GRAVE DENUNCIA DE FISCAL ROCÍO BALBÍN

Hamilton Castro figura en agenda de empresa OAS

Hallazgo se hizo en enero y fue silenciado en la gestión del entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde. La Procuraduría también conoce del hecho y no hizo nada.

  • Fecha Miércoles 5 de Septiembre del 2018
  • Fecha 12:00 am



Increíble. El nombre del fiscal Hamilton Castro Trigoso, entonces coordinador del equipo especial a cargo del caso Lava Jato, figuraba en una agenda de Franco Martín Burga Hurtado, representante de la empresa brasilera OAS, quien es investigado por supuestamente haberse coludido con otros para defraudar al Estado en el llamado “Club de la Construcción”.

La denuncia la hizo la fiscal provisional Rocío Balbín, exintegrante del equipo especial, en el programa de la periodista Milagros Leiva. Balbín precisó que el hecho –del que ella fue testigo presencial– ocurrió el 12 de enero pasado durante una serie de allanamientos que hizo el Ministerio Público en diversos inmuebles de las denominadas empresas consorciadas.

Ese día, al ingresar a uno de los inmuebles de OAS, el fiscal Hamilton Castro, el procurador y los abogados de la empresa revisaron una agenda de Burga Hurtado, y verificaron que el nombre del citado fiscal aparecía escrito con lápiz junto a varios WhatsApp y con cifras que estaban detalladas aparentemente en portugués.

 EXPLICACIONES

El hecho, según Balbín, fue atestiguado por los abogados de las consorciadas, como de ICCGSA, Málaga y otras, y por el procurador público del caso Lava Jato que pidió que se levantara un acta y posteriormente presentó un escrito para transcribir los textos.

Balbín relata que los presentes sugirieron a Castro que se dejara constancia por escrito del incidente, pero el magistrado se negó y pidió que el hecho “quedara entre nosotros”.

A los integrantes del equipo especial y abogados el fiscal Castro intentó explicarles que quizá el motivo de que su nombre apareciera en la agenda se debía a que él, en algún momento, había entregado una tarjeta personal de presentación. Lo sorprendente es que ese mismo día, en otro inmueble allanado de OAS, se encontró una tarjeta de Hamilton Castro.

El hecho, ocurrido en medio de una crisis política generada por el indulto presidencial otorgado al expresidente Alberto Fujimori, fue conocido por la procuraduría pública y la fiscal Balbín afirma que consta en la carpeta fiscal respectiva. Pero no motivó comentario alguno ni una gestión del despacho del entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde.

¿SABÍA?

La fiscal Balbín recuerda que en los días previos al allanamiento a las sedes de las empresas consorciadas el fiscal Marcial Páucar Chapa las instruyó a ella y a la fiscal Mayra Melgar para que efectuaran coordinaciones con el fin de determinar qué fiscales los iban a apoyar en la operación.

Ellas le dieron los nombres de dos fiscales que tenían experiencia en esas intervenciones.

Entonces, prosigue, el fiscal Páucar le dijo que llamara al fiscal superior Rafael Vela Barba para que dispusiera de los dos fiscales y ella contactó a la asistente del magistrado, quien no tenía conocimiento de la diligencia y, por lo tanto, le pidió la resolución que ordenaba la intervención.

“Al darle cuenta al fiscal Páucar, este me dijo: dile al doctor Vela Barba que el pedido es de parte del fiscal de la Nación e incluso me lo apuntó”, sostiene.

“Con eso era evidente que las decisiones las tomaba Pablo Sánchez y yo soy testigo que en todo momento [el equipo especial de Lava Jato] ha coordinado con el entonces fiscal de la Nación”, enfatiza Balbín.

No es cierto cuando se afirma que cada fiscal tiene autonomía, añade.

COORDINACIÓN

Al hacer la gestión, continúa Balbín, “la secretaria del doctor Vela Barba se incomodó y el doctor Páucar Chapa me recriminó y me dijo que hubiera dicho que yo, una fiscal provincial adjunta, era la que estaba pidiendo a un fiscal superior que asigne a dos fiscales para una diligencia fiscal, un hecho que configura una falta total de respeto con un superior”.

La fiscal Balbín dice haber sido testigo de la forma en que el entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez coordinaba y se mantenía al tanto “milimétricamente” de las acciones que realizaba el equipo especial encabezado por Hamilton Castro, un fiscal de su entera confianza que él mantuvo en el cargo pese a las críticas que se formulaban por su gestión.

Sin embargo, asegura que mientras ella fue parte del equipo especial de Lava Jato ha sido testigo de numerosas irregularidades y hechos graves que fueron puestos en conocimiento de sus superiores y la oficina de control. Estas actuaciones irregulares, asegura, favorecieron a algunos investigados y afirma tener pruebas que sustentan su denuncia.

“Presumo que algo oscuro ha pasado acá. Estoy convencida de que ahora, con la indignación de todos, la verdad saldrá a la luz”, enfatiza la joven magistrada.

Evidencias  desaparecen

La desaparición de 16 pruebas lacradas que fueron incautadas en las oficinas de la constructora Andrade Gutierrez, denunciada el domingo pasado, ha encendido las alertas de la lucha anticorrupción en la Fiscalía y el sistema de justicia.

Exige garantías

La fiscal Balbín dice que, por todo lo que ella ha presenciado, no confía “en absoluto en los fiscales Pablo Sánchez, Hamilton Castro, Germán Juárez Atoche y Sergio Jiménez”. Además afirma que varios investigados en el caso Lava Jato han sido favorecidos y, por eso, ha solicitado garantías a las autoridades.

¿ALTERARON DOCUMENTOS Y  DESAPARECIERON FIRMAS?

En el allanamiento del 12 de enero, cuando se intervino el inmueble de una de las empresas investigadas, se halló un folder rojo que contenía las declaraciones del colaborador eficaz 001-2015 y eso se registró en el acta de allanamiento que se lacró, recuerda la fiscal Rocío Balbín.

Cuando ella fue a la audiencia de comparecencia, la Fiscalía presentó los elementos de convicción y la defensa quiso hacer creer que esos documentos hallados eran de dominio público, que habían sido presentados por el fiscal Juárez “porque él estuvo a cargo de este colaborador eficaz”.

Sin embargo, en presencia de los funcionarios de control que acudieron a abrir cajas lacradas, la fiscal Balbín pidió al fiscal Juárez que se abstuviera de intervenir porque los documentos hallados tenían las firmas íntegras y no los sellos del Ministerio Público, un procedimiento establecido en una directiva para las investigaciones de lavado de activos.








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