Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sesionó este viernes
Para proseguir con la audiencia de las denuncias constitucionales Nros. 268 y 269, acumuladas contra la vicepresidenta Dina Boluarte.
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Por Alfredo Vignolo G. del V.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se reunió este viernes en sesión ordinaria para proseguir con la audiencia de las denuncias constitucionales Nros. 268 y 269, acumuladas contra la ministra de Desarrollo e Inclusión Social y primera vicepresidenta, Dina Boluarte, por la presunta infracción a los artículos 2, numeral 2, 38 y 126 de la Carta Magna; y la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad, omisión de actos funcionales y negociación incompatible de los artículos 376, 377 y 399 del Código Penal, respectivamente.
Las denuncias fueron presentadas en su momento por los legisladores Javier Padilla, de Renovación Popular, así como Norma Yarrow, Diana Gonzales, Adriana Tudela y Patricia Chirinos, las tres de Avanza País.
En la sesión, en la condición de testigo participó el exalcalde de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz, quien informó que recibió varias llamadas de Boluarte para pedir que se le atienda por el Club Apurímac. «En ningún momento he dicho yo que he visto a la señora haciendo gestiones, pero hay hechos objetivos como el expediente que prueban que ha hecho gestiones», refirió.
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Sostuvo que se ha identificado dos expedientes en la Municipalidad de Lima, uno de ellos es el No. 55817-2022, en el que se puede ver cinco firmas de la vicepresidenta. «La señora firmó el expediente e hizo los trámites para tener una autorización de funcionamiento del club Apurímac», dijo.
Posteriormente, señaló que se sorprendió por atender la llamada de Boluarte y recibir a una abogada, representante del Club Apurímac, quien solicitaba dejar sin efecto multas y que se subsanen requisitos de Defensa Civil. «No se atendió el pedido. Instruimos a la gerencia municipal para que actúe de acuerdo a ley», finalizó.
'Los Niños'
De otra parte, la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales delegó en el congresista Ernesto Bustamante, de Fuerza Popular, la denuncia constitucional Nro. 300, formulada por la parlamentaria Patricia Chirinos, de Avanza País, contra los parlamentarios Raúl Doroteo Carbajo, Juan Mori Celis, Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinoza Vargas, Ilich López Ureña y Elvis Vergara Mendoza, todos de la bancada Acción Popular.
Se les acusa por la presunta infracción constitucional de los artículos 38 y 39 de la Constitución Política, y por la probable comisión de los delitos de colusión simple y agravada, cohecho pasivo impropio, organización criminal y tráfico de influencias agravado. Se solicita para ellos la destitución e inhabilitación para el ejercicio de la función pública por diez años.
Pedro Castillo
Finalmente, con 18 votos a favor 1 en contra y 1 abstención fue aprobada la ampliación del plazo por 10 días hábiles -contados a partir del 2 de noviembre- para elaborar el informe de calificación, a fin de que se estudie la viabilidad de acumular las denuncias constitucionales contra el mandatario Pedro Castillo y de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por economía procesal dado el número de denuncias presentadas.
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