Silencio absoluto por el caso Castillo y Boluarte en Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Grupo de trabajo fue instalado hoy y es presidido por la congresista Lady Camones.

C. Alfredo Vignolo G. del V.

Bajo la presidencia de la congresista Lady Camones de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales inició por fin las sesiones del periodo 2022-2023 con la aprobación, por unanimidad (24 votos), de su plan de trabajo y dio cuenta de once denuncias constitucionales.

Las dos primeras denuncias constitucionales que se dieron cuenta son contra el congresista Freddy Díaz Monago por presunta infracción constitucional de los artículos 38 y 39 de la Constitución y por la probable comisión de los delitos de violación sexual y violación de personas en estado de inconsciencia.

La primera presentada por Patricia Chirinos y la segunda por Edward Málaga, Flor Pablo, Kira Alcarraz, Adriana Tudela, Susel Paredes y Ruth Luque. La tercera es formulada por Patricia Chirinos contra los congresistas Raúl Doroteo, Juan Mori, Jorge Flores, Darwin Espinoza, Ilich López y Elvis Vergara, por probable comisión de los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio, organización criminal y tráfico de influencias.

La formulada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra el exjuez Supremo César Hinostroza, por presunta comisión de los delitos de cohecho activo específico, patrocinio ilegal de intereses, y tráfico de influencias.

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La formulada por José Pimentel Aliaga contra el excongresista Yván Quispe Apaza por presunta comisión del delito contra la Libertad Personal, en la modalidad de coacción. La formulada contra los miembros del Jurado Nacional de Elecciones: Jorge Salas Arenas y Víctor Rodríguez Monteza, por presunta infracción constitucional del artículo 139 (inc. 19) y 179 de la Constitución Política.

La formulada por el exfiscal de la Nación Pablo Sánchez contra el excongresista Orestes Sánchez Luis, por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de concusión.

La formulada contra el presidente Castillo, por la presunta comisión de los delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, falseamiento de la información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas, fuentes de financiamiento legalmente prohibidas, y organización criminal.

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La formulada contra los jueces supremos Jorge Salas, José Neyra y Luisa Chávez, por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, prevaricato y abuso de autoridad. La formulada contra los jueces supremos Ana Aranda, exjefa de la Oficina de Control de la Magistratura -OCMA- y Duberlí Rodríguez, expresidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, por la presunta comisión de los delitos de prevaricato y abuso de autoridad.

La formulada contra los jueces supremos de la Sala Civil Permanente Francisco Távara, Martín Hurtado, Evangelina Huamaní, Mariano Salazar y Carlos Calderón, por la presunta comisión de los delitos de prevaricato y abuso de autoridad.

Lady Camones afirmó que al 15 de setiembre último, detalló, existen 300 denuncias constitucionales. En la orden del día de la Comisión permanente se encuentran 60; asimismo en la misma Permanente se encuentran tres para las cuales se solicita ampliación de plazo. En archivo o concluidas 40; se tienen para iniciar su procedimiento, dar cuenta y calificar 178 y quedan pendientes por delegar 12. Para audiencia, se encuentran tres; para sustentación de informe final tres.

Finalmente afirmó que «Como podemos apreciar, hay un alto índice de denuncias constitucionales de ciudadanos que aún no son atendidas y que nos proponemos procesar en la medida de nuestras posibilidades y con la aplicación del criterio cronológico para su atención», expresó.

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