La hipertrofia del derecho penal en el Perú

Mientras el Título Preliminar del Código Penal consagra el principio de lesividad para otorgar legitimidad a la intervención punitiva en el sentido de evitar que se castiguen cualquier tipo de conductas y solo sean reprobables las que afectan o ponen en riesgo inminente bienes jurídicos valiosos –de lo que se desprende que el derecho punitivo es la última ratio y es selectivo, esto es, es el mecanismo de control estatal que debe ser usado cuando ya se agotaron otros medios de control menos aflictivos y debe utilizarse solo en aquellos casos que comprometan los valores más importantes para la sociedad–, la lista de delitos sigue creciendo. En buena cuenta, varios de estos “delitos” son solo infracciones administrativas que cruzan la frontera hacia el ámbito penal debido a la incapacidad del Estado para generar respuestas efectivas en otras áreas.

Lo señalado ha sucedido con diversas fórmulas penales, como la conducción en estado de ebriedad o intoxicación, el porte o uso de armas en estado de ebriedad o intoxicación, o bien la omisión de operaciones sospechosas dolosas y culposas. En la mayoría de los casos, estos “delitos” no acogen las consecuencias penales, sino que más bien se aplican salidas alternativas, como el principio de oportunidad o acuerdos reparatorios.

Actualmente, mediante la promulgación del Decreto de Urgencia N° 019-2020, se ha incorporado un nuevo delito: el de producción de peligro en el servicio público de pasajeros (artículo 273-A del Código Penal). Esta nueva figura penal –incorporada por una norma que solo puede regular materia económica y financiera según nuestra carta fundamental y que en circunstancias como las actuales, con un Congreso disuelto, sólo pueden regular otras materias en casos de una urgencia impostergable– sanciona a las personas que prestan servicios de transporte público o conducen vehículos de transporte público (el dueño de la empresa de transporte o el chofer del vehículo) que no cumplen con los requisitos para circular o no tienen el seguro obligatorio de accidentes de tránsito vigente o no han pasado la última inspección técnica vehicular.

Así, se criminaliza la inobservancia de condiciones legales para la prestación del servicio de transporte público, en el entendido de que la intervención administrativa no ha sido efectiva, esto es, no ha logrado los resultados preventivos esperados, lo cual se acredita con las cifras que establecen siniestros viales: en la exposición de motivos de esta norma, se indica que para el cierre del año 2019 ascendía a 94,685 en todo el territorio nacional. Ahora bien: ¿la intervención penal significará la disminución de esta cifra? ¿O es que el problema tiene como punto de partida una mayor rigurosidad en el otorgamiento de licencias, así como en los controles de esta actividad por la autoridad de transportes?

Desde la perspectiva penal, esta situación generará problemas respecto al ne bis in ídem material, puesto que las conductas descritas en el nuevo tipo penal también contemplan sanciones en el ámbito administrativo. Nos encontraríamos así frente a un exceso punitivo, ya que se estaría sancionando un mismo hecho en dos ámbitos diferentes, pero con base en el mismo fundamento. Una muestra más de la hipertrofia del Derecho penal nacional.