Vacancia presidencial: este es el discurso que Martín Vizcarra dio ante el Congreso
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Hoy 9 de noviembre del 2020 asisto, una vez más, al Congreso de la República, para responder a otra moción de vacancia, exactamente 52 días después de la primera moción. Conmueve saber que existe un grupo de congresistas permanentemente preocupados por este servidor y por su pasada gestión como Presidente Regional.

A ellos les digo: No se preocupen por mí, aquí estoy y dispuesto a esclarecer cualquiera de los hechos que falsamente se me imputan. Preocúpense, preocupémonos por todos los peruanos y peruanas y sus prioridades; si algo hay por responder, ello se hará en los fueros correspondientes.

Siempre he sido muy respetuoso de la institucionalidad e independencia de poderes, estando de acuerdo o no con los temas de fondo.

Pero creo fehacientemente que cada poder del Estado tiene una razón de ser y una especialidad.

Asimismo, y con la mejor disposición de responder a la urgencia de la solicitud del Congreso de la República, solicité respetuosamente que esta sesión se pudiera llevar a cabo el pasado viernes, pero ello no se aceptó.

A estas alturas, que una crisis política se prolongue resulta contraproducente. En la situación en que nos encontramos, cada día cuenta, debemos minimizar los riesgos que paralicen el avance y desarrollo de nuestro país.

En razón de ello y porque creo que el pueblo peruano no merece estar en ninguna incertidumbre, menos en las circunstancias en las que nos encontramos, me presento aquí nuevamente ante ustedes, sin mayores dilaciones, respetando la decisión del Poder Legislativo respecto de esta segunda moción de vacancia que se presenta en mi contra.

¡Aquí estoy, no me corro! Un presidente que asumió el mandato en el marco de la Constitución; un presidente que ha respetado escrupulosamente la separación e independencia de poderes; un presidente cuyas decisiones han estado apegadas a las reglas y el Derecho; un presidente que siempre ha defendido los valores de la democracia, no podía dejar de concurrir al Parlamento cuando es llamado por la Representación Nacional.

Por ello vengo aquí, a este hemiciclo, con el mismo temple con que asumí el primer día la responsabilidad de conducir los destinos del país; a seguir dando la cara y a afrontar lo que tenga que afrontar en las circunstancias difíciles y adversas como las que afronta hoy nuestra Patria, poniendo de testigos a los millones de peruanos y peruanas de la decisión que tomará este Congreso, pensando sobre todo en ellos y en el bienestar del país.

Estoy frente a ustedes por respeto a la Constitución, la institucionalidad y al pueblo peruano. Lo primero que quiero decirles es que este gobierno ha trabajado intensamente, ha desplegado sus mejores esfuerzos, sobre todo, en estos casi ocho meses en que los peruanos venimos enfrentando la peor crisis sanitaria de la historia, una crisis que nos ha costado vidas, empleos y que ha profundizado brechas sociales que por muchos años ha limitado el progreso y desarrollo de miles de peruanos.

Con responsabilidad y firmeza, este gobierno tomó medidas drásticas para enfrentar la pandemia. Fortalecimos el sistema de salud y desplegamos acciones de contención que, sumadas al esfuerzo de millones de peruanos, hoy permiten que las cifras de contagio, hospitalizados y fallecidos registren niveles similares a los que existían en marzo, cuando el virus recién llegaba al país.

La pandemia también afectó la economía. Como saben la adopción de medidas necesarias de contención (el aislamiento, el cierre de fronteras y la restricción de actividades económicas) contrajo las cifras de PBI e inversión pública registrando valores negativos de hasta dos dígitos, cuando la pandemia estaba en pleno auge.

Hoy la recuperación económica del país ya muestra resultados, las actividades se están reactivando de forma responsable bajo el soporte de un plan económico sin precedentes. Gracias a ello, en agosto el PBI registró la menor contracción desde el inicio de la pandemia; en octubre la inversión pública, después de 7 meses, no solo registró cifras positivas, sino que alcanzó un récord de ejecución positiva de 6.6%, superando incluso las cifras de ejecución registradas en el mismo mes, durante la última década.

