Subcomisión de Acusaciones Constitucionales al garete

Por C. Alfredo Vignolo G. del V.

El artículo 20 del reglamento del Congreso de la República, estipula que “Durante el ejercicio del mandato parlamentario, los congresistas están prohibidos:”, literal d) “De integrar la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Comisión de Ética Parlamentaria y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de la Comisión Permanente, así como otras Comisiones Ordinarias que actúen en ejercicio de su función fiscalizadora, cuando se encuentren comprendidos en procesos penales”.

Más aún el artículo 42, del referido reglamento contempla que la Comisión Permanente del Congreso de la República se instala a más tardar dentro de los quince días útiles posteriores a la instalación del primer período ordinario de sesiones (es decir la primera quincena de agosto). La Comisión Permanente está presidida por el presidente del Poder Legislativo y está conformada por no menos de veinte congresistas elegidos por el Pleno, guardando la proporcionalidad de los representantes de cada grupo parlamentario (sin embargo, ningún congresistas, asesores o amanuenses se dieron cuenta lo preceptuado en el artículo 20, literal d, sobre el impedimento de los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales).

Inclusive el artículo 43, prevé que la Comisión Permanente del Congreso de la República se reúne durante el receso del Poder Legislativo y en los demás casos señalados en el Reglamento, sin perjuicio de su instalación luego de la designación de sus miembros por el Pleno. Sin embargo, puede ser convocada dentro del período ordinario o extraordinario de sesiones cuando sea necesario cumplir con el trámite de acusación constitucional a que se refiere el artículo 99 de la Constitución Política.

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Cabe precisar que a Comisión Permanente también se reúne cuando lo solicita un tercio del número legal de sus miembros. La Comisión Permanente se reúne de acuerdo al rol que ella apruebe y cuando la convoque el presidente del parlamento.

Finalmente, el Reglamento del Congreso de la República es el mismo de la Comisión Permanente y de las demás Comisiones, en lo que les sea aplicable, de acuerdo con el artículo 44 del reglamento del Poder Legislativo.

Sin embargo, y a pesar de todo este antecedente normativo, los miembros de la Comisión Permanente y de los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aceptaron un cargo del cual estaban impedidos de ejercer al tener procesos penales.

Desembarcados

La bancada de Fuerza Popular (FP) se verá obligada de retirar a la congresista Martha Moyano de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, tras “recién” conocerse que cuenta con un proceso judicial abierto ¿Acaso ella no lo sabía? Y a pesar de eso aceptó el cargo, no ahora, ya que fue integrante de la anterior subcomisión presidida por Rosio Torres. Moyano argumentó “Yo tengo una querella que me hizo la camarada Lucero porque la llamé terrorista porque es terrorista y es una querella que tengo abierta. Perdí en primera instancia, gané en segunda y luego se apeló como es lógico y eso es lo que está pendiente”, finalizó.

Pero la congresista Moyano no es la única integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con procesos penales, están en la misma situación el congresista Waldemar Cerrón de la bancada de Perú Libre, Óscar Zea de la bancada de Podemos Perú, Norma Yarrow de la bancada de Avanza País y Rocío Torres de la bancada de Alianza para el Progreso y expresidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constituciones en la legislatura pasada.

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Ahora y en el plan de dilatar el informe final de la denuncia constitucional contra el presidente Castillo por el delito de Traición a la Patria, las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, Perú Libre y Podemos Perú deberán evaluar quienes serían los reemplazos, estos deberán ser aprobados por la Comisión Permanente y recién después de este trámite burocrático poder instalarse como miembros de la Subcomisión de acusaciones Constitucionales, remitirles el informe final del caso castillo y que se vea en una próxima sesión, que coincidentemente cuadra con la semana de representación.

Mientras tanto la congresista Norma Yarrow afirmó “Yo he presentado un documento a la Fiscalía para que me diga qué procesos tengo, había tres procesos que eran investigaciones, dos procesos que se acumularon. Yo le envió una carta al procurador al que le corresponde nuestra defensa y él ha contestado que mis procesos han sido archivados. Esto será alcanzado por mi bancada a la presidencia del Congreso”.

Congresistas investigados

La Comisión Permanente del Congreso de la República, recién después de casi cuatro (4) meses, este lunes 7 de noviembre aprobó reemplazar a los congresistas (denominados “Los niños”) Jorge Flores Ancashi, Ilich López y Darwin Espinoza de la bancada de Acción Popular como miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En reemplazo de los mencionados correligionarios ingresaron Wilson Soto (autor del informe final de la acusación contra Castillo), Luis Aragón y José Arriola.

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La bancada de Acción popular decidió apartar a estos tres congresistas (Flores, López y Espinoza) debido a que son investigados por el Ministerio Público y el Congreso de la República, debido a que se les vincula como parte de la presunta organización criminal que lideraría el presidente Castillo, la argumentación se basa en que los referidos congresistas habrían intercambiado votos para favorecer directamente al presidente Castillo en las mociones de vacancia, así como en el favorecimiento de las interpelaciones de los ministros.

Para concluir el proceso contra Castillo al amparo del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, debió concluir en vísperas de Semana Santa, sin embargo, han pasado nueve meses desde que se presentó la denuncia y avanza a paso de tortuga por displicencia e ignorancia no solo de los congresistas, sino también del batallón de asesores con que cuenta ese poder del Estado.

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