Waldemar Cerrón busca blindar propiedades de Perú Libre con proyecto de ley
Iniciativa presentada por vicepresidente del Congreso busca que organizaciones políticas no puedan ser criminalizadas por acciones de sus miembros.
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El segundo vicepresidente del Congreso e integrante de Perú Libre, Waldemar Cerrón, presentó un proyecto de ley para que los partidos políticos sean reconocidos “como asociaciones de interés público” y no puedan ser criminalizados por acciones de sus integrantes.
De acuerdo a lo planteado en el proyecto de Cerrón, cuando un militante, afiliado o fundador esté inmerso en una investigación por un hecho delictivo, se proceda con la individualización “sin responsabilizar a las organizaciones políticas como personas jurídicas de interés público”.
La iniciativa perulibrista busca claramente blindar a las organizaciones políticas de ser investigadas como “organizaciones criminales”, contrario a la Ley 30997 promulgada en 2019 por el Parlamento y la cual modificó el Código Penal, incorporando el delito de financiamiento prohibido a organizaciones políticas en nuestro país.
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Más impunidad
En diálogo con EXPRESO, el abogado penalista Mario Amoretti denunció que la iniciativa de Cerrón busca generar impunidad en favor de partidos como Perú Libre, cuyos activos e inmuebles se mantendrían intocables, aun cuando se demostrara que estos fueron adquiridos a través de financiamientos irregulares propiciados por sus militantes.
“Esta iniciativa busca impunidad. Es inadmisible porque en el 2018 se aprobó una ley por el Congreso en la cual los movimientos o partidos políticos que reciban plata proveniente de actos ilícitos incurren en el delito de lavado de activos. ¿Por qué ahora ellos quieren cambiarlo? Yo recibo plata como partido político del narcotráfico, de la corrupción o de la extorsión, ¿y no me pasa nada?”, dijo el letrado.
A cerrón no le interesa
No obstante, Perú Libre no sería la única organización interesada en que una norma de esta naturaleza sea aprobada en el Parlamento. Dicen que las casualidades no existen en política, y resulta conveniente que la parlamentaria Martha Moyano (Fuerza Popular), presidenta de la Comisión de Constitución -donde se analiza la norma-, haya agendado la sustentación de esta iniciativa con una celeridad poco usual.
Al respecto, Amoretti afirmó que existe un interés de los demás partidos políticos que integran el Poder Legislativo en que este proyecto sea aprobado. No obstante, el penalista señaló que, de prosperar esta iniciativa, podría plantearse una acción de inconstitucionalidad en su contra.
““Esta propuesta lo único que está pretendiendo es aplicar retroactivamente una ley para manifestar: ‘’recibimos plata y ya. (...) Las organizaciones como el Colegio de Abogados u otras instituciones tienen facultades para plantear la inconstitucionalidad de la ley o, en todo caso, recolectar firmas”, sostuvo.
Por Wilber Torres
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