Estos son tiempos duros para todos los peruanos, sobre todo para los más vulnerables, aquellos que perdieron sus empleos, cerraron sus negocios y que hoy, pese a lo difícil de la situación, siguen luchando por salir adelante. Para aliviar su situación económica, estamos entregando el Segundo Bono Familiar Universal llegando a 8.4 millones de hogares con una inversión de S/.6 400 millones.

Paralelamente estamos generando empleo e impulsando medidas para la recuperación de puestos de trabajo. A través del programa Arranca Perú ya vamos generando más de 500,000 puestos de trabajo con la ejecución de proyectos de inversión pública orientados a cerrar brechas de infraestructura en el interior del país, allí donde los peruanos más lo necesitan.

La continuidad del servicio educativo también es nuestra prioridad. En esa línea, continuamos avanzando en la distribución de más de 1 millón de tablets con contenidos de “Aprendo en casa” para estudiantes y docentes de los lugares más alejados del país, cerrando de esta manera la brecha digital y permitiendo que los niños, tanto de las zonas urbanas como rurales, tengan las mismas oportunidades de acceso a una educación de calidad.

Estamos avanzando, tal vez no tan rápido como quisiéramos, pero ello no justifica poner en a estos esfuerzos, no es justo para los peruanos y peruanas pues gracias a ellos hemos logrado salir adelante.

Estamos en un momento crucial. No hemos logrado aún derrotar a la pandemia, pero sí hemos avanzado mucho en la contención. Estamos recuperando empleos y mejorando las cifras de inversión pública, pero aún nos falta un camino por recorrer para retomar la senda del crecimiento. Aún queda mucho por hacer y necesidades urgentes que atender.

Desde el mes de mayo, la economía peruana ha estado recuperándose sólidamente; a 5 meses de las elecciones presidenciales ya convocadas, una situación de vacancia presidencial pone en riesgo la continuidad de esta recuperación y genera incertidumbre sobre el futuro de nuestra economía.

Además de ello, debemos ser conscientes de que una vacancia presidencial incrementaría los temores sobre la
viabilidad y la institucionalidad del Perú y esto traería graves costos económicos. Hemos trabajado por décadas
para mantener una economía sana y estable. No permitamos que la incertidumbre política tire por la borda años de
duro trabajo y esfuerzo de todos los peruanos. Y menos aún en medio de una de las peores pandemias de la historia
mundial.

El gran perjuicio que podría darse, no al presidente, no al gobierno, sino al país, es conducirlo a un escenario de
imprevisibles consecuencias. Lo peor que podemos hacer, justo ahora, es sumergir nuevamente al país en un
terreno de mayor agitación e inestabilidad.

Entrar a un proceso de incertidumbre, donde nadie sabe qué va a ocurrir, coloca a todos en una situación incierta y
compleja. Eso lo entienden no solo los gobernadores regionales y los alcaldes de todo el Perú, con quienes venimos
trabajando de la mano como nunca antes se hizo; sino también lo entiende el agricultor del Valle de Zaña, el
poblador de Cajamarca que ha recibido su título de propiedad, o la señora de San Martin, mayor de 80 años de
edad, que recibe su Bono Familiar Universal y la Pensión 65. Mujeres y hombres a lo largo y ancho del país, lo
entienden, pero además lo viven cada día.

Asimismo, a fines de este mes debemos tener aprobado el Presupuesto General de la República para el 2021, que
debe dar proyección y certeza a las instituciones, pero sobre todo a la ciudadanía. Sin embargo, en vez de
concentrarnos en estos grandes temas, estamos aquí, discutiendo, por segunda vez, la vacancia al presidente de la
República.

Pero hay un escenario adicional a todo ello. La afectación que esta vacancia genera para la estabilidad democrática. Cuando asumí la Presidencia en medio de una crisis política, además de comprometerme a trabajar por el país, también me comprometí a garantizar una transición democrática responsable dejando bases institucionales sólidas para el Perú del Bicentenario.

Sin embargo, el logro de este objetivo no solo depende del Presidente, del Poder Ejecutivo o de la ciudadanía que
en reiteradas oportunidades ha manifestado su apoyo al fortalecimiento democrático. También depende de la
voluntad política y el compromiso de sus representantes aquí presentes.

