Sentencia confiscatoria contra Southern Perú
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Los medios cercanos a la minería se sacudieron desde sus bases por una noticia bomba contra Southern Perú, la principal minera cuprífera del país: una resolución  del Vigésimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima  que despacha el juez provisional José Carlos Altamirano Portocarrero ordena que más de la quinta parte de sus acciones de inversión (22.32 %), es decir, nada menos que 12.1 millones de sus acciones de inversión sean transferidas a 904 de sus extrabajadores a cambio de sus acciones laborales emitidas en 1979 bajo la dictadura militar.

Para ello, el juzgado en lugar de recurrir a un peritaje contable y financiero se ha limitado a aceptar un simple informe con un cálculo aritmético, que en base a una regla de tres establece que si las acciones en 1979 representaban un porcentaje X de las acciones sin derechos políticos, ahora deberían representar el mismo porcentaje de acciones de inversión.  No hay ninguna reflexión sobre la depreciación o la revaluación de activos, la emisión de nuevas acciones, las reducciones de capital, etc., factores que afectan en el balance histórico el capital social de cualquier empresa.

La afectación económica para la empresa no es poca cosa, de consumarse el desaguisado, porque representa US$ 140 millones.

Lo más grave de esta resolución es que estas acciones de inversión que se pretenden afectar, forman parte del patrimonio de Southern Copper, que lista en Lima y en Wall Street, lo que origina un precedente nefasto para la inversión extranjera, porque afecta las finanzas, las reglas de juego y la estabilidad jurídica que necesita una empresa para realizar sus operaciones. Incluso, Southern podría recurrir a tribunales internacionales como el CIADI, lo que haría titilar nuestro bien ganado grado de inversión y exponiendo al Estado al pago de indemnizaciones.

Peor aún, las AFP -que administran los fondos de pensiones de millones de peruanos-, tienen invertidos US$ 35 millones en Southern Copper según el boletín de la SBS y una resolución de esta naturaleza afectaría las futuras pensiones de los 6.9 millones de afiliados.

Lo que más ha llamado la atención es que la Quinta Sala Especializada en lo Civil en Lima (04/10/16) previamente, determinó que las antiguas acciones laborales –que es lo que demandan los extrabajadores- no son equiparables a las acciones de inversión que actualmente circulan, y que era necesario una experimentada pericia contable y financiera, sin embargo, el juez Altamirano se ha contentado con este peritaje que ha establecido una simple correlación aritmética entre el porcentaje que representaban las acciones laborales demandas con el total existentes en esa época y actualizar ese mismo porcentaje en las acciones de inversión existentes a la fecha, lo cual constituye un grave error.

El litigio lo inició en 1997 un grupo de extrabajadores que lidera Edgardo García Ataucuri, que cuenta con el abogado Luis Chunga Chávez, hermano del exconsejero Fermín Chunga, miembro connotado del desaparecido y controvertido Consejo Nacional de la Magistratura. Llama la atención que el actual ministro de Justicia Vicente Zeballos, se haya apersonado en varias ocasiones a la presidencia de la Corte Superior de Lima (expresoinformativo.com 06/02/13) para quejarse sobre la acción de amparo obtenida por Southern en el Quinto Juzgado Constitucional y recientemente ante el Tribunal Constitucional (Exp. 1259-2018).

LA HISTORIA DE LAS ACCIONES LABORALES

Durante el Gobierno Militar de Juan Velasco Alvarado se creó la comunidad minera (D.L. N° 18880 09/06/1971) mediante el cual, las empresas mineras se vieron obligadas a que el 6% de su utilidad neta anual se reinviertan para crear nuevas acciones que quedaban en custodia en sus sindicatos (Comunidad Minera). Este reparto concluyó en 1977 con su sucesor Francisco Morales Bermúdez, que ordenó que fueran repartidas a los trabajadores con el nombre de “Acciones Laborales” (Decreto Ley N° 22333 14/11/1978).

A partir de este cambio legal aparecieron las acciones laborales en 1979, cada una con el valor nominal de 100 Soles de Oro, la moneda de esa época.  Anualmente cada empresa debía emitir acciones laborales relacionadas con sus resultados económicos, los cuales se “inflaban” por el aumento de la inflación que se tuvo al fin del gobierno militar.

