Wilson Soto presenta proyecto de ley para que Ejecutivo pague pensiones vitalicias
Iniciativa busca clarificar competencias para sufragar estos desembolsos.
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El congresista Wilson Soto, miembro de la bancada de Acción Popular, presentó un proyecto de ley que busca transferir al Poder Ejecutivo la responsabilidad de evaluar y pagar las pensiones vitalicias a los expresidentes de la República.
La iniciativa legislativa, que genera debate en el Congreso, plantea modificar varios artículos de la Ley N° 26519 para delegar estas funciones, actualmente bajo la competencia del Parlamento, al Ejecutivo.
Según el proyecto, el Poder Ejecutivo asumirá el pago de la pensión vitalicia, siempre que el exmandatario cumpla con los requisitos establecidos y reciba un informe favorable del Ministerio de Justicia.
Además, se propone que la pensión vitalicia de los expresidentes equivalga a la remuneración de un congresista en actividad, pero su percepción será suspendida en caso de que el Congreso de la República formule una acusación constitucional contra el beneficiario. Si se emite una sentencia condenatoria en última instancia, la pensión se extinguirá de manera definitiva.
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Una de las propuestas más controvertidas del proyecto es la eliminación del derecho a la pensión para los cónyuges e hijos menores de edad de los expresidentes fallecidos. Soto argumenta que este beneficio carece de sustento jurídico y no se alinea con la naturaleza específica de la pensión vitalicia, lo que justifica su eliminación.
El congresista Soto justificó su propuesta señalando que, desde un punto de vista lógico y jurídico, es más coherente que el Ejecutivo sea quien asuma la responsabilidad de estos pagos. “Es razonable plantear la eliminación de este beneficio para los dependientes, en línea con la naturaleza no generalizada del privilegio en cuestión”, declaró.
El proyecto de ley fue presentado en un contexto de controversia por la reciente otorgación de una pensión vitalicia al expresidente Alberto Fujimori, lo que reavivó el debate sobre la pertinencia y equidad de este tipo de beneficios.
La iniciativa de Soto plantea un cambio significativo en la administración de las pensiones vitalicias y puso en el centro de la discusión la necesidad de clarificar las competencias entre los poderes del Estado en esta materia.
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