Estamos a cinco meses de las elecciones, ¿Qué señal le estamos dando al país? Los peruanos necesitamos
estabilidad y predictibilidad para emprender proyectos y llevar bienestar a nuestros hogares, una crisis política más no contribuye al logro de estos objetivos.

Hago un llamado a los congresistas verdaderamente demócratas, a aquellos que ponen al país por encima de
intereses personales o políticos, seamos responsables y garanticemos a los peruanos la transición ordenada y
estable que se merecen, con elecciones limpias y transparentes, y con nuevas autoridades desde julio del próximo
año.

Sobre mi defensa, es importante dejar aquí claro, como ya lo hicimos en la presentación anterior a este hemiciclo,
que esta no es una defensa acerca de los hechos “supuestamente delictivos” que se le imputan a este ciudadano.
Esta es una defensa de la institucionalidad de la Presidencia de la República, de la configuración constitucional de la Presidencia de la República, y de cómo a partir de esa configuración constitucional, un proceso de vacancia por la causal que indican, de incapacidad moral permanente, no corresponde.

Por tanto, cabría hacerse la pregunta sobre si es válido o no tramitar un procedimiento de vacancia sobre la base de los hechos que no han sido probados o que no se tengan certeza que hayan ocurrido.

Soy un demócrata y este es un Parlamento democrático. Y a pesar de que he sido claro, al decir que estas denuncias
parten de posiciones netamente políticas, toda decisión debe ir de la mano de las normas y la Constitución. No
pueden hacerse al margen de ella.

En la Constitución no existe ningún supuesto, ni en el Reglamento del Congreso, en el que se tomen decisiones
definitivas en base a supuestos delitos, que están siendo investigados.

No existe ninguna norma constitucional que habilite eso. Lo que existe en el modelo constitucional peruano, cuando ocurren imputaciones delictivas a altos funcionarios, son una serie de mecanismos de suspensión, levantamiento de inmunidad, acusación constitucional, pero en ningún caso bajo imputaciones de supuestos delitos que están siendo investigados, se pueden tomar decisiones definitivas, menos aún para vacar a un presidente de la República, alterando el periodo presidencial y modificando el régimen que la Constitución otorga a dicho cargo.

En nuestro país, según el diseño constitucional, los presidentes permanecen en funciones cinco años; por lo que
una vacancia es una medida excepcional, que solo debe promoverse en circunstancias extremas, no cada mes y
medio.

No podemos usar este mecanismo cada vez que la confianza del Congreso hacia la Presidencia de la República se
vea mellada por un reportaje o una denuncia o, peor aún, que la solicitud de vacancia sea utilizada como una
herramienta de control político.

Es preciso recordar que la vacancia solo puede proceder por causas objetivas y delimitadas. Para graficarlo mejor:
En el caso de la vacancia, ello sucede por muerte, incapacidad física permanente, dejar el país sin autorización,
destitución por traición a la Patria, o impedir las elecciones. Pero hay una excepción: la vacancia por incapacidad
moral permanente. Teniendo que determinarse dos supuestos: que exista aquella incapacidad moral y que ésta sea
permanente.

Desde hace 200 años, la solicitud de vacancia ha sido un mecanismo utilizado solo en tres ocasiones, antes de este
periodo de gobierno. Sin embargo, en los últimos cuatro años se ha buscado emplear este mecanismo, cuatro
veces, dos de ellas, por el actual Congreso, en menos de dos meses.

Discrepo del procedimiento de vacancia que ha iniciado este Congreso. La figura de la incapacidad moral
permanente es un mecanismo establecido en la Constitución, sí, pero solo para situaciones excepcionales. No
podemos forzar la interpretación de las normas.

Diversos juristas y especialistas, incluso miembros de este Congreso, han coincidido en que la figura de la
incapacidad moral permanente es ambigua. Precisamente, por ello, hemos recurrido al máximo intérprete de la
Constitución, el Tribunal Constitucional, para que determine cómo se debe aplicar esta causal de vacancia y que se
pronuncie no pensando en este gobierno -finalmente, nosotros estamos de salida- sino pensando en los gobiernos
que vienen. Otro Presidente, con una bancada oficialista minoritaria o con una bancada mayoritaria opositora,
podría tener también que lidiar con una pretendida interpretación extendida de esta causal de vacancia.