Debido a la hiperinflación y a los cambios de moneda: de Sol de Oro a Inti, de Inti a Inti Millón y luego a Nuevo Sol, en el período 1986-1991, el valor nominal de las acciones laborales pasó a ser de Un Inti, canjeando 10 acciones laborales de 100 soles de oro por una nueva acción laboral de un inti (D.S. N° 027-86 29/08/1986); posteriormente, se estableció que una acción laboral tendría un valor nominal de 1,000 intis, para lo cual los tenedores deberían canjear mil acciones laborales por una acción. En el Gobierno de Alberto Fujimori se decretó, por el cambio de moneda de Inti a Nuevo Sol, que las acciones laborales con valor nominal de 1,000 intis tendrían un nuevo valor nominal de Un Nuevo Sol (S/. 1), cambiándolas de nombre, de acciones laborales a acciones de trabajo (D. Leg. N° 677), debiendo canjearse en una proporción de mil acciones laborales antiguas por una nueva.

Todo esto de acuerdo a la Tabla de Equivalencias del Banco Central de Reserva (BCR), un Nuevo Sol equivale a 1,000 millones de Soles de Oro, por lo tanto, se necesitarían 10 millones de acciones laborales de 1979 (con valor de 100 Soles Oro) para llegar a canjearla por una acción de un Nuevo Sol, que ahora se conoce como Sol.

El total de acciones de inversión de Southern Peru son 54.2 millones, de los cuales la empresa tiene en cartera el 82.9%. La cotización es de S/ 23 (12/11/18).

CÁLCULO ARITMÉTICO EN LUGAR DE PERITAJE CONTABLE Y FINANCIERO

El litigio legal que se inició en 1997  reclama acciones laborales de dos emisiones: 6.1 millones acciones laborales de la emisión de 1979 (sobre un total de 26.9 millones de acciones) y 10.5 millones de acciones laborales de la emisión de 1981 (sobre una emisión total de 46.6 millones de acciones).

Los peritos, los contadores Martha Pérez Grados de la Universidad Villarreal e Ignacio Alfredo Rivera Cabrera hicieron una regla de tres simple y determinaron que si los demandantes tenían en esa fecha el 22.8% de la primera emisión y el 21.841% de la segunda emisión podrían establecer un promedio: 22.32% que les correspondía a los 904 extrabajadores, con lo que viajaron en el tiempo 39 años para concluir que eso equivaldría a 12.1 millones acciones de inversión de la actualidad, sin tomar en cuenta que:

-Desde 1979 a la fecha, Southern ha realizado más de 30 emisiones de acciones y no solo las dos emisiones aludidas.

-Los 12.1 millones de acciones de inversión actuales que pretenden equivaldrían a 121,000 millones de acciones laborales de 1979.

-Según un peritaje realizado por Price Waterhouse Coopers, las acciones laborales de 1979 del litigio equivalen apenas a 0.00000301% del total de acciones de inversión existentes a la fecha.

-A esto se agrega que Southern en 1979 era una empresa totalmente diferente a de la actualidad, lo que no fue tomado en cuenta por el peritaje. En 1979 tenía operativa la mina Toquepala y le había agregado el nuevo proyecto de Cuajone y juntas producían 250 mil toneladas de cobre. Hoy Toquepala y Cuajone producen 300 mil toneladas de cobre, además que se viene ejecutando la ampliación de la producción en Toquepala en 100 mil toneladas adicionales.

-Tiene en cartera los proyectos Michiquillay (US$ 2,500 millones), Chancas (US$ 2,800 millones), cuenta además con la refinería de cobre en Ilo y tiene el 40% de la mina Tantahuatay (Cajamarca) que produce 160 mil onzas de oro y 800 mil onzas de plata al año y todo hace suponer que podrá sacar adelante Tía María con US$ 1,200 millones. Con estos proyectos, la producción anual de Southern llegará a un millón de toneladas de cobre.

-En un informe de la BVL (05/10/15) respecto a las equivalencias entre las acciones laborales y las acciones de inversión de Southern, se concluye que “a fin de determinar cuantas acciones laborales equivalen a acciones de inversión se deberá tomar en cuenta no solo los cambios en el valor nominal y los beneficios en acciones entregados por el emisor, sino fundamentalmente las distintas variaciones del capital social”.

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