Víctor García Toma: “El Pleno va a mandar a la basura el informe que recomienda suspender a Dina Boluarte”

La Comisión de Fiscalización del Congreso ha aprobado un informe que recomienda suspender a la presidenta Dina Boluarte por el caso ‘Cirugías’, donde se le imputa presunto abandono del cargo. Víctor García Toma, ¿cree que tenga asidero esta recomendación?

Ese pedido que se hace al Pleno carece de sustento y base legal. No existe ninguna norma en la Constitución que hable de la suspensión de un presidente, salvo en el caso de una incapacidad física o psíquica.

Solo en caso de enfermedad.

Así es, y la presidenta Dina Boluarte goza de plena salud, por lo que la denuncia se cae. Además, ya es sabido que los presidentes solo pueden ser acusados, durante su mandato, por cuatro delitos. Y, en el caso de delitos comunes, se puede investigar preliminarmente, pero tendremos que esperar la decisión del Tribunal Constitucional para saber hasta dónde la Fiscalía puede investigar, más allá de la recolección de indicios.

Haciendo un paréntesis, ¿le parece que hizo bien la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales al archivar la denuncia presentada por la Fiscalía, entonces a cargo de Juan Villena, contra Boluarte por el caso Rolex, donde se le imputa cohecho?

Así es, porque ese delito no figura en el artículo 117 de la Constitución. Lo que llama la atención es que el fiscal, que debería conocer la Constitución, haya presentado esta denuncia para que pase a la fase de acusación.

Víctor García Toma, ¿para qué presentó esta denuncia?

Eso es justamente lo que llama la atención. Él sabe que la presidenta no puede ser acusada por ese delito hasta que acabe su mandato. Si sabe que no puede, ¿para qué presentó la denuncia? Hay dos respuestas: por ignorancia o por un propósito político.

Entonces, ¿está bien archivada la denuncia?

Está muy bien archivada.

Volviendo al informe de la Comisión de Fiscalización, ¿le parece que es ilegal?

Es un informe defectuoso porque plantea una medida que no está prevista en la Constitución en las circunstancias actuales de la presidenta. Ya sabemos lo que va a pasar: el Pleno va a mandarlo al archivo, pero el problema es que mucha gente puede pensar que es una suerte de blindaje.

Llama la atención que el documento diga que la medida de suspensión sería hasta que Boluarte esclarezca su situación y se determinen las responsabilidades correspondientes. Eso no está en la Carta Magna.

La Comisión de Fiscalización creo que tiene un propósito político, pero esto no va a prosperar. Las comisiones del Congreso no deberían actuar de esa manera, porque lo único que hacen es deslegitimarse.

Incluso el documento desliza que la mandataria se encontraría en la figura de incapacidad moral permanente.

Más allá del acto reprochable de que, durante el ejercicio de la Presidencia, se haya sometido a una cirugía estética, eso no tiene ninguna significación para que una persona pueda dejar de conducir los destinos del país.

De acuerdo con la Fiscalía, la mandataria habría abandonado el cargo por esta cirugía.

Es irrelevante si la cirugía fue médica o estética. Es irrelevante si la operación duró una hora o tres horas. La pregunta es si existe algún procedimiento que establezca la obligación de la presidenta de comunicar esa operación al Parlamento, y la respuesta es que no. Tampoco existen indicios de que la presidenta haya abandonado la conducción del Gobierno, porque ha participado –así sea con cámara cerrada– en dos reuniones del Consejo de Ministros. Lo que es relevante es si el médico Cabani la habría operado a cambio de puestos públicos.

Eso se tiene que comprobar.

Eso está en investigación y es lo único relevante.

El delito sería que, a cambio de la operación, la presidenta les dio cargos públicos a allegados de Cabani.

Así es, pero esto tampoco podría ocasionar, en este momento, una acusación. Quedaría en la fase de investigación hasta que acabe el mandato de la presidenta, porque estamos hablando de un delito común que no está contemplado en el artículo 117 de la Constitución.

El expremier Alberto Otárola, quien anda peleado con la presidenta, ha dicho ante la Comisión de Fiscalización que Dina Boluarte no informó de la operación ni a él ni al Gabinete Ministerial.

No tendría por qué haberle informado a él si se operó o no la nariz. Hay que entender que esta segunda declaración es parte de un mecanismo de defensa ante lo que él entiende como actos de hostilidad o parte de una política de abierta agresión en su deseo de sacar del camino político a la presidenta. Pero esta guerra de guerrillas le hace daño al país y no nos conduce a nada.

Ninguno de los congresistas de Fuerza Popular y APP que integran la Comisión de Fiscalización aprobó el informe, por lo que no cree que se apruebe en el Pleno. ¿Cuántos votos necesita este informe para ser aprobado?

El informe necesita ser aprobado por mayoría simple.

¿Y por cuántos votos se aprueba la suspensión de la mandataria?

No podría hacerse eso porque no existe el sustento normativo.

¿Y en el supuesto negado de que se apruebe el informe?

Inmediatamente, la presidenta podría presentar una acción de garantías porque se estarían vulnerando sus derechos constitucionales. Pero yo creo que el destino final del informe es el tacho de basura.

¿Se le quiere vacar a Dina Boluarte con este informe?

Está claro en el caso de Podemos Perú, que preside la Comisión de Fiscalización, pero esto no es apoyado por las otras bancadas. Lo cierto y real es que hay una decisión de que el Gobierno llegue al año 2026, para que el proceso electoral se desarrolle sin ningún tipo de contingencia.

Ministerio Público denuncia sin sustento

El expresidente del TC asegura que la suspensión de Dina Boluarte carece de base legal y será archivada por el Pleno del Congreso.

Víctor García Toma afirma que el informe de la Comisión de Fiscalización es “defectuoso” y responde a intereses políticos más que jurídicos.

“Solo puede suspenderse a un presidente por incapacidad física o psíquica”, recordó el constitucionalista en referencia al caso ‘Cirugías’.

El exmagistrado critica al Ministerio Público por denunciar sin sustento y advierte que acciones así “deslegitiman” al Congreso.

Para Víctor García Toma, la intención de vacancia no prosperará porque no cuenta con apoyo mayoritario ni sustento constitucional.

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