Es justamente la Constitución la que define las reglas del juego, y así como asigna competencias a los poderes del
Estado, también establece sus límites y márgenes de acción.

Sin embargo, tengo entendido que el Congreso, faltando ya dos días para que se venza el plazo que le brindó el
Tribunal, aún no presentan su posición, ¿aún no la tienen definida? Y pese a no tenerla definida ¿se siguen
aprobando mociones de vacancia?

Recordemos que, dada la relevancia del tema para el país, en el caso de la disolución constitucional del Congreso,
el Ejecutivo contestó la demanda en la mitad del plazo. Hubiésemos esperado lo mismo del Congreso de la
República.

La vacancia no debe ser usada como espada de Damocles, o como arma política cada vez que salga una denuncia,
sin corroborar, contra un presidente de la República. La gobernabilidad no puede estar bajo amenaza permanente.

El Perú, para avanzar su futuro, requiere estabilidad, orden y unidad. Pero, sobre todo, requiere que sus fuerzas
políticas actúen con sabiduría, prudencia y sentido de responsabilidad; apelamos a ello.

¿Sabe la ciudadanía por qué estoy aquí? ¿Por qué el Congreso debate hoy mi vacancia?

La moción 12684 pide que se declare la vacancia del Presidente por incapacidad moral permanente y parte
diciendo “un medio de prensa escrita de circulación nacional ha hecho público el trabajo de su unidad de
investigación”. Es decir, la moción que nos convoca hoy aquí está fundamentada en artículos periodísticos, para ser
precisos dos reportajes publicados en un diario de circulación nacional.

No menciona a ninguna investigación fiscal ni a un proceso judicial, sino a dos reportajes. En ambos reportajes se
hacen públicas declaraciones de “aspirantes”, repito “aspirantes” a colaboradores eficaces que indican que habría
recibido pagos indebidos a cambio del otorgamiento de la buena pro para dos obras realizadas durante mi gestión
como Presidente Regional de Moquegua. Dos obras cuya licitación no estuvo a cargo del Gobierno Regional, sino
de un organismo internacional.

Asimismo, el día de ayer anunciaron la difusión de ¨videos bomba¨, y ante su inexistencia, terminaron presentando
reportajes, sobre unas presuntas comunicaciones irrelevantes, con un aspirante a colaborador eficaz,
descontextualizando conversaciones referidas a otros fines. Seguimos buscándole ¨cinco pies al gato¨, tratando de
darle un halo de ilegalidad a supuestos hechos, basados en información incompleta, de investigaciones
supuestamente reservadas.

Pero hablemos un poco más de los casos, que entiendo es el interés del Congreso y el motivo por el cual he sido
invitado el día de hoy.

Las Lomas de Ilo es parte del Proyecto Pasto Grande, una obra emblemática, sumamente importante para la región
Moquegua, equivalente, guardando la diferencia de proporción, a los proyectos Majes o Chavimóchic. Mi cargo de
presidente regional fue de cuatro años y esta obra fue una de las prioridades.

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), por decisión del Consejo Regional de
Moquegua, llevó a cabo la licitación de la obra. Esto en aras de la transparencia del proceso. Como Presidente
Regional de Moquegua, no tuve injerencia alguna en esa operación. La empresa Obrainsa, como parte de un
consorcio, ganó la licitación del proyecto.

UNOPS ha explicado públicamente que ha cumplido el acuerdo bajo “estricto apego a los principios de
transparencia, mejor valor por el dinero, integridad, imparcialidad y competencia efectiva”. Asimismo, ha señalado
que todas las licitaciones las revisan «diversas instancias.

El gobierno regional no da la buena pro, es Unops quien la da, es Unops quien hace la evaluación, y es una evaluación con un comité de expertos, revisada por un comité especializado en Panamá y luego verificada en Dinamarca.

¿En qué momento podría yo beneficiar a una empresa que pasa por un proceso enmarcado en las reglas de un
organismo internacional?

