Urge queja ante Consejo Permanente de la OEA, dice Luis Gonzales Posada
Para el excanciller la Comisión Interamericana de DD.HH. ha violado el Pacto de San José al extralimitarse en sus funciones.
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El excanciller Luis Gonzales Posada sostuvo que la admisión –por parte de la Comisión Interamericana de Derechos humanos de la OEA (CIDH)– de la denuncia del terrorista Víctor Polay Campos sobre la presunta violación de sus derechos fundamentales es un agravio al Perú y afecta su soberanía jurídica.
Afirmó que, si esto es así, “el Gobierno peruano debe enviar una nota de protesta dirigida al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Secretaría General, señalando que la CIDH ha actuado al margen de la legalidad internacional”, en este caso violando el Pacto de San José, en la citada admisión del caso del fundador y líder del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
“La comisión se ha extralimitado en sus funciones al amparar una denuncia del terrorista Polay Campos, agraviando al país, y obviamente afectando e interfiriendo en la soberanía jurídica de la nación”, sostuvo el también expresidente del Congreso de la República.
En consecuencia, el Consejo de Seguridad debe ser convocado para tratar el tema y que en esta instancia se debata y se llame la atención de las ilegalidades en que incurre la CIDH, reclamó Luis Gonzales Posada.
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Y es que el mismo contenido de la denuncia sobre presunta vulneración de los derechos de Polay y las condiciones carcelarias dizque no investigadas en la Base naval del Callao, no solo es cosa juzgada en sede nacional y el sistema interamericano, sino que una queja de similar naturaleza fue rechazada en Naciones Unidas.
Además, la medida ordenada por la CIDH desprestigia a la OEA, añadió Gonzales Posada, porque la admisibilidad de una demanda presentada 6 de diciembre de 2007 y notificada al Estado peruano 2 de marzo de 2021 y ocultada desde el gobierno del presidente Francisco Sagasti, “ha motivado que sectores de la opinión pública y personalidades de diverso credo estén solicitando que el Perú debe retirarse de la CIDH y de la misma competencia contenciosa de la Corte-DH”, dijo Luis Gonzales Posada.
Sagasti y Mantilla
“El presidente Francisco Sagasti tiene una gran responsabilidad por haber ocultado durante años este caso sensible a la conciencia nacional”, advirtió el experto.
“¿Por qué se calló? ¿Por qué no intervino? ¿O es el peso de su posición de izquierdas?”, cuestionó.
En otro momento, también llamó la atención de la responsabilidad de Julissa Mantilla Falcón, Comisionada de la CIDH de 2020 a 2023.
“Siendo comisionada, si bien no puede participar en un caso de su país, sí puede dar una opinión y orientar a sus colegas, porque ella sí conoce la realidad peruana y el papel de los grupos terroristas y de Polay Campos”, aseveró.
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