Se impone Estado de Sitio

Se hace vital que se decrete Estado de Sitio, al estar en riesgo y zozobra en casi todo el país.

Por Alfredo Vignolo G. del V.

La doctrina y el derecho constitucional comparado admiten que la vida institucional no es siempre uniforme, permanentemente lineal, ni absolutamente previsora del acontecer coexistencial dentro de una comunidad política; por el contrario, ante los avatares de la historia, la sensatez acredita la necesidad de que el Estado esté premunido de los instrumentos necesarios para afrontar aquellas situaciones extraordinarias que impiden el cumplimiento de los fines de la sociedad y que amenacen su perdurabilidad como tal.

El régimen de excepción hace referencia a aquellas competencias de crisis que la Constitución otorga al Estado con el carácter de extraordinarias, a efectos de que pueda afrontar hechos, sucesos o acontecimientos que, por su naturaleza, ponen en peligro el normal funcionamiento de los poderes públicos o amenazan la continuidad de las instituciones estatales y los principios básicos de convivencia dentro de la comunidad.

El artículo 137 de la Ley de leyes contempla que el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Congreso de la República o a la Comisión Permanente, los estados de excepción, ya sea «Estado de emergencia», en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. En esta eventualidad, puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2° y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo. En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie. El plazo del estado de emergencia no excede de sesenta días. Su prórroga requiere nuevo decreto. En estado de emergencia, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el presidente de la República.

Hay que recordar que el gobierno de Dina Boluarte, emitió el Decreto Supremo No. 143-2022-PCM que declara el Estado de Emergencia a nivel nacional, con fecha 14 de diciembre del año pasado y en los considerandos se sostiene que, el artículo 44 de la Carta Magna prevé que son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad.

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Así mismo que el artículo constitucional 137 establece que el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción señalados en dicho artículo, entre los cuales se encuentra el Estado de Emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, que afecten la vida de la Nación, pudiendo restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio.

Que, el artículo 166 de la Constitución dispone que la PNP tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno; así como, prevenir, investigar y combatir la delincuencia;

Que, el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1266 (Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior) establece que este ejerce competencia exclusiva a nivel nacional en materia de orden interno y orden público.

Inclusive -según las Normas Legales del diario oficial El Peruano- de acuerdo con el Oficio N° 862-2022-CG PNP/SEC (Reservado), la Comandancia General de la PNP recomendó que se declare por el término de treinta (30) días calendario, el Estado de Emergencia a nivel nacional, sustentando dicho pedido en el Informe N° 260-2022-COMASGEN-CO PNP/OFIPOI (Reservado) del Comando de Asesoramiento General, mediante el cual se informa sobre diversos conflictos sociales a nivel nacional, registrados a partir del 7 de diciembre de 2022, que vienen generando actos de violencia y vandalismo contra las instituciones públicas y privadas, así como agresiones contra la integridad personal de los ciudadanos y autoridades, lo que ha generado una grave situación de crisis a nivel nacional.

Mediante el artículo 1, se declaró Estado de Emergencia a nivel nacional por el término de treinta (30) días calendario, en donde la PNP mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, quedando suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, comprendidos en los incisos 9), 11), 12) y 24) literal f) del artículo 2 de la Constitución Política.

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La intervención de la PNP y de las FF.AA. se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la PNP, y en el Decreto Legislativo N° 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las FF.AA. en el territorio nacional y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2020-DE, respectivamente.

Sin embargo, las protestas no cesan en el sur del país y se vienen radicalizando con bloqueos de carreteras, tomas de aeropuertos, movilizaciones y una paralización casi total. Los focos se centran hasta el momento en Puno, Cusco, Arequipa, Tacna y otras regiones del país. Lo que demuestra que el Estado de Emergencia que vence este sábado 14 no ha tenido los efectos deseados.

Por lo que se hace de vital importancia que se decrete Estado de Sitio, al estar en riesgo y zozobra casi todo el territorio patrio, entendiendo que el Estado es la estructura que concentra el poder político delegado por el pueblo soberano para que cumpla con determinados fines en procura del bienestar general. Es por ello que le corresponde elaborar políticas públicas con el objetivo de lograr el desarrollo social, económico y cultural del país, así como garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales. Entre ellas, una de las más importantes es la concerniente a la seguridad, pues ésta constituye no sólo un presupuesto para el desarrollo, sino también el escenario dentro del cual los derechos fundamentales pueden ejercerse.

Sin seguridad no hay desarrollo, ni ejercicio pleno de los derechos y libertades fundamentales. De ahí que el artículo 163 de la Constitución establezca, como una de las tareas fundamentales del Estado, la de garantizar la seguridad de la Nación.

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