CAMBIOS. HAY NUEVOS CRITERIOS SOBRE PRISIÓN PREVENTIVA

Supremos cuadran a fiscales y jueces

Pleno Casatorio: privación de la libertad solo procede si dichos de colaboradores eficaces han sido corroborados con hechos.

Supremos cuadran a fiscales y jueces
  • Fecha Miércoles 18 de Septiembre del 2019
  • Fecha 7:39 am

Por: César Rojas.

Se acabó la costumbre de usar especulaciones como si fueran evidencias, tanto para jueces como para fiscales que usan sus interpretaciones de noticias y relaciones, a fin de dictar prisión preventiva a diferentes investigados. Esto podría afectar la situación no solo de Keiko Fujimori, sino de otras personas en esta condición, encarcelados durante meses.

Así lo indican las conclusiones del XI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial, vía Acuerdo Plenario 01-2019/CIJ-116, publicada ayer martes.
En la parte “Prisión preventiva: presupuesto y requisitos”, los quince magistrados supremos y superiores (entre titulares y provisionales) informan los nuevos criterios que “deben ser invocados por los jueces de todas las instancias”.

Uno de ellos es el uso de colaboradores eficaces para encarcelar provisionalmente a procesados en el Ministerio Público y en el Poder Judicial.

“En toda circunstancia y siempre, la versión del colaborador o aspirante a colaborador, como ya se dijo, no debe ser la única relevante, sino que ha de estar corroborada por otros medios-fuentes de prueba”, se indica expresamente.

Es decir, ya no se podrá pedir –y menos aprobar- prisión preventiva hasta por 36 meses, con base en solo lo que digan uno o infinitos delincuentes que supuestamente delatan a sus excómplices. A esto se precisa que, si se confirman las delaciones, la “sospecha fuerte” de delito en sí no es suficiente.

“Si se parte de la presunción de inocencia como regla de juicio, se exigirá sospecha fuerte y si se la analiza como regla de tratamiento se requerirá que solo se la imponga cuando se cubran los riesgos de fuga u obstaculización (…). No es suficiente que existan posibilidades de fuga; sino que habrá de resultar acreditado que el encartado piensa hacer uso de dichas posibilidades”, se indica textualmente.

Si bien se habla textualmente de prisiones preventivas, por cuestiones de su duración e influencia en investigaciones, se menciona el rechazo a “meras conjeturas” o a “deducir automáticamente la existencia de este peligro de fuga u obstrucción a la justicia”. Justamente, este es el modus operandi que se ha venido usando contra políticos de oposición.
Cabe indicar que la reclusión preventiva de hasta 36 meses se aplica para delitos especialmente graves, conminados con penas esencialmente elevadas (como, por ejemplo, cadena perpetua o pena privativa de libertad no menor de quince años).

ÚLTIMA MEDIDA

César San Martín coordinó el llamado “Pleno Casatorio”, del cual se llega a estas conclusiones, además de otras que reiteran que la restricción de la libertad debe ser la última medida preventiva, bajo el respeto de la garantía de presunción de inocencia.

Además de Fujimori Higushi, existen otros “casos emblemáticos” donde sí se ha comprobado obstrucción a la justicia. Tal es la situación con Susana Villarán y José Miguel Castro, exalcaldesa y exgerente municipal de Lima, respectivamente.

Ellos purgan prisión preventiva durante 18 meses porque primero negaron haber recibido dinero de Odebrecht, en un aparente lavado de activos. Sin embargo, cumplirían los requisitos de obstrucción a la justicia, porque mintieron al principio, y luego terminaron aceptando la incriminación.

Según la conclusión del Pleno Casatorio, existen “premeditadas faltas a la verdad que desvíen el adecuado curso de las investigaciones” que sí pueden justificar –en parte- la restricción de la libertad, como es el caso de los izquierdistas.

Regresando a los requisitos de la prisión preventiva, figuran “introducir prueba falsa, amenazar testigos, destruir documentos, fugarse u ocultarse, no comparecer injustificadamente, cambiar constantemente de defensores para lograr la demora o cuando una organización criminal que le protege mediante coacciones”.

“En suma, se precisa la existencia de datos concretos, indicadores de un injusto penal importante para las actuaciones de la causa, que con alta probabilidad permiten concluir, provisionalmente como es obvio, la concurrencia del hecho y de su vinculación con el imputado y de que el imputado es responsable del mismo”, refiere el acuerdo 01-2019.

Esto ya lo había aplicado el Tribunal Constitucional (TC) en el hábeas corpus del 2018 que liberó a Ollanta Humala y a Nadine Heredia. Si bien había noticias y testimonios que los incriminaban, estos no pudieron corroborarse en la investigación fiscal, y por ser solo presunciones, se les excarceló.

AUDIENCIAS TEDIOSAS

También se hace hincapié en lo que ha sido una costumbre en las audiencias del juez Richard Concepción Carhuancho: las interminables intervenciones de acusadores y acusados.
“No es de recibo que el juez consienta una exagerada y tediosa exposición de la pretensión y de las resistencias (…) Estas audiencias, salvo casos excepcionales, no pueden durar horas y horas”, se especifica.

Esto sucedió con la evaluación del referido magistrado respecto al caso “Cócteles” de Fuerza Popular. Si bien había numerosos imputados, las sesiones para cada uno duraban horas de horas, e incluso se debían retomar al día siguiente porque acababan muy entrada la noche.

“No puede continuar una desnaturalización tan desmedida del tiempo de intervenciones, y que implícitamente se aliente la desmesura y la confusión, así como se desnaturalice la indispensable claridad de los argumentos e, indirectamente, se facilite un intercambio de agravios o calificaciones personales entre la fiscalía y la defensa”, es una recomendación muy clara.

Como se recuerda, en la referida audiencia de los fujimoristas se llegó a este punto, cuando Pérez se puso a hablar de la dictadura fujimontesinista de los 90, que no tiene nada que ver en el caso de presunto lavado de activos con dinero de Odebrecht en el 2011.

Una de las extrapolaciones del fiscal fue respondida por el abogado Humberto Abanto, quien le recordó que su esposa tiene un alto puesto de confianza en el gobierno de Martín Vizcarra. Si bien esto es un dato actual –la cónyuge gana 25,000 soles al mes como directora de Perú Compras-, demuestra cómo degenera una exposición legal de horas y hasta de días.

GRILLETES…

Respecto a la vigilancia electrónica, el XI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitoria y Especial la presenta como una alternativa preferible a la prisión preventiva, o incluso a la reclusión en condenas firmes.

“Tiene una naturaleza múltiple, para facilitar las opciones en libertad del sistema penal. Es una medida que restringe la libertad deambulatoria y, como tal, puede concebirse mayormente como una medida restrictiva de la libertad”, se lee.

Asimismo, es mucho más barata: el Instituto Nacional Penitenciario señala que solo demanda 196 dólares al mes, mientras un internamiento en penal implica US$ 365. Incluso se recomienda aplicar esta medida a delincuentes cuyas penas no excedan los 8 años de cárcel, o que deseen pedir beneficios penales mientras se corroboran sus confesiones.

“El proceso de colaboración eficaz, mientras dure su tramitación, también permitiría la aplicación, como medida de coerción personal, de la vigilancia electrónica”, se recomienda. Esto podría, por ejemplo, ser el caso de José Graña, socio de Odebrecht en sus principales obras corruptas, y que pretende acogerse a un régimen que le permita no ir a un penal.

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