Pérez disponía de la información comprometedora. No la difundió durante año y medio, tiempo durante el cual no se le escuchó ningún pronunciamiento del tema, a diferencia de las investigaciones que sigue contra políticos de oposición, que son matizadas con al menos una entrevista cada semana, casualmente en la misma prensa que denunciaba a Chávarry.

Si Sueno pudo elaborar un requerimiento de investigación preparatoria en la mitad del tiempo de su antecesor, y además halló que el gerente de Kuntur Wasi contaba con dos informes financieros que la gestión de Vizcarra en el MTC había encargado a la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) sobre la factibilidad de la obra aeroportuaria; lo sospechoso es que estos documentos aún no habían sido remitidos al referido sector.

Según la memoria de la laptop de Balta, uno de los informes estaba guardado desde el 16 de enero del 2016, pero fue entregado oficialmente al MTC el 16 de enero del 2017. La elaboración había costado 45 mil dólares, cuando ya estaba en manos del consorcio favorecido. El descuido, omisión, olvido o negligencia de Pérez coincidió con otra situación dentro del Ministerio Público que favoreció al ahora mandatario: en marzo del 2018, casualmente un año después de incautar la tantas veces referida laptop, se informó que Pablo Sánchez –a la sazón fiscal de la Nación- señaló que no había motivo para seguir investigando a Vizcarra Cornejo.

La resolución del magistrado supremo tenía fecha 21 de febrero. “Sánchez Velarde aclaró esta decisión podría verse alterada dependiendo del avance de la investigación que desarrolla el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez en el caso principal”, se informaba. Ya sabemos cómo fue el avance que desarrolló Pérez. En ese momento, el contexto político era la inminente vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, a quien se le hallaban cada vez más pruebas de vínculos con Odebrecht que había negado.

Ya se sabía de las cada vez mayores probabilidades de que el entonces embajador en Canadá, y primer vicepresidente, regresara al Perú para asumir el poder, como pasó un mes después, cuando los “kenjivideos” le dieron la estocada política final al peruano-norteamericano. Si Sánchez Velarde favoreció a Vizcarra desconociendo el contenido de la computadora, esto podría configurar una grave falta de Pérez, ya que le correspondía brindar todos los indicios en este importante caso, lo cual no habría realizado.

CONSIGNA INFINITA

De otra parte, la exviceministra de Transportes y actual presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli Aristondo, es delatada directamente por quien era director de Concesiones en el MTC al momento de empezar esta supuesta renegociación del contrato. “Se advierte que la imputada tenía desde un inicio la consigna de que se haga una adenda, puesto que su coimputado Yaco Rosas ha señalado a la pregunta 42 (…) respondiendo que le pidió cuando llegó a trabajar en agosto de 2016 destrabar el proyecto”, señala la fiscal Sueno, en base a testimonio del mencionado exfuncionario.

Como si fuera poco, en la Dirección de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía, habría otro supuesto hombre clave, quien admitió que Kuntur Wasi era liberada de plazo alguno para garantizar su inversión.

“Camilo Carrillo Purín, con la finalidad de sustentar la adenda, ha señalado a este despacho fiscal que como no había fecha cierta de cierre, la concesionaria podía presentar un nuevo EGP (Endeudamiento Garantizado Permitido) hasta el infinito, advirtiéndose que el imputado Nicanor Carrillo Purían, para valorar la adenda no había revisado el contrato original”, se indica en la disposición del Ministerio Público.

Funcionarios también armaron famosa adenda

Mucho se ha hablado de niveles altos de la política y de Kuntur Wasi en el “destrabamiento” del proyecto del aeropuerto de Chinchero mediante la controvertida adenda que firmó el hoy presidente Martín Vizcarra mediante resolución ministerial cuando era titular de Transportes y Comunicaciones. Pero otros niveles administrativos también jugaron su papel, como podemos ver en dos altos funcionarios.

Es el caso del acusado Yaco Rosas Romero, director general de Concesiones del MTC, firmó la adenda N° 1 del contrato de concesión del Aeropuerto de Chinchero, Cusco, el 3 de febrero de 2017, con pleno conocimiento –según la fiscal Zoila Sueno-, de que: 1) La adenda altera las condiciones originales del proceso licitario que los postores hubieran propuesto de haberse realizado bajo este nuevo esquema que altera el contrato. 2) Altera también la asignación de riesgos establecidos en el Contrato de Concesión, es decir la asignación de riesgos originales del contrato de concesión en detrimento del Estado. 3) Desnaturaliza el esquema de la Asociación Pública Privada al transferir el riesgo de financiamiento en detrimento del Estado y permitir que asuma este el riesgo por las inversiones para los tres primeros años de la etapa de ejecución de obras. Hernán Omar Muñoz Valdivia, el asesor legal de la Dirección de Concesiones, si bien en un primer momento no estuvo de acuerdo con la adenda, mediante un informe del 28 de noviembre de 2016, dirigido a Yaco Rosas, da cuenta que las partes vienen trabajando en la elaboración de una adenda del contrato que permita viabilizar la obra en 2017.

Y en otro informe, él mismo avaló a Goldman Sachs, afirmando por escrito que este banco de inversión cumplía con los requisitos para ser considerado Acreedor Permitido. Esto no era cierto, según el escrito de la fiscal Sueno. Y es que dicha entidad financiera no contaba con la autorización del concedente, es decir la parte peruana. Es más, el documento que hizo llegar Goldman Sachs no tenía firma de ningún representante de dicha entidad, amén de que dicha carta no se comprometía a nada, menos a ser Acreedor Permitido. “La propuesta de Adenda N° 1 ha sido sustentada técnica, legal y económicamente”, sostuvo en forma reiterada sus nuevos defensores. “Mantiene las condiciones de competencia del proceso de promoción, no altera el factor de competencia, las modificaciones propuestas están dentro del marco legal”, añaden.

En suma, la adenda no cambia la naturaleza del contrato, el equilibrio económico-financiero de la concesión y tampoco la naturaleza de las APP, señalan en sus informes. Nada de esto era cierto porque todo indica que eran parte de un “pacto colusorio” con la concesionaria y niveles altos del poder. Es más, tales opiniones “técnicas” contradecían las decisiones del organismo técnico llamado Ositran.

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