Conversión de la pena por cumplimiento de la obligación alimentaria

Posiblemente existan buenas intenciones en procurar que las personas condenadas por la omisión de cumplir con sus obligaciones alimentarias puedan obtener su libertad luego de haber evaluado lo irrazonable de la sanción: que la privación de la libertad, en esos casos, no implicará ninguna contribución para la resocialización ni menos para la satisfacción de la obligación incumplida. Imponer una pena de privación de la libertad a la espalda de una realidad con cifras considerables de desempleados o subempleados no parece conducir a ningún resultado. La morosidad no solo es un problema de responsabilidad, sino también una realidad impuesta por la situación existente. Lejos de ser un problema penal es, esencialmente, un problema socioeconómico.

Respecto a la medida dispuesta por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto de Urgencia N° 008-2020, planteamos algunas observaciones:

1) Se incorpora una modificación en el Decreto Legislativo N° 1300 cuando esta norma tiene rango de ley, por lo que nuevamente advertimos dos incompatibilidades constitucionales de orden formal: a) Por un lado, no se puede legislar en materia penal (sustantiva, procesal y de ejecución) cuando rige el principio de legalidad a través de otras fuentes normativas que incluso la Constitución expresamente reconoce para otras materias, como sucede con los decretos de urgencia, que solo deben referirse a materia económica y financiera; b) Por otro lado, un decreto de urgencia no puede modificar un decreto legislativo.

2) La medida adoptada se hace sin considerar que la pena privativa de libertad efectiva resulta normalmente en casos de omisión a la asistencia familiar, justamente por la revocación de la pena suspendida, ya que el sentenciado, pese a los requerimientos efectuados, no cumple con la obligación impaga y tampoco con la reparación civil. Entonces, ¿cómo se va a efectuar la conversión de la pena en esas circunstancias? ¿Tal vez se quiso incorporar una especie de revocatoria de la revocatoria?

3) ¿Alguien que ha estado cumpliendo pena privativa de libertad efectiva por incumplimiento de obligaciones alimentarias puede cumplir con el pago efectivo de la obligación sin tener en cuenta que durante el tiempo que permanezca en prisión las obligaciones devengadas se siguen sumando?

4) La ausencia de alternativas que el Estado pueda promover para el cumplimiento de dichas obligaciones parece reducirse a una única posibilidad: constreñir para pagar, es decir, tu libertad a cambio del cumplimiento de la obligación, tal vez disponiendo de propiedades o préstamos de terceros o de familiares. La conversión de la pena a multa o jornadas de prestación de servicios no significa ninguna solución a su situación, ya que en el primer caso se sumará una obligación dineraria más, mientras que en el segundo las jornadas de trabajo no son remuneradas.

Cuando se emitió el Decreto Legislativo N° 1300 se generó una gran expectativa entre una buena cantidad de internos que viven en condiciones que les impide soportar la prisión (adultos mayores, discapacitados, mujeres gestantes, entre otros). Debiéramos preguntar ahora cuál es la proyección respecto a los 96,000 internos que se encuentran recluidos en el país. Un estudio técnico y una proyección estadística debiera habilitar una Comisión que, legalmente y con una visión interdisciplinaria, pueda evaluar la situación de internos que han cumplido parcialmente su condena y cuyas condiciones personales puedan permitir una decisión debidamente sustentada de libertad.