En el caso del Hospital de Moquegua se dice que se habría favorecido la contratación y el pago adelantado al consorcio integrado por ICCGSA. Este caso ya fue investigado y archivado hasta en dos oportunidades por la Fiscalía. Debe tomarse en cuenta que, ambas empresas (ICCGSA y ATA), constructora y supervisora de la obra, fueron contratadas también por UNOPS, siguiendo el mismo marco del proceso de adjudicación descrito previamente.

En ambos casos se dice que existen candidatos a colaboradores eficaces. No sé si todos tenemos claro algunos
conceptos, pero ya que son muchos los peruanos que están siguiendo esta presentación, quisiera remitirme al
Código Procesal Penal y preguntar ¿Qué es una colaboración eficaz?

– Es la entrega de información de parte de una persona, ¿Pero de quién?
– De quien reconoce que ha cometido un delito grave, y entonces ¿Qué recibe a cambio?
– Recibe a cambio un beneficio en su pena (la exención, la remisión, la reducción o la suspensión de la ejecución)

Es decir, un colaborador eficaz es alguien que ha delinquido y acepta su delito, y quiere reducir su pena acusando a otra persona. El fiscal y el aspirante a colaborador firman un Acuerdo de Beneficios y Colaboración. Pero es recién después donde un juez, evalúa y decide, posteriormente, si se justifica la suscripción de ese acuerdo. Lo que no ha ocurrido en este caso.

Entonces, me pregunto ¿frente a qué estamos? ¿Frente a un dicho? ¿Frente a un acuerdo o acuerdos de
colaboración que aún no han sido validados por un juez?.

Señores congresistas, a mí se me ha citado a la Fiscalía en etapas preliminares de una investigación. No existe una
prueba fehaciente, ni una prueba de la flagrancia de un delito y no lo habrá, porque no he cobrado soborno alguno;
se tomaron las mejores decisiones técnicas que se pudieron; pero ninguna ha sido con el objetivo de llenar los
bolsillos de nadie, menos los míos.

En primer lugar, debo decir que son hechos falsos y, en segundo lugar, no corroborados, son hechos que están en
proceso de investigación, son hipótesis, no hay nada definitivo que se pueda afirmar en relación con los mismos. Ya
lo he dicho públicamente y lo repito, rechazo enfática y categóricamente estas imputaciones.

Nada dicho por estas personas constituye una prueba de lo que se me pretende imputar. Es más, a la fecha, aún no
se ha determinado legalmente el estado de los aspirantes a colaboradores porque nada puede ser comprobado y
corroborado, y no podrán hacerlo. Llevan dos años solicitando ser colaboradores y no pueden mostrar una sola
prueba de estos infundios que rechazo tajantemente.

Aquí se ha iniciado un proceso de vacancia sin investigar, ni contrastar absolutamente nada. Solo con la versión de
aspirantes a colaboradores eficaces, repito, de ASPIRANTES A COLABORADORES EFICACES, cuyos dichos no han
sido corroborados por nadie.

¿Se puede vacar a un presidente de la República solo con la versión de aspirantes a colaboradores eficaces? ¿Puede,
ya no un presidente, sino un ciudadano común y corriente, ser condenado en base al testimonio no corroborado,
de alguien que quiere perjudicarlo solo para reducir su pena? ¿Eso basta para juzgarlo? Si procediéramos así, nadie
podría ejercer un cargo público, ni un cargo de representación.

Es muy fácil manchar honras y ustedes como autoridades políticas saben muy bien que podemos ser presa de
enemigos políticos y adversarios que quizás no hayan superado rencillas personales a quienes con tal de vernos
caer no les importa su región, menos el país.

Entonces, lo que tenemos son dichos y acuerdos que no han sido ratificados por un juez, ¿por qué nos quitamos
este valioso tiempo y no hacemos el esfuerzo de trabajar de manera conjunta, enfocados en los temas más urgentes
como la pandemia y salir de la crisis económica?

No hay ninguna certeza y todo aún debe investigarse, pero sobre todo comprobarse. Se trata de hechos que se
encuentran en una fase embrionaria de investigación y por lo tanto no pueden desencadenar decisiones
institucionales tales como la vacancia de un presidente.

