Titulares de ONPE y Reniec con días contados para decidir su continuidad ante JNJ
Con la publicación del Reglamento de evaluación y ratificación de la Junta Nacional de Justicia.
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Los titulares de ONPE y Reniec tienen hasta el 29 de febrero para pronunciarse respecto a su continuidad en sus cargos, luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) publique el 'Reglamento del Procedimiento de Evaluación Integral y Ratificación del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) y de la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec)'.
Este documento, que entró en vigencia tiene como objetivo permitir la evaluación de los funcionarios mencionados, siempre y cuando expresen su voluntad de continuar en el cargo, por un plazo adicional al que culmina en agosto de este año.
De acuerdo con lo establecido en este reglamento, los titulares de ONPE y Reniec cuentan con un plazo específico para manifestar su decisión hasta el 29 de febrero, seis meses antes del vencimiento de su gestión, programado para el 31 de agosto.
Es así que los funcionarios tienen la oportunidad de solicitar a la JNJ la evaluación para ratificación por un período adicional de cuatro años.
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La examinación es llevada a cabo de manera objetiva por la JNJ, incluyendo la revisión de los resultados de la gestión presentados por los funcionarios evaluados.
Para garantizar un análisis completo, se considera información proporcionada por entidades como la Contraloría General de la República y diversas instituciones públicas y/o privadas.
El procedimiento de ratificación, según lo establecido, se divide en varias etapas. Comenzando con la fase de la convocatoria, seguida por la fase del apersonamiento y evaluación, donde se analizarán detalladamente los resultados de la gestión.
Finalmente, se llega a la etapa de la decisión, donde la JNJ determinará la ratificación o no de los titulares de ONPE y Reniec.
Este proceso no solo busca garantizar la transparencia y eficiencia en la gestión de estas instituciones clave, sino también fortalecer la confianza de la ciudadanía en los organismos encargados de procesos electorales y registro de identificación.
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