Vizcarra acumula 29 años de cárcel
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La vacuna contra la covid-19 del expresidente Martín Vizcarra, su esposa, hermano, la excanciller Elizabeth Astete, la extitular de Salud, Pilar Mazzetti, entre otros, sale del ámbito ético por haber puesto al país en “el triste escenario de un mercado negro de vacunas” administrados a funcionarios públicos a escondidas.

Así lo considera el penalista Carlos Caro Coria, quien incluso afirma que se podría configurar el delito de colusión desleal y cohecho si se comprueba la participación de la empresa china Sinopharm.

“Esta dádiva o lo que fuera se recibe en el marco de una negociación, o sea mientras el Gobierno venía negociando la compra de una vacuna, él [Vizcarra] y su esposa se inoculan la vacuna, por lo que hay un indicio de corrupción”, declaró el penalista al portal La ley.

La exprocuradora anticorrupción Katherine Ampuero señala para este caso los delitos de colusión agravada, aprovechamiento indebido del cargo, negociación incompatible, concusión y cohecho.

“Cohecho o pago de coimas porque la ley señala que está incurso en este delito cualquiera que reciba dádivas o beneficios indebidos en las negociaciones en cualquier etapa del contrato, en este caso con Sinopharm”, señala.

“Colusión agravada si se demuestra que dichas negociaciones perjudicaron al Estado con eventuales sobrevaloraciones y por obviar otras ofertas, como las vacunas rusas o las de Pfizer”, acota Ampuero.

“Por ese tipo de colusión, la pena es un máximo de 15 años, por negociación incompatible 8 años, por concusión 6 años, lo que sumados dan 29 años, pero podemos redondear en 25 años porque no siempre se aplica los máximos, aunque ahora se trata de un expresidente, lo que agrava su situación”, afirma.

El penalista Alex Starost señala como principal figura delictiva el cohecho pasivo propio, porque el artículo 393 del Código Penal señala que si el funcionario recibe donativo o promesa, faltando a su cargo, es pasible de una pena de 6 a 8 años de cárcel, por lo que el Congreso puede inhabilitarlo en forma inmediata.

Además de la concusión hay abuso de autoridad (artículo 376A del Código Penal), por lo que si el funcionario participa de la “distribución de bienes y servicios, como la vacuna, tiene pena no menor de 2 ni mayor de 8 años”.
Starost calcula unos 15 años de cárcel acumulada para Vizcarra por lo que la ley llama “concurso real de delitos”.

“Este es un tema de corrupción de funcionarios y es evidente la participación de una organización criminal, por lo que la Fiscalía debería proceder a las detenciones preventivas, pero nada de eso ocurre”, sostuvo el letrado.

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