Yo por mi parte, lo reafirmo: estoy dispuesto a seguir las investigaciones necesarias y que sean realizadas en el
momento oportuno que disponga las autoridades competentes.

He escuchado algunos comentarios sobre la carta que envié haciendo la consulta sobre la definición de
competencias de los fiscales, diciendo que lo que busca el Presidente de la República es dilatar plazos. Señores
tengo el derecho como cualquier peruano a no ser investigado ni juzgado dos veces por los mismos hechos por dos
fiscalías y a poder ejercer mi derecho de defensa; ¿Cómo lo voy a hacer a cabalidad si existen dos fiscalías que se
disputan la investigación? Yo no soy más ni menos ciudadano que nadie. Entonces ¿por qué gastar recursos del

Estado en dos investigaciones por los mismos hechos?. Además, he escuchado a algunos juristas decir que, si dos fiscalías me investigan de manera simultánea y por el mismo hecho se podría terminar viciando el proceso ¿Alguien quiere que se vicie el proceso? Yo no. Yo quiero demostrar la falsedad de las acusaciones en una investigación objetiva, imparcial y sin presiones de ningún tipo. No solo me someteré, sino que demostraré de manera fehaciente mi inocencia.

Desde el primer día me he puesto a disposición, de manera verbal y por escrito, para colaborar con las
investigaciones del Ministerio Público. No busco dilatar nada; al contrario, soy el principal interesado en que se
aclaren las imputaciones que se me hacen. Siempre he buscado lo mejor, entonces, por mi región Moquegua y
ahora para todo el Perú.

Estoy listo para brindar mis declaraciones. Y mi abogado, el doctor Fernando Ugaz, quien me acompaña, será quien
asumirá mi defensa. Señoras y señores congresistas, sobre los fundamentos de su solicitud de vacancia contenidos en la moción 12684, debo decir que atentan contra mi derecho a un debido proceso.

El reglamento del Congreso de la República exige que para tramitar un procedimiento de vacancia se establezcan los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan esta causal de vacancia, es una condición indispensable para poder ejercer mi defensa. Yo tengo que saber qué cosa se me imputa y respecto de qué norma estoy transgrediendo, qué directiva, qué principio estoy trasgrediendo para poder defenderme.

Sin embargo, en la moción, no se hace ninguna referencia a los elementos, se hace referencia, a los hechos, pero no se hace ninguna referencia a en qué consistiría la causal de vacancia por incapacidad moral permanente. No hay una sola palabra que establezca y que interprete los alcances de la causal de incapacidad moral permanente y cómo esta se configuraría en este caso.

Es de suma importancia, de cara a las nuevas imputaciones de aspirantes a colaboradores eficaces, poner en
contexto qué empresas son las que según estos dichos y denuncias, sin sustento ni prueba alguna, yo he favorecido.
Pero más importante aún es mostrar con cifras, lo contrario a lo que quieren, falsamente, imputarme.

Durante los dos gobiernos anteriores al actual los procesos de licitación del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, referidos a obras públicas, ejecutadas por Provías Nacional, principal ejecutor de obras públicas
del país, se adjudicaban extrañamente a un promedio de 108% del valor referencial. Es decir, si una obra se
consideraba que valía 100 para el Estado, finalmente la empresa ganaba por 108. Pero esto multiplicado con
muchos ceros, significaban millones de ganancias adicionales para las empresas, del dinero del Estado.
Esta acción se concretaba debido al aparente ¨acuerdo¨ formado por las principales empresas constructoras que
operaban en nuestro país, conocido como “El club de la construcción”.

Durante mi gobierno, es más, desde que fui Ministro de Transportes y Comunicaciones, las malas prácticas se
terminaron, ahora se adjudican obras por montos inferiores al valor referencial, en muchos casos a menos del 90%
permitido por ley. 83 contratos de obras durante los dos gobiernos de anteriores, cuyo valor referencial total
sumaba S/.11,398 millones, fueron al final adjudicadas al 108% en promedio, costándole al Estado S/.12,286
millones. En lo que va de este gobierno se han adjudicado 98 proyectos por S/.8,591 millones a pesar que el valor
referencial global era S/.9,763 millones.

