El derecho fundamental a la salud: Los pendientes…hasta el Covid-19
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Superado el discurso de que los derechos colectivos son esencialmente prestacionales y meros derechos programáticos que se implementarán en la medida en que el presupuesto lo permita, ahora tales derechos están encaminados por la exigencia de una eficacia concreta dentro de un plazo razonable. Al respecto, es importante advertir que desde hace varios años han quedado pendientes de eficacia en nuestro país mandatos jurisdiccionales constitucionales sobre el derecho a la salud. Esta tarea, aún pendiente, permite ver que el sector salud no ha sido una prioridad y esperamos que con la emergencia sanitaria del Covid-19 sí lo sea.

La eficacia de estas decisiones es vital, toda vez que no han sido concretadas con medidas significativas que permitan superar los problemas que hoy todavía subsisten en dicho sector.

El constitucionalismo social enarbola con orgullo, sentencias que disponen políticas públicas en materia de salud, y si bien ello desdibuja el sistema de distribución de funciones y promueve un activismo judicial sin límites, no se puede negar que han logrado poner en evidencia necesidades de sectores invisibles, y en ello ha tenido mucho que ver la doctrina de la conexión e interdependencia con derechos individuales como la dignidad, la vida, la integridad y el desarrollo de la personalidad.

En su momento, la judicialización de la política de salud implicó la exhortación para crear centros hospitalarios de salud mental en el país partiendo de la comprobación de que los enfermos mentales estaban recluidos en centros penitenciarios (STC. N° 03426-2008-PHC/TC). No obstante, entre los años 2013 y 2018 se crearon más de una centena de centros comunitarios de salud mental y ocho hogares protegidos, pero este esfuerzo aún sigue siendo insuficiente. Por otra parte, la exhortación para el tratamiento gratuito e integral del VIH/SIDA por parte del Ministerio de Salud -ente que debe proveer de medicamentos y los análisis correspondientes- sobre la base de una inversión pública prioritaria (STC. N° 2016-2004-AA/TC), no fue, en realidad, la prioridad para el año 2019: fue la anemia infantil. Tampoco los esfuerzos sobre el tratamiento integral y gratuito de la tuberculosis han mostrado resultados, ya que aún formamos parte de los treinta países con las tasas más altas de tuberculosis multidrogorresistente (TBMDR) en el mundo, además de que también ocupamos el primer lugar en Latinoamérica.

No es parte del derecho a la salud que el Estado prevea la existencia de comisiones especializadas que acojan a los mejores profesionales de la salud y programas y acciones concretas frente a las emergencias sanitarias ya localizadas en determinadas épocas y regiones de nuestro país, como es el caso del dengue en la región oriental (Loreto, Madre de Dios y San Martín), la neumonía en el altiplano y emergencias no previstas como la que vivimos hoy con el Covid-19. Las políticas públicas pueden construirse por los reclamos judiciales de los afectados, pero también mediante una visión de prevención de la que creemos que aún no existe.