Todas estas obras han sido adjudicadas a un promedio de 88%. El Estado ahorró con esta acción, cerca de 2 mil millones de soles que hemos utilizado para invertir en obras de agua, saneamiento, colegios, postas, es decir, mayor beneficio y servicios a los peruanos y peruanas.

Ya las obras no se reparten, ya no hay más “acuerdos” las empresas compiten de manera transparente.
Han pasado más de 4 años desde que se denunció la existencia de este famoso “Club de la Construcción” y más de
2 años desde que inició la investigación fiscal. Desde mis días como Ministro de Transportes y Comunicaciones
dispuse que se realicen todos los esfuerzos para que los recursos públicos sean debidamente resguardados.

Asimismo, que todos los funcionarios de dicha entidad brinden todas las facilidades y la información que requieran
las autoridades judiciales para lograr la sanción que corresponde a estos repudiables hechos, para que estas malas
prácticas sean sancionadas con prontitud y las personas naturales y jurídicas responsables sean ejemplarmente
castigadas.

Como pueden apreciar, IGGCSA y Obrainsa son empresas que forman parte de la investigación por el caso del “Club
de la construcción”, del famoso 108%, y al no tener impedimento legal que prohíba su participación en procesos
públicos continuaron participando, pero ahora bajo las condiciones de transparencia, equidad y competitividad,
siempre buscando el menor precio que el estado desembolse.

Entonces ustedes me podrán responder: ¿De dónde son los aspirantes de colaboración eficaz? ¿Qué intereses
tienen?

¿Cómo pueden pretender insinuar que soy allegado a empresas a las cuales se les quitó los beneficios de repartirse
obras públicas por encima de los montos establecidos?

Entonces, ¿yo soy allegado, y supuestamente favorezco o me he visto favorecido de empresas a las cuales se les ha
quitado la posibilidad de seguir cobrando cientos de millones de soles, como lo hacían antes de este gobierno?
Señores congresistas y pueblo peruano, no creen ustedes que estas empresas quisieran tomar acciones en contra
de este Presidente, provinciano como la mayoría de ustedes, que se atrevió a cambiar las cosas por primera vez.

Señores congresistas no puedo dejar de mencionar que, más allá de grandes intereses económicos, también existen
intereses personales detrás de esta vacancia y quiero ser transparente y directo con ello.

Estamos totalmente de acuerdo con la labor de fiscalización que debe realizar el Congreso, pero no con que se
utilice esta facultad para ocultar delitos.

Asimismo, veía hace unos días declaraciones del presidente de la Comisión de Fiscalización, que alegaba que nada
está probado, claro cuando son investigaciones propias, que todo está en investigación y que eso no define nada.

Pero cuando se trata del Presidente, a pesar de que está en etapa preliminar la investigación, ahí si se debe dar todo por cierto, presumir culpabilidad, sin acusación o proceso iniciado.

Todos, en algún momento, podríamos ser objeto de acusaciones, por ejemplo, se ha hecho público que 68
congresistas tienen procesos en investigación en el Ministerio Público ¿Tendrían también que dejar sus cargos por
ello? ¿Sin que la investigación fiscal haya sido concluida?

No se puede personalizar la labor de fiscalización, y menos utilizar esta facultad para tipificar algunas cosas como delitos, y otras se mantengan en un limbo de investigación.

Señoras y señores congresistas de todas las bancadas, hoy más que nunca los peruanos requieren que el Estado en
su conjunto esté enfocado en la atención de sus necesidades, no solo las que generó la pandemia, sino también
aquellas que por décadas han persistido. Han sido las confrontaciones innecesarias las que no nos han permitido
avanzar.

Han sido, en el pasado, el jaleo político y los contubernios los que han asfixiado nuestra democracia y
desengañado a nuestros ciudadanos, malas prácticas que los peruanos ya rechazaron y que debemos superar para
construir una nueva forma de hacer política, una política que defienda los intereses del pueblo y no los intereses de los más poderosos.

La lucha frontal contra la corrupción y la impunidad no es una lucha solo de este ciudadano, ni de este gobierno, es una lucha de todos los peruanos. Es una lucha de ustedes y de nosotros. Desde hace más de dos años, la ciudadanía ha abrazado y se ha comprometido con esta causa porque es consciente de que no hay forma de construir un país fuerte y desarrollado sin erradicar el flagelo de la corrupción.

Hemos trabajado por una reforma de justicia y por una reforma política, para sentar bases institucionales en el país, consultando al pueblo, vía referéndum. La emergencia institucional tampoco da tregua y a ella también nos
abocamos desde el primer día y lo seguiremos haciendo hasta el último día de nuestro mandato.

Cuando decidimos enfrentar a la corrupción siempre fuimos conscientes que esta no era una tarea fácil, todo lo
contrario, tuvimos claro que era un desafío enorme, complejo, de largo aliento. La corrupción se resiste, la
corrupción se camufla, la corrupción ataca. Quienes se sienten afectados por la acción de la justicia, o por el repudio del pueblo, hacen lo imposible para hostilizar, para acusar, para mentir y para pretender manchar honras.

Pero el pueblo peruano es sabio y sabe poner las cosas en su exacta dimensión. Los ciudadanos se han manifestado
en reiteradas oportunidades en contra de la corrupción y ha trazado el camino que debe seguir nuestra Patria de
cara al Bicentenario y al futuro.

Señor presidente del Congreso, señoras y señores representantes de todas las bancadas:

Les agradezco por haberme escuchado y por permitirme exponer los argumentos por los cuales este proceso de
vacancia carece de sustento, de forma y fondo, y de justificación.

Soy un presidente que no fue elegido inicialmente para ese cargo por los peruanos, pero desde el primer día
entendí cuál era mi responsabilidad con la historia. Esa responsabilidad es garantizar una transición ordenada y
pacífica, y defender la gobernabilidad y la democracia.

Con esa convicción, he venido ante el llamado del Congreso, de un Congreso que fue elegido para abrir una nueva
etapa para el país, para dejar atrás los vicios y las malas prácticas que por mucho tiempo han deteriorado la política, y para construir, a través de las grandes reformas, un sistema político más representativo, transparente, eficaz y cercano al pueblo.

Ad portas del Bicentenario, ustedes y nosotros tenemos grandes tareas por terminar de cumplir y debemos hacerlo
respetando la Constitución, respetando los periodos de gobierno, respetando la voluntad del pueblo y, sobre todo,
sin poner en vilo al país.

Soy consciente de que la relación Ejecutivo-Legislativo durante los últimos años no ha sido la mejor y en eso
debemos hacer un mea culpa.

Mi objetivo siempre fue brindarle lo mejor a mi país y no tuve reparos en responder con firmeza ante propuestas que podían contravenir con lo ya avanzado, quizás debimos agotar todas las vías del diálogo y construir más puentes entre nosotros buscando salidas más consensuadas.

Me apena que, pese a que la mayoría de los que estamos aquí tenemos al Perú como prioridad, no hayamos podido
unir fuerzas y trabajar de forma conjunta en beneficio de todos los peruanos. Sin embargo, considero que aún no es
tarde para hacerlo, aún quedan retos pendientes que podemos abordar juntos. Nuestra Patria, hoy más que nunca,
nos necesita unidos.

Por mi parte, interpongo mis buenos oficios y mi buena voluntad para dejar atrás cualquier rencilla e integrar
nuestros esfuerzos en este tramo final.

Nuestros ciudadanos no desean ver a los poderes enfrentados. Los peruanos, los más vulnerables, los que están en
los hospitales, los que han perdido sus empleos, los que no cuentan con recursos, están esperando la atención del
Estado, pero de un Estado que actúe de manera conjunta y concertada.

Confío en la madurez, en la prudencia y la responsabilidad de los parlamentarios y de las bancadas que creen y
apuestan por la democracia. A cinco meses de las elecciones, y a menos de nueve meses del cambio de gobierno,
estoy seguro que nadie quiere sumir al país en una situación de mayor incertidumbre que, al final de cuentas,
termina afectando a los ciudadanos.

Una vez más, hago un llamado a la unidad, a la sensatez y a trabajar juntos por el Perú. La historia y los peruanos
juzgarán nuestras decisiones.

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